Este el
paquete de impuestos que el Senado y la Cámara tendrán que conciliar el
martes. Se mantendrá el IVA del 19 por ciento, pero hay problemas con la
cárcel para evasores.
Se sabe que nadie queda contento con una reforma tributaria, pues
directa o indirectamente toca a todo el mundo. Su trámite en el
Congreso siempre es complejo, porque cada parlamentario suele tener una
contrapropuesta para cada artículo que el gobierno propone.
Pues
bien, en la quinta reforma tributaria presentada por el gobierno de
Juan Manuel Santos, la situación fue aún más difícil. Primero por la
tardanza misma del gobierno para presentar el proyecto de ley, luego
porque la Casa de Nariño no quería mezclar impuestos con plebiscito y
después porque llegó el fast track.
El
camino no solo fue difícil en el Congreso, por la estrechez del tiempo
para su trámite, sino por la férrea oposición de muchos sectores, entre
ellos los empresarios y dirigentes gremiales, que cuestionaron muchos
puntos de la reforma. Paradójicamente, desde un principio todos
aceptaron que era necesaria, entre otras razones para calmar a las
agencias calificadoras que amenazaban con bajar la nota de la deuda
soberana, si la reforma no era aprobada antes del cierre de 2016.
El
gobierno esperaba una reforma más robusta en cuanto al recaudo, pero la
propuesta que se aprobó garantiza recursos por 6,1 billones de pesos el
próximo año; 6,8 billones en 2018; 12 billones en 2019; 15,7 billones
en 2020; 19,6 billones en 2021 y 24 billones en 2022. El ministro
Cárdenas dijo que este monto salva la política social. La batalla no fue
fácil, pues entre la primera propuesta del gobierno y la que se sometió
a las plenarias hay una diferencia de 16 billones de pesos, cuando se
calcula el recaudo en un horizonte de seis años.
Con
la nueva normatividad tributaria (que se aprobaba el jueves), se
corrigen muchos defectos de las reformas de 2012 y 2014, que les
complicó la vida a muchos contribuyentes personas naturales y jurídicas
como el Iman y el Imas para los asalariados, y los tres tributos: renta,
Cree y sobretasa para las empresas.
Hasta
última hora, los parlamentarios discutieron más de 300 artículos de la
reforma, lo que tenía a todos haciendo cuentas sobre su impacto. Lo
grueso de ella, que fue aprobada en la plenaria de la Cámara y discutía
el Senado, se resume así:
1
La tarifa de renta para las sociedades pasa al 33 por ciento, a partir
del año gravable 2018. Para 2017 la tarifa es del 34 por ciento. La
sobretasa de renta que pagan las empresas con utilidades de más de 800
millones de pesos será del 6 por ciento para 2017 y del 4 por ciento
para 2018, para desaparecer en 2019.
Los
parlamentarios aceptaron que la tarifa de renta para los usuarios de
zona franca fuera del 20 por ciento.
También acogieron una tarifa de
renta especial del 9 por ciento para ciertas empresas. Por ejemplo, los
servicios prestados en nuevos hoteles construidos en municipios de hasta
200.000 habitantes tendrán esta tarifa. Este beneficio se mantendrá por
20 años y cubre a los establecimientos construidos en los próximos 10
años.
En
renta se fijaron descuentos especiales para las inversiones en control,
conservación y mejoramiento del medioambiente. También para inversiones
en investigación, desarrollo tecnológico o innovación.
Senado
y Cámara estuvieron de acuerdo en gravar los dividendos en cabeza del
accionista, no de la sociedad. La tarifa será del 10 por ciento para
montos superiores a 29,7 millones de pesos al año. Habrá una tarifa del 5
por ciento para dividendos en el caso de sociedades extranjeras.
2
La columna vertebral de esta reforma tributaria fue, desde un
principio, el aumento de la tarifa general del IVA al 19 por ciento.
Para conseguir la aprobación del Congreso, el gobierno aceptó que un
punto se destine así: la mitad a salud y la otra mitad a educación. El
40 por ciento de este recaudo se destinará para financiar la educación
superior pública. Quedó claro que siguen sin IVA los alimentos que hacen
parte de la canasta familiar.
3
El inamovible de los parlamentarios siempre fue no tocar a los
asalariados. La idea es que mantengan una renta exenta del 25 por ciento
del ingreso y puedan descontar un 15 por ciento adicional en distintos
beneficios (como dependientes, medicina prepagada, depósitos en cuentas
AFC, entre otros). Es decir, un 40 por ciento. En materia de impuestos
para los asalariados no se amplió la base de contribuyentes y
declarantes. Se dejó el actual nivel a partir del cual se declara renta.
4
Sobre el monotributo, aunque hubo discusión al comienzo, al final a los
parlamentarios les gustó. Este es un tributo opcional para los pequeños
comerciantes con ingresos brutos entre 42 y 104 millones de pesos, que
desarrollen su actividad económica en un local con un área igual o
inferior a 50 metros cuadrados. En el valor anual a pagar está incluido
el impuesto y la contribución a los BEPS (beneficios económicos
periódicos).
5 Otro eje
del proyecto fueron las medidas y cláusulas para evitar el abuso del
régimen tributario especial. De acuerdo con lo aprobado en las
plenarias, la Dian fiscalizará las entidades sin ánimo de lucro y
aquellas que soliciten su calificación en el Régimen Tributario
Especial. La entidad deberá incluir, dentro de su plan anual de
fiscalización, un programa de control a las entidades sin ánimo de
lucro.
Pero sin duda alguna, uno de los
temas más álgidos a lo largo de este proyecto fue la propuesta de
penalizar la evasión en renta a partir de 5.000 millones de pesos.
Después de las objeciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez,
finalmente con el aval del gobierno se corrigió la redacción del
artículo y se bajó a 170 millones de pesos el monto a partir del cual se
castiga con cárcel la evasión en renta. Los parlamentarios de la Cámara
acogieron favorablemente esta propuesta que resultó mucho más severa
que la inicial. La evasión de IVA también se castigará con cárcel entre 4
y 9 años. Al cierre de esta revista, el Senado no había abordado esta
propuesta.
6 Otro tema
novedoso propuesto por el gobierno y acogido por el Congreso fue el
impuesto verde (a las emisiones de carbono). Este gravamen recae sobre
el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo
los derivados de petróleo y los tipos de gas fósil usados con fines
energéticos, siempre que lo sean para combustión. Se decidió gravar la
venta de gas licuado de petróleo efectuada a usuarios industriales. De
igual modo, en la venta del gas natural, el impuesto solamente se
causará en el caso de la industria de refinación de hidrocarburos y la
petroquímica. El impuesto al carbono tendrá una tarifa específica
considerando el factor de emisión de dióxido de carbono (CO2) para cada
combustible determinado.
En esta línea
ambiental, se gravarán las bolsas plásticas para cargar o llevar
productos adquiridos en los establecimientos de comercio para así
desestimular esta práctica y generar beneficios para el medioambiente.
Reflexiones al tema pensional
http://jujogol.blogspot.com.
http://jujogol.blogspot.com.
SI EN EL CONGRESO Y EN COLOMBIA DIERAN INSTRUCCIONES O CAPACITACIONES CONSTANTES Y ABIERTAS DE LO QUE ES Y DEBE SER EL MANEJO DE LA HACIENDA PUBLICA, COLOMBIA HOYT SERIA DIFERENTE, PERO NO LO ES, PUESTO QUE A ELLOS, CONGRESO, GOBIERNOS, ALTAS CORTES, PRIVILEGIADOS,..NO LES INTERESA, PORQUE SABEN QUE SE DESTAPARAN SUS PRIVIULEGIOS, QUE ES LO QUE ELLOS DISFRUTAN POR LA IGNORANCIA DEL PUEBLO COLOMBIANO....
ResponderEliminarDURO NO ES COLOMBIA YA ESTA LEVANTANDO CABEZA DE TANTO ABUSO DE POCOS.. http://jujogol.blogspot.com/2016/12/reforma-tributaria-un-hueso-duro-de-roer.html?spref=tw
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