El aumento del IVA tendrá un impacto del 1,8 % en la canasta familiar durante 2017, algo que deberá ser considerado por los negociadores del salario mínimo.
Como los salarios constituyen la base de todos los costos de la economía, este incremento hará más difícil que el Banco de la República obtenga su meta de inflación de 3 % anual hacia futuro, lo cual afecta la capacidad adquisitiva de todos y desmejora la competitividad de la economía.
La reducción de los impuestos a las empresas, castigadas por las malas reformas de 2012 y 2014, ha sido asumida por el IVA adicional, o sea por todos los consumidores. No obstante, estas reformas tuvieron su lado positivo: eliminaron los impuestos a la nómina que eran nocivos para el empleo y contribuían a la informalidad. Esta es una posible causa para que el desempleo y el sector informal se hayan reducido de manera estructural en los últimos años, aunque de manera insuficiente si se nos compara con los promedios latinoamericanos.
Lo ideal hubiera sido remplazar tanto los tributos a la nómina como los excesivos contra las empresas por una imposición fuerte sobre los propietarios de la riqueza mueble e inmueble, bien fuera castigando los dividendos con tarifas progresivas o manteniendo el impuesto a la riqueza también sobre las personas naturales. El impuesto a los dividendos que quedó conciliado por ambas cámaras es muy bajo. Para ponerlo en perspectiva, un profesional de clase media se le retiene un 23 % de su salario mensual, pero el dueño de un grupo financiero debe pagar sólo el 10 % de los dividendos que reciba; si la persona obtiene los dividendos a través de una Sociedad Anónima Simplificada o por una empresa en zona franca no son cobrados; además, estas se pueden inventar gastos de representación y otros que las dejan sin pagar ningún impuesto, todo gracias a la astucia de las administraciones Uribe.
Los impuestos verdes a la gasolina y al diésel se mantuvieron, pero los que desincentivaban el consumo de bebidas azucaradas fueron derrotados por el cartel de los ingenios azucareros y de los fabricantes de gaseosas. La cuarta causa de muerte prematura en Colombia es la diabetes, mientras que la mitad de la población tiene sobrepeso o es obesa. Los cambios en nuestros modos de vida han conducido a una ingesta excesiva de calorías y carbohidratos baratos y de poca proteína cara; el sedentarismo asociado con el trabajo en los servicios o la mecanización de las fábricas y de los modos de transporte conduce a que las calorías no se quemen y se depositen como tejido adiposo en el organismo, produciendo descompensaciones crecientes que culminan en enfermedades endémicas de alto costo para los afectados y para el erario público.
Una dieta saludable es parte de la solución, pero la industria afectada no la permite y atenta de esta manera contra la salud pública. El impuesto hubiera reducido en algo los consumos nocivos; más importante quizá, hubiera generado un debate público contribuyendo a que nos cuidáramos mejor y a que el sistema público de salud ahorrara los altos costos asociados a estos desbalances.
La cárcel para los evasores que fue aprobada puede ser otro saludo a la bandera, mientras que la Dian o la Fiscalía no cuenten con capacidad de investigar y procesar a los grandes evasores que cuentan con el poder político para defenderse. Aún si terminan condenados disfrutarán de confinamiento relativo en sus casas o en celdas VIP.
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