LA CRONICA DEL QUINDIO
Por desacato a una tutela interpuesta por un quindiano, fue sancionado con arresto de tres días y multa de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, el actual presidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina Santamaría.
El fallo surge después de siete meses de haber sido instaurado el recurso por parte del señor Gilberto Montalvo, quien solicitaba el reconocimiento de su pensión.
Según el demandante, este fungió como funcionario de la gobernación del Quindío hasta el año 2010, luego de acumular más de 1.400 semanas cotizadas. Para su infortunio, en septiembre de 2012 aún no había sido reconocido su derecho, razón por la cual decidió hacer uso de esta figura jurídica.
“Coincidencialmente para los días en que instauré la tutela, las pensiones del Instituto de Seguro Social, ISS, pasaron a manos de Colpensiones. Esto generó unos retrasos inmensos y represamiento de trámites que incluso ya estaban resueltos en el ISS”, señaló Montalvo.
Luego de interpuesta la acción, el Juzgado Primero Administrativo del Quindío ordenó a Colpensiones reconocer la pensión a la que tenía derecho el ciudadano, pero empezaron a pasar los días sin que la orden fuera acatada.
“Siete meses pasaron y yo perdí las esperanzas. Se supone que la tutela se interpone para que los derechos que son vulnerados a los colombianos sean restaurados de manera inmediata, pero esto no sucedió, razón por la que decidí enviar un oficio a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura, en la que me quejé por la inoperancia del juzgado y solicité frenar el trámite pues no estaba sirviendo de nada. Para mi sorpresa tan pronto envié el oficio, de inmediato fue notificada la sanción en contra del presidente de Colpensiones por desacato”, indicó el demandante.
Contra esta decisión no existe posibilidad de apelación, pero este caso no es el único de este tipo que se presenta en el país, razón por la que la directiva de Colpensiones, con apoyo del ministerio de Trabajo, le está pidiendo un salvavidas a la Corte Constitucional.
La entidad se declaró incapaz
Lo que solicitan desde la entidad, en cabeza del presidente Pedro Nel Ospina, es que se declare un ‘estado de cosas inconstitucional’. Se trata de reconocer una situación generalizada de violaciones de derechos fundamentales y que, de ser admitida, suspendería el cumplimiento de las tutelas e incidentes de desacato. Además, le daría un año a la entidad para ejecutar un plan de choque.
Y es que las tutelas ya tienen en aprietos a la entidad. Según información revelada a finales de febrero por el diario de circulación nacional El Tiempo, cerca de 800 mil trámites están represados, entre solicitudes de reconocimiento pensional, derechos de petición, correcciones laborales y más de 50 mil tutelas falladas en su contra, que se han traducido en varias órdenes de arresto para su presidente, Pedro Nel Ospina.
La situación es de tal dimensión que Colpensiones ha admitido que es incapaz de atender las peticiones en materia pensional que vienen rezagadas. Además reconocieron que se encuentran en aprietos para evacuar las 14 mil solicitudes que reciben cada mes.
En su petición a la Corte, Colpensiones culpa de esta situación a los problemas estructurales del Seguro, ente en liquidación que le trasladó dos millones de cotizantes, seis millones de afiliados y un millón de pensionados, cuyas mesadas valen 17 billones al año. Y se queja de que este no les cumplió con la entrega de datos.
Ante esta petición la Procuraduría General de la República reaccionó y envió solicitud para que no se le otorguen plazos a Colpensiones y responsabilizó a la entidad por el caos generado.
Para el ministerio público la ineficiencia de Colpensiones no se compadece con la inversión que ha recibido. Antes de su apertura, ya se le habían inyectado más de 167 mil millones de pesos y su presupuesto es de 337 mil millones al año.
Entre tanto la presidenta del Seguro, Silvia Ramírez, reconoció el problema y lo adjudicó al sistema de digitalización de expedientes y reveló que ella misma le pidió desde el año pasado a la Corte el salvavidas al que ahora acude Colpensiones.
Por su parte en el Congreso ya se estudia la posibilidad de llamar a un debate de control político al ministro de Trabajo, Rafael Pardo y al presidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina, con el objetivo de que tanto el gobierno Nacional como la entidad respondan por el caos generado.
Según el demandante, este fungió como funcionario de la gobernación del Quindío hasta el año 2010, luego de acumular más de 1.400 semanas cotizadas. Para su infortunio, en septiembre de 2012 aún no había sido reconocido su derecho, razón por la cual decidió hacer uso de esta figura jurídica.
“Coincidencialmente para los días en que instauré la tutela, las pensiones del Instituto de Seguro Social, ISS, pasaron a manos de Colpensiones. Esto generó unos retrasos inmensos y represamiento de trámites que incluso ya estaban resueltos en el ISS”, señaló Montalvo.
Luego de interpuesta la acción, el Juzgado Primero Administrativo del Quindío ordenó a Colpensiones reconocer la pensión a la que tenía derecho el ciudadano, pero empezaron a pasar los días sin que la orden fuera acatada.
“Siete meses pasaron y yo perdí las esperanzas. Se supone que la tutela se interpone para que los derechos que son vulnerados a los colombianos sean restaurados de manera inmediata, pero esto no sucedió, razón por la que decidí enviar un oficio a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura, en la que me quejé por la inoperancia del juzgado y solicité frenar el trámite pues no estaba sirviendo de nada. Para mi sorpresa tan pronto envié el oficio, de inmediato fue notificada la sanción en contra del presidente de Colpensiones por desacato”, indicó el demandante.
Contra esta decisión no existe posibilidad de apelación, pero este caso no es el único de este tipo que se presenta en el país, razón por la que la directiva de Colpensiones, con apoyo del ministerio de Trabajo, le está pidiendo un salvavidas a la Corte Constitucional.
La entidad se declaró incapaz
Lo que solicitan desde la entidad, en cabeza del presidente Pedro Nel Ospina, es que se declare un ‘estado de cosas inconstitucional’. Se trata de reconocer una situación generalizada de violaciones de derechos fundamentales y que, de ser admitida, suspendería el cumplimiento de las tutelas e incidentes de desacato. Además, le daría un año a la entidad para ejecutar un plan de choque.
Y es que las tutelas ya tienen en aprietos a la entidad. Según información revelada a finales de febrero por el diario de circulación nacional El Tiempo, cerca de 800 mil trámites están represados, entre solicitudes de reconocimiento pensional, derechos de petición, correcciones laborales y más de 50 mil tutelas falladas en su contra, que se han traducido en varias órdenes de arresto para su presidente, Pedro Nel Ospina.
La situación es de tal dimensión que Colpensiones ha admitido que es incapaz de atender las peticiones en materia pensional que vienen rezagadas. Además reconocieron que se encuentran en aprietos para evacuar las 14 mil solicitudes que reciben cada mes.
En su petición a la Corte, Colpensiones culpa de esta situación a los problemas estructurales del Seguro, ente en liquidación que le trasladó dos millones de cotizantes, seis millones de afiliados y un millón de pensionados, cuyas mesadas valen 17 billones al año. Y se queja de que este no les cumplió con la entrega de datos.
Ante esta petición la Procuraduría General de la República reaccionó y envió solicitud para que no se le otorguen plazos a Colpensiones y responsabilizó a la entidad por el caos generado.
Para el ministerio público la ineficiencia de Colpensiones no se compadece con la inversión que ha recibido. Antes de su apertura, ya se le habían inyectado más de 167 mil millones de pesos y su presupuesto es de 337 mil millones al año.
Entre tanto la presidenta del Seguro, Silvia Ramírez, reconoció el problema y lo adjudicó al sistema de digitalización de expedientes y reveló que ella misma le pidió desde el año pasado a la Corte el salvavidas al que ahora acude Colpensiones.
Por su parte en el Congreso ya se estudia la posibilidad de llamar a un debate de control político al ministro de Trabajo, Rafael Pardo y al presidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina, con el objetivo de que tanto el gobierno Nacional como la entidad respondan por el caos generado.
Esto se vía venir. La improvisación con que siempre se acostumbra hacer estos cambios siempre causa caos y los paganinis son los afiliados, próximos a pensionarse. Una familiar lleva 8 mese esperando que le reconozcan su pensión y no ha sido posible. La llaman para que acuda a las instalaciones de Colpensiones para informar cadavez, que su pensión se demora un mes más de lo que le habían dicho. Gobierno pilas con este tema.
ResponderEliminar