ELESPECTADOR.COM, ECONOMÍA 28 NOV 2016
Para solucionar problemas estructurales del sistema impositivo y de las finanzas territoriales.
La reforma permitirá fortalecer la sostenibilidad de las finanzas de la Nación afectadas por el choque petrolero, destaca el informe.
Las propuestas que contiene la reforma tributaria son insuficientes para solucionar los problemas estructurales del sistema impositivo o de recaudación y de las finanzas territoriales, aunque fortalecerá la sostenibilidad de las finanzas de la Nación, dado que garantiza un recaudo que permite atender la caída de los ingresos, aseguró la Contraloría General de la República.
Un informe de la entidad de control consideró importante analizar la posibilidad de introducir tarifas tributarias diferenciales a nivel empresarial que avancen en progresividad. Esto mismo se podría aplicar para personas naturales a efecto de mejorar la distribución del ingreso después de impuestos. “Los objetivos de equidad, progresividad y simplicidad del sistema tributario son tangenciales en la reforma, la cual se concentra principalmente en el aspecto fiscal de corto plazo, como es el aumento de los ingresos tributarios”, aseguró la Contraloría General.
Insistió en que la integralidad de la política fiscal debe contemplar no solo el recaudo de ingresos, sino la equidad y la progresividad del sistema tributario y la calidad y priorización del gasto público en el país. Se mostró en desacuerdo con el impacto que según el Gobierno tendría la propuesta presentada al Congreso sobre el comportamiento de la economía en el corto plazo.
Señala el estudio que el Gobierno Nacional espera con la reforma tributaria un crecimiento económico superior al 3% del PIB para 2017 como resultado de los estímulos a la inversión; sin embargo, para el ente de control la dinámica esperada del PIB no podría obtenerse sólo de los cambios tributarios.
“Es necesario además procurar ajustes al sistema de producción nacional que permitan potencializar sectores como la industria, el comercio, el turismo y el agro, diversificando las fuentes del crecimiento, y teniendo en cuenta el nuevo escenario de la economía mundial en materia macroeconómica y socio-política”, resalta el informe.
La Contraloría reconoce que en el proyecto de reforma se presentan varias propuestas acertadas dirigidas a la lucha contra la evasión de impuestos, entre ellas la de aumentar las exigencias legales y el control para incluir las entidades sin ánimo de lucro en el Régimen Tributario Especial, aumentar la colaboración internacional y revelar de manera obligatoria estrategias de planeación tributaria. Por su novedad y trascendencia merece especial atención el componente penal que propone el proyecto de reforma tributaria cuando el contribuyente omite activos, presenta información inexacta en relación con éstos o declara pasivos inexistentes, sobre un umbral de $5.000 millones.
Esta medida parece adecuada en el caso de las empresas, ya que el valor del patrimonio medio para el decil más alto, donde se encuentran 37.012 entidades, es de $30.284 millones. No obstante, en el caso de las personas naturales es un umbral muy alto, ya que en el decil superior no hay contribuyentes que, en promedio, superen los $5.000 millones en patrimonio, y mucho menos que puedan omitir activos por ese valor, dice el informe de la entidad de control.
Un aspecto que impacta de manera importante a las finanzas públicas, según la Contraloría, es la erosión de la base gravable por efecto de las exenciones. De acuerdo a los más recientes análisis, el total de rentas exentas a las empresas llegaron en la vigencia anterior a los $12,6 billones y para personas naturales ascendieron a $34 billones, recursos que liquidados a la tarifa nominal producirían ingresos a la Nación cercanos a 1,8 puntos del PIB.
En aras de no reducir los recursos fiscales que el Gobierno Nacional percibe, la Contraloría considera que sería una gran oportunidad si en esta reforma el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, analizarán las exenciones y descuentos para evaluar las que podrían ser mantenidas y las que deben ser eliminadas, teniendo en cuenta los beneficios y costos de cada una de ellas.
“En el tema del IVA y el impuesto de consumo, adicional a los ajustes de la tarifa, es necesario fortalecer los mecanismos de la administración tributaria a efectos de desestimular el incumplimiento de las obligaciones del IVA, como también acrecentar los niveles de productividad del impuesto, que si bien presenta un nivel aceptable con los estándares internacionales, se ha reducido en los últimos años”, añade el análisis.
Para el organismo fiscalizador de las finanzas públicas, el proyecto de ley no recoge las principales propuestas de la Comisión de Expertos con referencia a los tributos regionales para fortalecer las finanzas públicas territoriales, por ello si no se aborda el tema durante este proceso, en el futuro el Congreso tendrá que ocuparse de esta materia.
Así por ejemplo, en el impuesto sobre vehículos automotores se tiene en cuenta la falta de mecanismos de control en el recaudo, pero no se siguió la recomendación de aplicarlo a las motos y atarlo con un criterio de protección ambiental, con tarifas diferenciales en concordancia con la emisión de gases.
El proyecto de ley tampoco incluyó las principales medidas propuestas por la Comisión de Expertos en materia del impuesto predial y de las modificaciones al régimen de regalías petroleras y mineras para las entidades municipales.
Sobre los nuevos impuestos, como el de las bebidas azucaradas, al carbono y el aumento de las tarifas al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, la Contraloría estimó que en general se presentan como tributos bien intencionados en cuanto a los hábitos de consumo y de un ambiente menos contaminado; y en términos de recursos permitirán obtener una fuente nueva de financiamiento.
Para la entidad de control de las finanzas públicas, con la reforma tributaria el Gobierno Nacional busca fortalecer la sostenibilidad de sus finanzas a través de un mayor recaudo tributario, ya que en los últimos años ha enfrentado la caída de sus ingresos, principalmente debido al impacto de la disminución de los precios de los hidrocarburos (cerca de $23 billones por renta petrolera) y la desaceleración de la economía.
Sumado a esto que hay impuestos próximos a expirar como el Gravamen a los Movimientos Financieros.
Esta situación se reflejó en el balance total del Gobierno Nacional Central (GNC), que pasó de un déficit de 2,2% en 2012 a 3,0% del PIB en 2015, tal como se analizó en el Informe de la Situación de las Finanzas del Estado 2015 elaborado por la Contraloría General.
Según cálculos del Gobierno, la reforma tributaria propuesta permitiría la consolidación fiscal en el mediano plazo, al llevar los ingresos del Gobierno Nacional Central de 15,7% del PIB en 2017 a 16,8% en 2022. Es decir, de mantenerse el nivel actual del gasto público, se cumpliría una tendencia de déficit fiscal acorde con la regla fiscal y se estabilizaría la deuda sin afectar la calificación del grado de inversión, señala el informe de prensa de la Cotraloría.
Reflexiones al tema pensional
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