Por: REDACCIÓN JUSTICIA |
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Conjueces del Consejo de Estado tumbaron decreto que disminuía en 10 por ciento una bonificación.
Una decisión de una sala de conjueces del Consejo de Estadorevivió para la Nación una 'culebra' que ya va en 1,3 billones de pesos por concepto de bonificaciones para magistrados de tribunales y procuradores y fiscales delegados.
Ese es el dinero que tendrá que pagar el Gobierno tras caerse el decreto 4040 del 2004, con el que el gobierno del presidente Álvaro Uribepretendió ponerles freno a demandas que venían desde 1998 y que en ese momento bordeaban los 500 mil millones de pesos.
El decreto original, firmado por el expresidente Ernesto Samperen medio de un paro judicial, dio a esos altos funcionarios de la Rama una bonificación mensual del 80 por ciento sobre el sueldo que recibían, para empezar a nivelar sus salarios con los de los magistrados de las altas cortes.
El decreto que se cayó bajaba la bonificación del 80 al 70 por ciento. Fue producto de una conciliación entre el Gobierno y los funcionarios que venían demandando al Estado por el incumplimiento de los pagos acordados con el gobierno Samper. (Lea también: Fallo de Judicatura frenó cientos de investigaciones: Contralora)
Los conjueces de la Sala Segunda del Consejo de Estado consideraron que ese arreglo era discriminatorio y que por lo tanto quedaba vigente la norma anterior. Es decir, la prima del 80 por ciento.
"Se afectó el derecho a la igualdad entre funcionarios del mismo nivel o rango sin justificación alguna y (se) dejó de lado la protección que el Estado debe brindarles a los trabajadores", dice el fallo, que fue en contra de la posición expresada por la Procuraduría y el Gobierno frente a la demanda.
El impacto de la determinación, que ya quedó en firme, es grande porque los beneficiados pueden aplicar el reajuste para pago de pensiones y recobran el derecho a demandar por las deudas anteriores al 2004.
Según cálculos del Ministerio de Hacienda, esos pagos en total le costarán a la Nación 1,3 billones de pesos en los próximos años.
Aunque el fallo tiene fecha del 14 de diciembre del 2011, entró en vigencia hasta hace 20 días después de haber sido notificada a las partes.
En su momento, los jueces y empleados de la Rama Judicial protestaron contra el decreto, pues sus beneficios solo cobijaron a la parte más alta de la Rama Judicial (excepto magistrados titulares de las altas cortes).
Esa situación provocó hace dos años uno de los paros judiciales más críticos que ha tenido el país. Más de 40 mil servidores de la Justicia que hacían parte de Asonal Judicial se declararon en cese de actividades durante más de un mes exigiendo una nivelación salarial similar a la otorgada a los magistrados.
Beneficios pensionales
Ese es el dinero que tendrá que pagar el Gobierno tras caerse el decreto 4040 del 2004, con el que el gobierno del presidente Álvaro Uribepretendió ponerles freno a demandas que venían desde 1998 y que en ese momento bordeaban los 500 mil millones de pesos.
El decreto original, firmado por el expresidente Ernesto Samperen medio de un paro judicial, dio a esos altos funcionarios de la Rama una bonificación mensual del 80 por ciento sobre el sueldo que recibían, para empezar a nivelar sus salarios con los de los magistrados de las altas cortes.
El decreto que se cayó bajaba la bonificación del 80 al 70 por ciento. Fue producto de una conciliación entre el Gobierno y los funcionarios que venían demandando al Estado por el incumplimiento de los pagos acordados con el gobierno Samper. (Lea también: Fallo de Judicatura frenó cientos de investigaciones: Contralora)
Los conjueces de la Sala Segunda del Consejo de Estado consideraron que ese arreglo era discriminatorio y que por lo tanto quedaba vigente la norma anterior. Es decir, la prima del 80 por ciento.
"Se afectó el derecho a la igualdad entre funcionarios del mismo nivel o rango sin justificación alguna y (se) dejó de lado la protección que el Estado debe brindarles a los trabajadores", dice el fallo, que fue en contra de la posición expresada por la Procuraduría y el Gobierno frente a la demanda.
El impacto de la determinación, que ya quedó en firme, es grande porque los beneficiados pueden aplicar el reajuste para pago de pensiones y recobran el derecho a demandar por las deudas anteriores al 2004.
Según cálculos del Ministerio de Hacienda, esos pagos en total le costarán a la Nación 1,3 billones de pesos en los próximos años.
Aunque el fallo tiene fecha del 14 de diciembre del 2011, entró en vigencia hasta hace 20 días después de haber sido notificada a las partes.
En su momento, los jueces y empleados de la Rama Judicial protestaron contra el decreto, pues sus beneficios solo cobijaron a la parte más alta de la Rama Judicial (excepto magistrados titulares de las altas cortes).
Esa situación provocó hace dos años uno de los paros judiciales más críticos que ha tenido el país. Más de 40 mil servidores de la Justicia que hacían parte de Asonal Judicial se declararon en cese de actividades durante más de un mes exigiendo una nivelación salarial similar a la otorgada a los magistrados.
Beneficios pensionales
El mayor impacto de la caída del decreto del 2004 se verá en el sistema general de pensiones. Automáticamente, los funcionarios beneficiados tienen un reajuste en su sueldo, y en la Rama Judicial existe la posibilidad de jubilarse con el mejor salario del último año, sin importar el monto de los aportes.
REDACCIÓN JUSTICIA
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