| Autor: Colprensa
La tributación en Colombia carece de equidad porque las personas de altos ingresos no pagan lo que deben pagar, mientras la carga está en cabeza de gran parte de los asalariados, lo mismo que en las empresas
La opinión es del exministro José Antonio Ocampo, uno de los economistas más reconocidos del país y quien encabezó la “Misión Rural para la Transformación del Campo” que investigó las condiciones de la vida campesina, la pobreza, el crédito y las oportunidades sociales.
Consideró que la exención del IVA a la canasta familiar es positivo.
Ocampo estuvo de visita en Colombia como invitado especial al ‘Foro Recon, emprendimiento social’, que se realizó en Bogotá.
El Gobierno presentó el proyecto de reforma tributaria al Congreso. ¿Qué opina del mismo?
No conozco bien este proyecto, pero lo más importante es lo que se haga en materia de impuesto de renta, pero no sé cuál es la propuesta.
En Colombia el gran problema con el sistema tributario es que recarga demasiado a las empresas y poco a las personas naturales de altos ingresos, que son los que deben pagar una porción alta. Y segundo, que tiene una ‘manada’ de beneficios específicos, sectoriales y para ciertos tipos de inversión, etc.
¿No es un sistema equitativo?
No, a mi juicio erosiona la equidad. El sistema carece de equidad vertical y horizontal. De equidad porque como nos mostró el proyecto de ley anterior, de 2014, los sectores de más altos ingresos no pagan las tarifas que deben pagar como personas naturales, mientras que las personas asalariadas no tienen forma de evadir, entonces termina con un sistema que no es progresivo con el ingreso. Tampoco es equitativo horizontalmente: hay múltiples beneficios, lo que se pueda hacer en eso es lo más importante.
Segundo, hay que eliminar todos esos impuestos temporales que fueron decretados en 2014 y que tienen que ser solucionados.
¿Qué piensa del aumento del IVA del 16 % al 19 %?
Pues escuché que los bienes básicos no van a ser modificados. Eso me parece bien.
Pero se habla de un monotributo que cobijaría a las tiendas de barrio, a las peluquerías y otros pequeños negocios. ¿Qué le parece?
Me parece una excelente idea, pero hay que verla bien. Pero que las empresas pequeñas en Colombia tengan un solo tributo y no la ‘manada’ de obligaciones tributarias que tienen hoy en día me parece una brillante idea. Ojalá se materialice.
El Gobierno está empeñado en ampliar la base y se van a gravar hasta las iglesias y las entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué tan conveniente es?
No sé qué está pensando el Gobierno. Ha habido mucho análisis, incluido el de la Comisión Tributaria que convocó el Gobierno sobre cómo se está abusando de la figura de las ONG, a las que en sentido genérico pertenecen las iglesias, para hacer cosas que no son estrictamente objetivos sociales. Creo que eso sí debe ser objeto de regulación.
El Gobierno dice que esta reforma es necesaria para que Colombia no pierda la calificación de las grandes aseguradoras de riesgo…
Sí, claro. Pero hay que decir que los problemas principales son, en primer lugar, los precios internacionales del petróleo que han caído significativamente y hay que sustituirlos por otros recursos.
Lo otro es que la reforma tributaria de 2014 dejó una serie de impuestos transitorios que es la peor idea que se le puede ocurrir al Congreso de la República. Ojalá no se vuelva a cometer ese mismo error.
Lo tercero, que los temas de fondo quedaron para corregir: exceso de beneficios específicos y otras prácticas que nos llevan a tener hoy un sistema tributario que carga la mano de forma excesiva sobre las empresas que no tienen exenciones, y muy poco sobre las personas de altos ingresos que son la base tributaria del impuesto de renta más importante de todos los países desarrollados.
¿Era necesario presentar esta reforma justo cuando se debate el futuro del proceso de paz?
Sí, porque desafortunadamente reitero: la caída de los ingresos petroleros y el carácter temporal de muchos tributos obligan al Gobierno a hacerlo. Ojalá no tuviera que presentarse esta discusión, pero el Gobierno es responsable al presentarla.
¿Pero el momento político sí era el oportuno?
Es que para esto no había otro momento: los bajos precios del petróleo y la temporalidad de impuestos hay que corregirlo ya. A no ser que la gente quiera una caída fuerte del gasto público, que sería peor en un contexto de construcción de paz.
¿Ahora que el proceso de paz entró en una especie de estancamiento, qué va a pasar con el estudio de la ‘Misión Rural’ que usted dirigió?
Lo que dice el documento se tiene que hacer en Colombia, independiente de cualquier otra cosa. Esto es un aporte a la paz, pero tiene haya proceso de paz o no. Yo creo que el Acuerdo de Paz va a ser finalmente aprobado e instrumentado, así lo espero, yo fui uno de los votantes por el ‘Sí’.
Ese es un documento muy ambicioso, ¿cuánto cuesta la implementación de esas recomendaciones?
Nosotros calculamos que implementar este documento cuesta alrededor de 1,2 % del PIB anualmente, de los cuales consideramos que más o menos la mitad puede ser financiado con recursos existentes, o sea que el costo adicional es 0,6 % o 0,7 % del PIB. En total creemos que son unos $13 billones anuales por los próximos quince años.
¿Cuándo le fue entregado ese documento al Gobierno?
El documento corto –Resumen Ejecutivo- se le entregó al Presidente en diciembre del año pasado y el texto completo se hizo público en abril pasado. Ese documento lo conoce muy bien el Gobierno porque se hizo en estrecha relación con el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y el Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia.
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