Jaime Tobon Villegas, 1 de Febrero de 2012, Periódico El Mundo
Por enésima vez se discute públicamente el sistema pensional del país y se anuncia que el Gobierno llevará al parlamento un proyecto en tal sentido.
Por enésima vez se discute públicamente el sistema pensional del país y se anuncia que el Gobierno llevará al parlamento un proyecto en tal sentido. Desde que se organizó esta extraordinaria prestación social, el Estado dejó de pagar la cuota tripartita: el Estado, los patrones y los trabajadores, y nunca pagó. Si hubiera cumplido con un billón anual otra sería la suerte del Seguro Social.
Pues bien. Hoy estamos con límites de jubilación de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres y se proyecta subir a 57 y 62, teniendo en cuenta la esperanza de vida que está entre 78 y 79 años. La mano abierta de las jubilaciones dio al traste con las economías de Europa y puso en aprietos la Americana. Hoy se asignan en el proyecto Nacional de presupuesto 24.6 billones de pesos para pagar a los jubilados, es decir se requiere un 15% del presupuesto aforado en 163 billones para el 2012; y el pasivo oficial por este concepto se arrima al 165% del PIB.
Además quedan por fuera de esta prestación entre 9 y 10 millones de trabajadores informales, que están marcando el 50% de la ocupación total entre 19 y 20 millones de colombianos. Pero lo más grave son los zarpazos que a diario entre jueces y magistrados alegres y los colectivos de abogados que recogen, no ingenuos sino idiotas útiles para demandar con argumentos sin peso, pero posiblemente con muchos por dentro, para obtener las ventajas que denuncia El Tiempo, en sus comentarios del 8 de enero, como la monstruosidad jurídica para el beneficio a 14 trabajadores (allí figuran ministros, magistrados, altos empleados etc.). Ya en comentario anterior habíamos denunciado este absurdo jurídico o por lo menos inmoral, cuando 14 sujetos dan poder y obtienen indemnizaciones escandalosas de 2.674 millones de pesos para Gabriel Rosas Vega; 1.267 para Rafael Cristo; 1.141 para Flaminio Malaver; 1.106 para Héctor Julio Becerra; 645 para Ernesto León; 645 para Ernesto Luciana Quevedo; y sus jubilaciones pasan de 7 millones a 27 millones y de 4 a 29.3, la más alta. ¿Con qué cara pueden presentarse en público estos defraudadores del Estado y sus diligentes abogados? La función del colectivo es crear los hechos para poder demandar después al Estado en su beneficio personal.
Como todavía no se han reglamentado los derechos colectivos que priman sobre los individuales y económicos y se permite el saqueo al Fisco Nacional – El artículo 48 de C.N, y el acto legislativo Nº 1 del 2005 – sugerimos entonces que se modifique el artículo primero del acto legislativo Nº 1 y señale en $7.500.000 la pensión máxima de jubilación, cifra que representa la “congrua-subsistencia” para una unidad familiar entre 5 y 7 individuos.
Ante el panorama oscuro de esta prestación, pensamos que para el año 2020, no alcanzarán a pagarse ni las actuales ni las venideras jubilaciones. Por tanto sugerimos estudiar una fórmula impositiva a las pensiones que excedan de $7.500.000, así, de 7.501.000 a 10 millones el 10%; de 10.100.000 a 12.500.000 el 20%; de 12.501.000 a 15.000.000 el 30%; y de 15 millones en adelante el 50%. Vale un ejemplo: un parlamentario o magistrado con $18.000.000 de jubilación pagaría sobre $10.500.000, $5.250.000, y así para cualquier porcentaje, y recibiría $12.750.000, más que suficiente para cualquier parroquiano jubilado.
Con este Fondo se crearía un Fondo Rotatorio que permitiera el pago, por ejemplo, de los informales, con pensiones mínimas de $250.000 a $500.000. ¿Este sistema que nos permitimos insinuar, no será más justo y equitativo que seguir permitiendo a los defraudadores del Fisco acabar con el sistema? Tengo la esperanza, con esta propuesta, provocar un movimiento nacional y evitar el abuso de 9 o 10 mil jubilados con más de $10.000.000, más todo lo que tenga en mente el famoso Colectivo de Abogados, para crear una conciencia de justicia a cargo del Gobierno Nacional y del Congreso colombiano. Por tanto, es urgente y necesario modificar toda la legislación pensionaria para poner una talanquera jurídica a todos los defraudadores del sistema.
En esta propuesta se pueden incluir los fondos privados, quienes podrían aportar un 5 por ciento de sus utilidades. Para el caso del presente año por ej., ello representaría un aporte de 450 mil millones para dicho fondo de solidaridad, y eso que no fué un buen año desde el punto de vista de rendimientos financieros.La incidencia para los pensionados sería mínima ya que su participación en estas utilidades escasamente llega al 70 por ciento.
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