En olor de impunidad

Por: María Elvira Samper

De sui géneris calificó la contralora Sandra Morelli la decisión de la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura que le quitó de las manos la investigación de los magistrados comprometidos en el carrusel de las pensiones, y ordenó su traslado a la Comisión de Acusaciones.

Sui géneris es sólo una calificación prudente, porque la determinación de los conjueces designados por los investigados que debieron declararse impedidos y no lo hicieron, es francamente una aberración. Todos tapándose con la misma cobija, autoprotegiéndose, defendiendo privilegios, blindándose…

Esperar algo de la Comisión de Acusaciones, que abrió ya proceso formal contra los magistrados, es como pedir peras al olmo. Su largo historial registra sólo una acusación (contra el general Rojas Pinilla, a finales de los años 50) y numerosos procesos que duermen apolillados en los anaqueles. Entre ellos hay cerca de 170 contra el Consejo de la Judicatura y varios magistrados, la mayoría en etapa preliminar. Para rematar, buena parte de los miembros de la Comisión no sólo tienen poca o ninguna experiencia jurídica sino que carecen de los conocimientos técnicos especializados que requiere una investigación de carácter fiscal, y además la decisión de los conjueces deja a los investigados libres de polvo y paja con el argumento de que como no hacen gestión fiscal mal pueden atribuírseles responsabilidades de esa índole. Mejor dicho, apagá y vámonos, y que viva la impunidad, salvo que el Consejo de Estado diga otra cosa y reconozca la competencia de la Contraloría para que ésta retome la investigación.

Y si de impunidad hablamos, en el Congreso hay indicios que apuntan en esa dirección. Los congresistas buscan blindarse frente a investigaciones del Consejo de Estado con talanqueras que hacen más difícil la pérdida de investidura, y frente a la Corte Suprema de Justicia mediante un artículo que establece que los funcionarios con fuero sólo podrán ser capturados cuando sean sorprendidos en flagrancia o exista en su contra una sentencia de primera instancia. Los congresistas están litigando en causa propia, pero el conflicto de intereses no funciona para este caso, pues ellos mismos se encargaron de remover el obstáculo mediante el acto legislativo 01 de 2011, según el cual el conflicto de intereses no aplica para debates y proyectos de actos legislativos.

Huele muy mal que congresistas y magistrados quieran convertir el fuero constitucional en una apuesta por la impunidad, en patente de corso para el tráfico de influencias y la defensa de privilegios, para transitar en los márgenes o atropellar la ley con interpretaciones amañadas, para evadir responsabilidades, para hacerse intocables para la justicia. Y también huelen mal y dejan sensación de impunidad decisiones de la Fiscalía como la reciente condena al contratista Julio Gómez, reducida de 10 años a sólo 5 de cárcel y a una irrisoria multa de 68 millones de pesos, gracias a un acuerdo para colaborar en la investigación del carrusel de la contratación en Bogotá.

La justicia negociada que supone el sistema penal acusatorio en aras de agilizar, hacer más eficiente y descongestionar la administración de justicia, termina siendo una forma de impunidad, pues sacrifica el interés social de castigar a cada delincuente con la pena justa. Y es también impunidad la que se origina en la mala gestión judicial que deriva en la prescripción o nulidad de los procesos, como podría ser, entre muchos otros, el caso del exministro Diego Palacio, vinculado al escándalo de la ‘yidispolítica’, que ad portas de prescribir enfrenta una demanda de nulidad.

Vivimos en olor de impunidad y en medio de la fetidez, el ciudadano del común espera que la justicia responda a sus necesidades y demandas, tal vez sin entender que las dificultades para acceder a la justicia son otra cara de la impunidad.

•