¿Para qué la reforma política?

ELTIEMPO.COM,  Guillermo Perry, 12 de octubre de 2014

¿Por qué no limitarla a la prohibición de las reelecciones, que es el único tema sobre el cual hay consenso?

El Gobierno ha dado palos de ciego con su reforma política. Está claro que quiere cumplir el compromiso de prohibir la reelección. Pero, en lo demás, un día dice una cosa y al siguiente se contradice. No hay una visión de Estado detrás de ella y parece haber motivaciones contradictorias.

Con excepción de Uribe y algunos de sus seguidores, los colombianos creemos que el ‘articulito’ de la ‘Yidispolítica’ no trajo nada bueno. La primera administración Uribe comenzó muy bien, pero se hipotecó buscando la reelección, lo que dio lugar a la corrupción desenfrenada en el DAS, Estupefacientes, Incoder, Inco, Ingeominas y demás entidades, que entregó a cambio de votos de apoyo en el Congreso.

Y ni para qué recordar el intento de modificar el articulito de marras por segunda vez, para lo cual, como dice un amigo, se emplearon hasta las vías legales. La reelección de Santos tuvo también efectos nefastos: la polarización alrededor de las negociaciones con las Farc, que puede dar al traste con esa iniciativa, y un aumento considerable en la ‘mermelada’ y la publicidad oficial.

Ambos mandatarios gobernaron poco en el último año de sus períodos, por estar dedicados a reelegirse. Más grave aún, se desquició el balance de poderes establecido en la Constitución del 91, y ello contribuyó a la degradación subsiguiente del Poder Judicial y los organismos de control.

En la Asamblea Constituyente hubo consenso en eliminar la reelección por considerar que, en una democracia frágil con un poder presidencial tan fuerte, se prestaría a abusos y a una mayor concentración del poder. No nos equivocamos. Dado el amplio poder que la nueva Carta otorgó a los organismos de control, también resulta ahora conveniente prohibir explícitamente la reelección de Procurador, Fiscal y Contralor.

Más allá de eso, nada es claro. ¿Cuál es el propósito de unificar de nuevo el calendario electoral? ¿Limitar la autonomía departamental y municipal, desvirtuando la descentralización política que consagró la Carta del 91, para que el Presidente y los congresistas tengan más influencia en las elecciones locales? Y, como compensación, ¡a los actuales alcaldes y gobernadores un día se les ofrece la reelección y otro la extensión de su período! ¿O se trata de facilitar la aprobación de un eventual referendo por la paz? Ninguna de estas motivaciones parece legítima.

¿Y qué se buscaba con los cambios en la elección del Senado? Al principio se quiso eliminar la jurisdicción nacional, con el argumento de que esa jurisdicción facilitó la compra de votos. Pero ¿acaso no se compraban votos antes para el Senado y no se compran ahora para la Cámara? Este cáncer solo se extirpará cuando la financiación de las campañas sea puramente estatal y el poder electoral sea respetable y autónomo.

Ante la justa protesta de movimientos minoritarios, que se quedarían sin representación en el Senado, y de líderes de opinión en los partidos tradicionales, se llegó a un compromiso. Parte del Senado será cuota regional, para asegurar representación de departamentos pequeños, y parte se seguirá eligiendo por jurisdicción nacional.

¿Y es buena idea volver a la cooptación en el Poder Judicial? Si no fue buena cuando había menos corrupción en las cortes, ¿por qué sería mejor ahora? Cierto que es difícil idear un esquema a prueba de avivatos: el que establecimos en la Constitución del 91 tampoco funcionó bien. Y lo mismo sucedió con los nuevos procedimientos de elección de Contralor, Fiscal y Procurador. Con la corrupción que caracteriza a la política colombiana es difícil predecir cuál sistema funcionará peor.

Y el voto obligatorio también tiene pros y contras y divide a la opinión.

¿Por qué no limitar, entonces, la reforma a la prohibición de las reelecciones y la eliminación del Consejo de la Judicatura, que son los únicos temas sobre los que hay claridad y consenso?

Guillermo Perry