Boletín 131, PGN, viernes, 17 febrero 2012
• No cumplir con las normas relacionadas con el régimen de transición, ha generado una gran judicialización y congestión del aparato judicial.
• Ampliación de la cobertura, empleo decente y celeridad en los trámites, algunos de los principales retos en materia de pensiones para el país.
Los resultados de la investigación denominada “Pensiones: el costo de las demandas”, realizada por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, con el apoyo del Instituto de Estudios del Ministerio Público y la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, fue presentado al país durante un evento convocado por la Procuraduría General de la Nación y presidido por el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado.
El evento contó con la participación del vicepresidente de la República, Angelino Garzón; del ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda; del presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Gerardo Arenas Monsalve, de la procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda Visbal, y del actual secretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla González, quien realizó el estudio como miembro del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional, entre otras personalidades.
La investigación “Pensiones: el costo de las demandas”, entre otros aspectos, evidencia la crítica situación en que se encuentran las entidades operadoras del régimen de prima media. Según este estudio, por no cumplir con las normas relacionadas con el régimen de transición que tiene fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales, que son ley de la República (Ley 1395 de 2010 y Nuevo Código Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), declaradas exequibles en sus artículos pertinentes por las sentencias C-539, C-634 y C-818 de 2011, las entidades han ocasionado una gran judicialización y congestión del aparato judicial con el consecuente detrimento patrimonial. Al no decidir por vía gubernativa se causan intereses, moratorias, costas de los procesos, pagos de abogados y enormes costos económicos y en tiempo para el demandante.
El estudio busca determinar: ¿cuánto es el mayor valor a pagar por parte de la Nación?, ¿cuánto cuestan los procesos judiciales pendientes? y ¿cuánto le cuesta al pensionado demandante su defensa judicial?
Durante su intervención, el presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Gerardo Arenas Monsalve, recordó que la transición está finalizando y que se debe ser mesurado antes de afirmar que el régimen de prima media carece de sentido. Señaló que nuevas normas, en relación con transición, no resuelven nada, y que toda reforma pensional debe garantizar cobertura, acceso y garantía de cotización. Finalmente se refirió a las directrices pensionales que están incluidas en la Constitución Política, como que el Estado debe garantizar los derechos adquiridos, y que las leyes que se expidan en materia pensional deben garantizar la sostenibilidad financiera del sistema; recordó en este sentido que el Acto Legislativo 01 de 2005 ordena al Estado el pago de la deuda pensional.
La procuradora delegada Diana Margarita Ojeda Visbal, al referirse a la judicialización por solicitudes de pensiones, aseguró que hay una gran debilidad administrativa del Instituto de Seguros Sociales para dar respuesta a las demandas: “Más del 80% de los procesos son contra el ISS y en la mayoría de los casos ni siquiera se contestan las demandas o no se alegan las prescripciones”. Aseguró que la estabilidad financiera del sistema no se puede buscar a costa de los derechos de los pensionados, destacó la importancia de garantizar trabajo digno y decente, y señaló que la reforma concierne a toda la sociedad y debe ser discutida no solo por economistas, sino por expertos en áreas jurídicas y de seguridad social, y organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).
Tanto el procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado, como el vicepresidente Angelino Garzón, el autor del estudio Ricardo Bonilla, la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda y el consejero de Estado Gerardo Arenas, hicieron un llamado para que en vía gubernativa se cumplan las normas vigentes en materia pensional y se respete el régimen de transición; se concilie para disminuir los costos de la judicialización al patrimonio público; se ejerza una verdadera defensa en situaciones extraordinarias, y para que la reforma no se limite al aumento de la edad de pensión y del monto de las cotizaciones, sino que analicen integralmente aspectos como la formalización del empleo y la ampliación de la cobertura, involucrando a expertos y demás actores sociales.
Durante su intervención, el ministro Rafael Pardo se refirió a las debilidades del sistema pensional colombiano en materia de equidad y cobertura, y expuso las propuestas del Gobierno Nacional para superarlas, entre ellas, el Programa de Beneficios Económicos Periódicos, que les permitiría a cerca de 9 millones de colombianos con ingresos inferiores a un salario mínimo, realizar aportes con periodicidades no regulares, de acuerdo con las actividades económicas que desarrollen.
El cierre de la jornada estuvo a cargo del vicepresidente Angelino Garzón, quien aseguró que el país debería avanzar en la creación de un gran fondo de pensiones y hacer una reserva como la que existe con el Fondo de Pensiones Territoriales. Aseguró que es postura del presidente Juan Manuel Santos mantener el régimen de prima media y destacó que el tema pensional debe ser debatido pensando en el conjunto de la población y no en intereses particulares: “Este es un tema fundamental para la democracia; tiene que ver con empleos decentes, tiene que ver con la calidad del empleo, y tiene que ver con que para los seres humanos (…) el paso tan breve por esta tierra no termine siendo una tragedia, sino que valga la pena vivir y vivir dignamente”, puntualizó.
El vicepresidente Garzón reconoció la gestión del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, como garante no solamente en la lucha contra la corrupción, sino en la defensa de los derechos de los colombianos.
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