El Espectador.com, Héctor Sandoval Duarte
Después de años de intentos, el Gobierno abrió las
puertas para que los fondos de pensiones y cesantías del país inviertan hasta
en un 80% de las nuevas carreteras. La Agencia Nacional
de Infraestructura tiene planeado invertir el 3% del PIB en construcción de
infraestructura.
Para poner a tono la infraestructura del país de cara a los tratados de
libre comercio y dar lugar a que los fondos de pensiones y cesantías (AFP)
inviertan en la construcción de vías, ferrocarriles y puertos, la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI) ha planeado una estrategia: destinar el 3%
del Producto Interno Bruto (PIB) del país para lograrlo. El primer paso es
asignar recursos por $8 billones en 2012.
Desde hace varios años, los fondos de pensiones y cesantías del país han
considerado viable invertir los recursos de sus afiliados en la financiación de
infraestructura y, según datos de Asofondos, tienen disponibles $26 billones
para este fin. Ante el interés de las AFP, el Gobierno alista un sistema de
bonos estandarizados que les permitan invertir.
Luis Fernando Andrade, director de la ANI, reveló durante el V Congreso
de Asofondos que, de la mano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se
busca poner en marcha un instrumento para financiar la infraestructura:
“Creemos que sería posible que los fondos financiaran hasta el 80% de las
nuevas carreteras. Serían emisiones de bonos por parte de las concesiones”.
Así las cosas, en 2013 y 2014 comenzará a funcionar el nuevo modelo,
según estimaciones de la ANI. “Queremos que los bonos estandarizados cubran las
necesidades de los fondos de pensiones, y al ser atractivos, todos van a querer
emitirlos”, explicó Andrade, quien recordó que en los próximos dos años se va a
adjudicar infraestructura por una cifra cercana a los $40 billones, casi el
doble de lo que se logró en los últimos 25 años.
El objetivo de la ANI es que una concesión sea dividida en tramos y por
cada uno de ellos se emita un bono. Según Andrade, el nuevo sistema de bonos
estará listo en los próximos meses y cubrirá las Autopistas de la Prosperidad
(llamadas anteriormente Autopistas de la Montaña), las vías Bogotá-Buenaventura
y Bogotá-Cúcuta y las carreteras de la Costa Caribe. En total, 6.000 kilómetros
de malla vial.
A diferencia de lo que se ha hecho en las últimas décadas, la ANI quiere
que al concesionario se le pague cuando cumpla del todo con el tramo pactado de
una obra determinada. “Si no está listo, no se paga. Una vez comience a
funcionar una obra, comenzamos a pagar vigencias futuras y demás”, afirmó
Andrade.
Mauricio Toro Bridge, presidente del consejo directivo de Asofondos y de
Protección AFP, dijo que los fondos de pensiones quieren comenzar a evaluar las
oportunidades para financiar obras viales, férreas y portuarias. “Esto debe ser
un trabajo conjunto. En Colombia se puede invertir en infraestructura y la idea
es que haya parámetros de riesgo y de retorno para los afiliados a las AFP”.
Agregó que para que se puedan emitir los bonos, en Colombia existe el
marco normativo que debe ir acompañado de institucionalidad alrededor de las
concesiones y de un estricto cumplimiento de contratos.
Ante la intención del Gobierno, el expresidente César Gaviria Trujillo
opinó que el país necesita doblar su capacidad en materia de infraestructura
vial y consideró que la participación de las AFP es una buena herramienta. “Hoy
hay recursos abundantes y la ANI le puso atención a la parte fiscal, que está
mejorando a mucha velocidad”, dijo el exmandatario. Mientras tanto, el
presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de
Pensiones (Fiap), Guillermo Arthur, recalcó que aún hay mucho espacio para
invertir en infraestructura y reveló que en los últimos años las AFP han
financiado obras por US$60.000 millones en Latinoamérica.
Extraordinariamente interesante la decisión tomada
ResponderEliminarsiempre y cuando ella conlleve la implementación de normas claras que garantice a los afiliados mejores tazas de rendimiento y NO sólo el cargo de los riesgos implicitos ,en procura de mejorar las pensiones actuales y las expectativas futuras de pensiónes dignas.