Portafolio.co, febrero 21 de 2012
La reforma pensional no puede verse sólo como una solución a un problema fiscal que se resuelve aumentado la edad de jubilación.
La discusión sobre el sistema de pensiones se ha concentrado alrededor del aumento de la edad de jubilación. Por supuesto, que para cualquier persona es importante saber si debe esperar uno o dos años más para empezar a recibir su pensión, pero ni este es el problema más serio del sistema de protección a la vejez en Colombia, ni la solución a todos sus males.
Lo más grave de las pensiones en nuestro país es que hoy la gran mayoría de las personas mayores de 60 años no tienen pensión, y que gran parte de los menores de 60 tampoco van a tenerla en el futuro. Es el resultado del fracaso del propósito de la Ley 100 de ampliar la cobertura pensional.
Hoy son 4.7 millones los colombianos de la tercera edad, pero de estos, según la cifras oficiales,sólo 1 millón reciben mesadas pensionales, es decir, que más del 75% carece de un ingreso seguro para los años finales de su vida. Si además recordamos que más de la mitad de los adultos mayores de 60 años están por debajo de la línea de pobreza, tenemos un panorama desolador de vejez condenada a la miseria y la indigencia.
Hacia el futuro la situación sólo va tener una mínima mejoría, pues de los 19.5 millones de colombianos que hoy están en la fuerza laboral sólo 6.5 millones son cotizantes activos en alguno de los fondos de pensiones o Seguro Social, y se pensionarán al alcanzar la edad requerida. O sea, que sólo se reducirá del 75% al 70% el número de trabajadores sin pensión. Para ellos, el tema de la edad de jubilación es irrelevante.
En materia de pensiones, el principal reto de un Estado Social de Derecho, como dice ser Colombia, es ampliar la cobertura para garantizar que sus ancianos tengan los medios para una vida digna. Es lo que ordena el Artículo 46 de la Constitución, pero la realidad muestra que estamos muy lejos de ese objetivo, mientras que en otros países en desarrollo se ha avanzado mucho más. Por ejemplo, en Brasil el 75% de los adultos mayores tienen cobertura pensional, en Chile el 65% y en Argentina el 55%.
El Ministro de Trabajo está diseñando un programa para dar un ingreso mínimo a los ancianos que hoy no tienen pensión y dar un subsidio (los Beneficios Económicos Periódicos, o BEP) a los trabajadores o desempleados que hoy no tienen cómo cotizar para su pensión futura. Son programas indispensables para aliviar la situación actual, pero son insuficientes e insostenibles en el largo plazo.
La crisis europea está mostrando que ningún Estado, por rico que sea, tiene recursos suficientes para sostener un sistema pensional sin aportes de los trabajadores. Por eso la raíz del problema de la baja cobertura de pensiones en Colombia es la falta de trabajo decente por la informalidad en los contratos de trabajo. Cuando el 52% de los empleados está en la informalidad es imposible que hagan aportes para su pensión futura. Además, aún muchos de los que tienen contrato de trajo con todas las prestaciones sociales se enfrentan a otro problema que es la falta de continuidad de los empleos que lleva a que las cotizaciones para pensiones sean intermitentes y no continuas. Por eso es muy común que una persona que ha trabajado desde los 25 años, al llegar a los 60 sólo tenga cotizaciones por menos de 1.000 semanas (20 años).
La reforma pensional no puede verse sólo como una solución a un problema fiscal que se resuelve aumentado la edad de jubilación. La verdadera solución está en impulsar la formalización laboral y el trabajo decente, y el Estado es el primero que debe dar ejemplo.
MAURICIO CABRERA GALVIS
CONSULTOR PRIVADO
Si el Estado esta involucrado en una verdadera política de ecuanimidad en materia de seguridad social y pensional, lo primero que tiene que implementar es un sistema que le garantice recuperar la viabilidad del fondo eliminando de inmediato TODOS LOS REGIMENES ESPECIALES y decretando un impuesto del 50 por ciento para todas las pensiones actuales SUPERIORES a los 25 salarios minimos legales, o sea asignadas fraudulentamente.
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