Se darían hasta 9 años de prisión a evasores.
Con su propuesta de reforma tributaria, el Gobierno Nacional busca penalizar a quienes omitan activos y poner a andar un gravamen de normalización tributaria complementario al impuesto a la riqueza.
Aunque el Gobierno es consciente de que el problema de la evasión tributaria le está dejando un hueco anual en el fisco de aproximadamente $70 billones y pese a que a la discusión de constituir el no pago de impuestos como un delito se ha venido aplazando durante las últimas reformas tributarias, esta vez el Ejecutivo buscará abrir un debate en el Congreso con dos propuestas: aplicar un gravamen adicional de normalización a quienes tengan activos omitidos y dar hasta nueve años de cárcel (que incluyen una multa) a los ciudadanos que escondan activos mayores a $8.000 millones o reporten pasivos inexistentes por un monto igual o superior a este.
En el proyecto de ley tributario radicado en el Legislativo la semana pasada y con el que la administración del presidente Juan Manuel Santos pretende allegar recursos por $12,5 billones anuales durante este cuatrienio mediante la prolongación del 4X1.000, el impuesto a la riqueza, la sobretasa al CREE (para las empresas) y otros, se propone modificar el Código Penal para incluir un artículo que busca que el contribuyente que omita activos de manera dolosa —y así afecte sus impuestos sobre renta (entre ellos el CREE)—, sea sancionado “con pena privativa de libertad de 48 a 108 meses y multa del 20% del valor del activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del pasivo inexistente”.
Sin embargo, el Gobierno sostiene en este artículo de la propuesta tributaria, que esa acción de carácter penal quedará extinta en el momento en que un contribuyente “presente o corrija la declaración y realice los respectivos pagos cuando a ello hubiere lugar”. Además, en la exposición de motivos del proyecto de ley, que ya está en manos de los congresistas de las comisiones terceras del Congreso de la República, el Ejecutivo argumenta que “la lesión a los intereses financieros del Estado es digna de protección, incluso a través del derecho penal”.
Además, ese documento resalta que la Hacienda Pública requiere este blindaje, ya que las actuales condiciones sólo le permiten al Estado hacer controles de tipo aleatorio para verificar si en realidad se están cumpliendo los deberes tributarios. Asimismo, el proyecto advierte que las empresas son un “eventual multiplicador” de oportunidades de fraude, porque “buena parte de los casos de criminalidad tributaria se hacen a través de complejas estructuras societarias”. Entre tanto, el Ejecutivo sostiene que lo que se busca aprobar se constituye como “un nuevo paradigma normativo contra la evasión y el fraude”.
Adicional a la iniciativa penal, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, dejó claro que como acción complementaria el Gobierno busca tener un control más certero de los activos que tienen los colombianos en el exterior mediante la creación de una declaración de impuestos en la que se debe consignar todo lo que se posee.
Por otra parte, el jefe de la DIAN, Santiago Rojas, dejó claro que lo que se pretende, además del tema penal, es dar “una oportunidad para declarar activos no reportados. Es un conjunto para controlar la evasión, porque se ha encontrado que hay ciudadanos que no están declarando la totalidad de los activos en Colombia y en el exterior”.
Pero más allá de la discusión en torno a sancionar a quienes omitan activos o reporten falsos pasivos por encima de la barrera de los $8.000 millones (o 12.966 salarios mínimos), el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry señala que “es igual de corrupto quien roba al Estado antes de pagar los impuestos (evasor), que el que lo hace apropiándose de una parte del gasto público (concepto tradicional de corrupción)”.
Desde ese planteamiento, propone Echeverry, a los evasores tributarios se les debería aplicar un procedimiento parecido al que hace la Contraloría General al momento de catalogar hallazgos fiscales. “Un evasor al que se le comprueba el hecho, finalmente malversó recursos del Estado, al igual que lo habría hecho un funcionario con un peculado por apropiación”, explica el exministro, quien precisa que en línea con lo anterior ya habría una jurisprudencia que podría estar en manos de una instancia con poder sancionatorio “que usara procedimientos y tasaciones de penas similares a las de la Contraloría”.
Horacio Ayala Vela, exdirector de la DIAN, resaltó que lo primero por apuntar es que “las sociedades no son sujetos de sanciones penales”. De esta forma, explicó, la medida recaería fundamentalmente sobre las personas naturales y que se ha intentado con anterioridad penalizar la evasión, pero sin éxito notable.
Para el consultor tributario no luce como una propuesta lógica del Gobierno agregarle al Código Penal más delitos, ya que la desconfianza en la justicia y sus administradores son persistentes. “Los delitos existentes no se castigan. Lo que se requiere acá es una reforma tributaria estructural para cerrar todas las coyunturas de son fuente de evasión y elusión”.
“Penalizar o no las conductas es un tema que tiene un efecto más visual y que en teoría del derecho penal es la última opción de un Estado cuando no pude controlar las infracciones. Cabría preguntarse si esto va en línea con los nuevos lineamientos de política criminal”, manifestó el coordinador académico y docente investigador del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, Roberto Insignares.
* La normalización tributaria
Además de la propuesta penal, el Gobierno se dio a la tarea de diseñar un gravamen llamado de normalización tributaria durante los años 2015, 2016 y 2017, el cual sería complementario al denominado impuesto a la riqueza. Este tributo, explica el proyecto de ley, quedará a cargo de los contribuyentes del gravamen a la riqueza que tengan activos omitidos.
“La base gravable del impuesto complementario de normalización tributaria será el valor patrimonial de los activos omitidos”, dice un aparte del proyecto, el cual propone que las tarifas para ese gravamen de normalización sean de 10% para 2015, 15% para 2016 y 20% en 2017.
“Ese tributo cumple con el doble objetivo de proteger e incrementar sustancialmente la base gravable de los principales impuestos a nivel nacional y de permitir la regularización de activos que, por tratarse de bienes no declarados, se ven sometidos a un nuevo tributo”, argumenta la exposición de motivos hecha por el Gobierno.
El planteamiento de este tributo complementario al gravamen a la riqueza, en opinión de Insignares, se convierte en “una aberración. Es haber cometido una infracción como no haber declarado ingresos. Es una amnistía disfrazada llamada saneamiento en otros momentos y se premia a quienes no están cumpliendo sus deberes tributarios. Es un premio a quienes tienen inversiones afuera, lo cual se convierte en una especie de borrón y cuenta nueva”.
Por lo pronto, concluye el investigador, el Gobierno podría recibir objeciones desde el punto de vista constitucional, porque está empleando una ley de financiamiento para el presupuesto de 2015 con el fin de incluir una reforma tributaria. Además, señala que mantener vigente el gravamen del 4X1.000 se constituye como “una burla”.
hsandoval@elespectador.com
@hector_sandoval
@hector_sandoval
TEMA: LUCHA CONTRA LA EVASIÓN: INTERESANTE........SI PERO PORQUE :..
ResponderEliminar..NO MANIFIESTA EN VOZ ALTA Y FUERTE ALGO SOBRE ESTOS PUNTOS...?..:
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ...EL CARTEL DE CONTRATISTAS, ...EL CONTRABANDO,...LOS PRIVILEGIOS, BENEFICIOS Y EXCEPCIONES TRIBUTARIAS Y COMERCIALES DE UNOS POCOS, .LAS PENSIONES MILLONARIAS,...ENTRE OTROS, ....AH,....NO PUEDE, PORQUE ESTÁN SUS AMIGOS Y NO QUIERO DAÑAR MI CAMINO A LA PRESIDENCIA...YA HAY 46 MILLONES DE COLOMBIANOS QUE SOPORTAN CUALQUIER TRATO O IMPUESTO...