Uno de los principios más puros de la filosofía política relacionada con los impuestos, advierte que no puede haber norma tributaria sin representación. Esto implica que los ciudadanos, a través de sus representantes en el parlamento, deben tener las garantías suficientes para que no se generen impuestos sin un consenso mínimo y sin evaluar los intereses de la sociedad como un todo.
Bajo ese principio, los parlamentos deben discutir separadamente los aspectos relacionados con los ingresos y los gastos, entendiendo su correlación, pero dándole a los debates impositivos una relevancia mayor, debido a que los gravámenes tributarios son de alta sensibilidad social.
No obstante esa tradición histórica, Colombia parece ir en la dirección contraria. El Gobierno ha presentado un presupuesto desfinanciado en 12,5 billones y en lugar de presentar una ley de financiamiento complementaria para cubrir el faltante de una vigencia fiscal, como lo permite la Constitución, le presenta al país una reforma tributaria para un periodo de cuatro años.
Lo más preocupante es que el parlamento fue llevado a votar el monto del presupuesto sin conocer la ley de financiamiento, entiéndase la canasta impositiva con la cual se financiaría un hueco presupuestal cercano al 1,5 por ciento del PIB.
Es cierto que existe jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa a procesos similares en los años 2000 y 2006, en los cuales faltantes presupuestales menores, se manejaron con normas de ingresos para un lapso mayor. Pero también es cierto que hoy hay circunstancias distintas.
El país cuenta con una Ley de Regla Fiscal que obliga una reducción gradual del déficit y limita estructuralmente el endeudamiento. Dicho eso, cualquier expansión del gasto más allá de los ingresos implica una norma tributaria.
Examinando este panorama es urgente garantizar que la Regla Fiscal no sea empleada como un cheque en blanco para que el gasto se aumente por encima de los ingresos y sin ningún aspaviento detone automáticamente nuevos gravámenes.
Permitirlo sería el camino hacia una dictadura tributaria, agravado por el hecho de tener un parlamento institucionalmente debilitado frente al Poder Ejecutivo.
Para llenar el Hueco Presupuestal, el Gobierno ha presentado bajo el ropaje de ley de financiamiento una reforma tribuaria pantagruélica, que espera recaudar más de 48 billones de pesos en cuatro años. Utiliza esta figura para que la discusión se dé en comisiones económicas conjuntas y no en las comisiones con competencia orgánica para los temas tributarios. La razón es sencilla, hay más velocidad y menor debate, lo cual también atenta contra la representación.
Derivado del desfinanciamiento ha llegado una reforma que aumenta la carga a las empresas a través de una sobretasa al impuesto de renta mediante el Cree, elimina la devolución de IVA por compras con tarjetas débito y crédito que ha incentivado la bancarización y transforma el impuesto al patrimonio, haciendo permanente una base gravable a partir de mil millones.
No hay duda, de que esta reforma afectará la inversión, castigará el ahorro y dará malas señales a la clase media. Avanzar por el camino trazado por el Gobierno sería un mal precedente, porque constituye el origen de la dictadura del gasto.
Iván Duque Márquez
Senador
ivanduquemarquez@yahoo.com
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