La presentación de la reforma tributaria formalmente por parte del Gobierno deja hondas preocupaciones en varios asuntos, así como una plataforma de discusión que el Congreso debe abordar con cuidado y reflexión de largo plazo.
Como asuntos positivos, la reforma responde a un criterio de progresividad al gravar especialmente los ingresos y patrimonios más altos. Esto significa que serán más o menos 86.000 personas (entre naturales y jurídicas) quienes llevarán el peso del esfuerzo fiscal.
Por tanto, por lo menos en la propuesta del Gobierno, la mayoría de los colombianos no se vería directamente afectada o el efecto fiscal será mínimo. También en positivo, la reforma contempla dos nuevas estrategias en materia de reducción de la evasión, que aunque novedosas, aparentemente su efecto será menor que el esperado. Finalmente es positiva la eliminación de la famosa devolución de los dos puntos de IVA por compras de tarjeta crédito y débito, cuyo engorroso procedimiento ha resultado más costoso que el monto real del recaudo.
Por el lado de las preocupaciones, la propuesta de reforma tributaria parece cargar en exceso a algunas personas naturales o jurídicas, con el severo riesgo de desestimular la inversión. Preocupa en particular el efecto en empresas altamente intensivas en capital, quienes nunca se vieron beneficiadas con la reducción de los costos parafiscales y que ahora ven incrementos sustantivos en las tasas de impuesto de renta para la equidad, CREE.
Estudios de entidades especializadas como ANIF e incluso de algunas gremiales han estimado que la tasa de tributación promedio acumulada (de los nuevos impuestos sumados a los de renta) puede llegar hasta un 70%, situación preocupante.
La mayor inquietud de la reforma recae en que decidimos aplazar el ajuste estructural que hemos reclamado por años y que aclararía el camino a los potenciales inversionistas en el país. De hecho, preocupa que impuestos coyunturales (como el 4x1.000 o el impuesto al patrimonio, o aun parte del de renta para la equidad), cuyo recaudo iba dirigido a financiar gastos específicos (que se presumían coyunturales o de corto plazo, como algunas necesidades en seguridad, o en temas de alguna calamidad nacional o de crisis del país), ahora se convierten en fuentes financiadoras de gasto público estructural o de largo plazo.
Lo único que esto significa es que será imposible en el mediano plazo eliminar esos impuestos transitorios que se prevé terminarán entre 2018 y 2021. La realidad es que será imposible vivir sin el 4x1.000 o sin impuesto al patrimonio (que es prácticamente lo mismo que el impuesto a la riqueza) o sin la sobretasa al CREE de 3 puntos porcentuales adicionales.
Lo anterior tiene doble efecto de preocupación. De un lado, anticipa que en 2016 o 2017, cuando tengamos claras las necesidades del posconflicto, será indispensable no sólo sostener estos impuestos transitorios, sino aumentar las fuentes. Y el segundo efecto es que pone de presente una seria preocupación en la estabilidad y definitividad tributaria que deben tener los empresarios e inversionistas en un país que quiera ser serio fiscal y macroeconómicamente hablando. No le hace bien al país cambiar tributariamente cada dos años.
Como ya se ha expresado, nadie pone en duda la necesidad de un esfuerzo tributario, tampoco que es indispensable cubrir el “hueco fiscal” del presupuesto de 2015. Lo que no se entiende es que los esfuerzos contra la evasión y aun en austeridad fiscal siguen siendo muy pocos.
Sería bueno que el Congreso estudie las propuestas de Fedesarrollo, en el sentido de revisar exenciones en impuesto de renta y la enorme oportunidad de aumentar el impuesto de IVA sin afectar la canasta básica, o redireccionando el aumento de IVA a proyectos de política social.
* José Manuel Restrepo Abondano
jrestrep@gmail.com /: @jrestrp
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