elespectador.com, Por: Eduardo Sarmiento
La reforma pensional
de la Ley 100 constituye uno de los grandes fracasos de la historia del país.
Basada en la información de otros países, la
administración de César Gaviria estableció el sistema privado de pensiones y a
regañadientes accedió a mantener la modalidad de prima media del ISS.
Hasta ese momento operaba con el sistema público solidario de prima
media (pensiones se cubren con las cotizaciones de los afiliados). La relación
pensionados-cotizantes era de 1 a 9, el sistema no tenía mayor problema para
mantener mesadas correspondientes al 75% del ingreso promedio. El ISS, con
cotizaciones entre 7 y 10%, operó durante décadas con ingresos superiores a los
egresos.
La reforma se fundamentó en los estudios de Fedesarrollo y DNP. Decían
que la modalidad de capitalización estaba en capacidad de ofrecer beneficios
superiores al 75% del ingreso promedio del ISS (prima media). Se montó tamaña
propaganda invitando a la gente a pasarse a los fondos privados (AFP)
prometiendo mayores beneficios que en el sistema público. La apertura de los
fondos estuvo acompañada de una avalancha de afiliados alentados con falso
señuelo. Mostré que las AFP con el sistema de amortización empleado no
garantizaban pensiones de más de 25% del salario promedio.
El balance no podía ser más absurdo. El sistema público se quedó con los
pensionados y los afiliados se desplazaron a los fondos privados. A tiempo que
el ISS quedó desfinanciado porque subió la relación pensionados-cotizantes, las
AFP recibieron cuantiosos recursos, y como no tenían clientes, los movilizaron
al sector financiero. Los beneficios del sistema privado resultaron tres veces
menos que el público. Como en los últimos años aparecieron liquidaciones de los
primeros pensionados que lo confirmaron en carne propia, se desató un regreso
masivo a la prima media. De mantenerse la tendencia, el sistema público
terminaría recuperando a los afiliados y los fondos privados se extinguirían.
La reforma propuesta por el Gobierno consiste en pasar las cotizaciones
correspondientes al salario mínimo al ISS, extender un subsidio a los
cotizantes de los fondos privados y someter los ingresos por encima del salario
mínimo al régimen de capitalización. La mayoría de la población quedaría con
pensiones inferiores al 30% del ingreso promedio y traería consigo el
empobrecimiento de los grupos medios de mayor edad.
Lo grave es que no guarda relación con la realidad nacional. El país
está en la fase en que los cotizantes crecen por encima de los pensionados. La
relación pensionados-cotizantes es de 1 a 7, lo que permitiría operar con la
cotización actual de 13% y reconocer el 75% del salario promedio. En Europa es
de 1 a 3 y tiende de 1 a 2.
El Gobierno, en lugar de reconocer el fracaso del sistema de
privatización, profundizar sobre las causas y transformarlo a la luz de la
experiencia, enfila baterías para evitar el naufragio. La propuesta salva a las
AFP a cambio de minimizar la modalidad de prima media y reduce el subsidio del
presupuesto, pero no toca los grandes problemas, como las pensiones
privilegiadas sin fundamento financiero de los altos funcionarios del Gobierno,
las cortes y el Congreso, la baja cobertura y los escasos beneficios de las
AFP.
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