Los acuerdos de paz contienen beneficios tanto para las Farc, como para la sociedad. El reto de la política hacia delante es tramitar el desacuerdo en torno a los primeros, sin arriesgar los segundos.
No será tarea fácil porque ambos beneficios son parte “de un paquete”, pero la política, y posiblemente la campaña electoral, girarán sobre la premisa de que no lo son. Para ganar el plebiscito, el No tuvo que aceptar la bandera del Sí —la paz negociada—, pero introdujo un nuevo elemento —el mejor acuerdo— con lo que logró sacar la discusión de los terrenos de guerra o paz, a los del sometimiento de las Farc o entrega a éstas. Es decir, el presidente Santos logró imponer en la agenda pública la inevitabilidad de la paz negociada en reemplazo de la inevitabilidad de la victoria militar, la bandera de la paz en lugar de la de la guerra, pero el expresidente Uribe logró mantener la bandera del castigo a las Farc como condición para una paz legítima.
La lógica indica que ese empate político podría inclinarse a favor de la paz cuando esta empiece a mostrar frutos, y los colombianos reemplacen temores por certezas. Pero como demostró el cese al fuego unilateral, la ausencia de guerra tiende a calmar la sed de paz, mientras que las concesiones a las Farc tienden a mantener vivas, aún en la paz, las pasiones de la guerra. Y 2017 será un año dominado por la puja política en torno a la implementación de esas concesiones. Por eso, los beneficios de los acuerdos de paz para la sociedad pueden quedar expuestos a los intereses de la política electoral, si no se tiene tiempo suficiente para cimentarlos. Como dice el historiador francés Daniel Pecaut “el reto del Acuerdo es pensar a 20 años. Si Colombia se construye como Nación, es decir con sus versiones e intereses opuestos, sería una democracia y dejaría de ser «una nación a pesar de sí misma» como sostiene David Bushnell.”
Por eso sería deseable que antes de que entre en forma la campaña presidencial, los jefes políticos aceptaran que la legítima discusión sobre los beneficios de los acuerdos para las Farc, no debe comprometer los legítimos beneficios de éstos para la sociedad. Que no se aplicará a la paz la misma lógica que Donald Trump quiere usar frente a las medidas de apertura a Cuba, porque una cosa es borrar medidas ejecutivas en materia de turismo, y otra desenterrar una paz en construcción.
Respetar los beneficios de los acuerdos para la sociedad implicaría, por ejemplo, que si la Corte Constitucional no restituye el mecanismo de fast-track, los cambios que se introduzcan en el trámite legislativo respeten los acuerdos y solamente se acepten cuando los mejoren claramente y no pongan en riesgo el equilibrio integral que requieren. Y que si se busca recortar los beneficios para las Farc por vía de un referendo, se condicionen a la preservación de los beneficios del acuerdo para la sociedad, respetando la naturaleza bilateral de los acuerdos.
La paz puede llegar a ser la mayor conquista de la sociedad colombiana en las últimas dos décadas. Por eso merece un tratamiento responsable, sin el efecto depredador del populismo, para preservar sus logros de los intereses de los partidos políticos.
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