A donde debe ser

Por: Elespectador.com

Una verdadera batalla jurídica y política se ha gestado en el país alrededor del caso del denominado "carrusel pensional", vivido presuntamente dentro del Consejo Superior de la Judicatura.

Es una cuestión que, de ser comprobada, sería muy grave: el reajuste injustificado de las pensiones de algunos funcionarios de la Rama Judicial, que llegan a sumar la nada despreciable cifra de 13 mil millones de pesos. No sólo una burla al Estado de Derecho, sino un insulto a la situación que vive Colombia, el segundo país más desigual del hemisferio. Hasta en los rincones más insospechados se oyen las quejas de ciudadanos corrientes que no tienen pensión y que se sienten indignados con esta situación particular.

Estamos todos, pues, a la espera de que se llegue hasta el fondo del asunto y se reivindique una situación justa, que sea compatible con un régimen pensional legal. Hace poco, sin embargo, un grupo de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura decidió que los procesos adelantados por la Contraloría, en cabeza de Sandra Morelli, iban a ser trasladados al despacho de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por tratarse de aforados. La contralora Morelli ha sido una funcionaria cuestionada por muchos frentes —algunos incluso llegan a decir que no ha investigado en ciertos lugares que lo merecen—, pero que ha dado algunas batallas que han merecido, también, cierto reconocimiento. Sospechoso, a juicio de muchos, que fuera el mismo órgano investigado el que profiriera la decisión.

En su momento nos pareció prudente no cuestionar esta decisión por tratarse de un fallo judicial. Sin embargo, sí dijimos que la Comisión de Acusación de la Cámara es un organismo que se ha destacado por no tener efectividad alguna a la hora de juzgar funcionarios. La historia los precede. Como corolario al debate actual, esta es una oportunidad para darle un nuevo enfoque a este órgano conformado por congresistas y que el país siente que debería ser reformado de alguna forma.

Ahora, el Consejo de Estado ha decidido que los casos de supuesta corrupción en el otorgamiento de pensiones no merecidas debían ser devueltos a su seno natural: la Contraloría General de la República, por tratarse éstos de asuntos fiscales y manejo del presupuesto. Nada fuera de lo común. La Constitución lo manda. Es una facultad de la Contraloría investigar a cualquier funcionario público por los manejos del presupuesto del Estado.

Enhorabuena este último fallo. El precedente contrario era nefasto, ya que muchos funcionarios podrían cobijarse bajo él para dar a parar a la Comisión de Acusación y obtener, lamentable decirlo, un fallo favorable. Una decisión judicial tiene dos efectos, lo hemos dicho: el primero es elaborar una cosa juzgada entre las partes y el segundo es sentar un precedente político, dependiendo de la magnitud de los hechos. Ese fallo, ahora revocado, podría provocar que todos los funcionarios se sintieran en la libertad de huirle a la Contraloría, tal y como lo mencionó en su momento la propia Sandra Morelli.

Para el Consejo de Estado, que se demoró un poco, a pesar de esto, un aplauso. Ahora falta que los representantes de la Comisión acaten el fallo de una forma razonable y rápida para que este escándalo, que con el correr de los días se hace más grande, llegue a una verdad, se devuelva a la Contraloría General de la República y se pueda absolver o condenar a los implicados en él.

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