Anoche, después de varios días de rumores y debates sobre un texto desconocido, el gobierno de Juan Manuel Santos finalmente presentó el proyecto de reforma tributariaante el Congreso. Los 10 puntos centrales muestran que se trata de una reforma dura que busca recaudar más impuestos y, como a nadie le gusta pagar más, será difícil de vender ante la opinión y los congresistas en un momento crítico por la renegociación del Acuerdo de Paz. Pero también es una reforma que en sus apartes menos obvios y más técnicos está orientada a lograr más equidad, reduciendo o eliminando beneficios que suelen usar los más vivos o los que tienen más plata para contratar asesores expertos.
Como solo quedan dos meses de sesiones ordinarias para que este la apruebe, y en todo caso debe estar totalmente lista a más tardar el 31 de diciembre, no va a haber mucho tiempo para estudiarla a fondo. Este es un primer panorama de los diez puntos centrales de la Reforma:
El corazón, en plata, sí es el IVA
Qué es:
Aunque esto no es novedad, el incremento de la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento va a ser el corazón del debate, y posiblemente lo que marque la reforma: como es un impuesto que es fácil de entender para cualquier persona e impacta a todos, el costo político de aumentarlo es muy alto.
Hay detalles que han pasado desapercibidos.
Uno es que habrá IVA sobre algunos bienes que no tenían ese impuesto como los cilindros de gas, las cuchillas para máquinas agrícolas, todos los componentes de los sistemas para convertir motores a gas vehicular (que pasarán a pagar IVA del 5 por ciento), los computadores de entre 980 mil y 2,4 millones de pesos, o los celulares y tabletas de entre 650 y 1,3 millones de pesos.
Uno más es que la venta inicial de vivienda nueva (del constructor al primer comprador), cuando valga más de 797 millones de pesos de hoy, y el internet fijo para estrato 3, pagarán un IVA del 5 por ciento.
Otro es que, para cobrarle IVA a servicios en internet, ahora los bancos que emitan tarjetas de crédito o los servicios de pagos online deberán retener el valor del IVA por pagos de servicios online, desde Netflix hasta enseñanza online.
Quién gana, quién pierde:
Con este aumento del IVA pierden todos los colombianos, pero especialmente los más pobres.
Como lo más probable es que ese aumento del 3 por ciento se traslade a los precios finales, todos los que compran algo en Colombia, por lo menos en lugares formales que no capen impuestos, pagarán más. Ese aumento impacta más duro a los que tienen menos, y por eso la literatura recuerda que es un impuesto regresivo.
Cuál es su beneficio social:
Este cambio tiene solo un objetivo, que es el de ayudar a tapar el hueco fiscal. Los 3 puntos equivaldrían a entre 7 y 7,5 billones de pesos más de recaudo al año, que son alrededor de un tercio o una cuarta parte de lo que le dejó de entrar a la Nación por la caída del petróleo y ayudan a equilibrar las finanzas del Estado.
Aunque se queda corto, ayuda así a que el Estado cumpla la regla fiscal, esté más lejos de la quiebra y, en general, a que no haya presiones económicas por ese lado.
Ese recaudo tiene otra ventaja, y es que el IVA es fácil de administrar para el Estado y por lo tanto no implica invertir más en la Dian, a diferencia de cuando se pone a declarar a más gente.
Además, según mostró el informe de la Comisión de expertos, Colombia tiene un IVA más bajo que los países de la Ocde o países similares latinoamericanos, por lo que habría espacio técnico (no necesariamente político) para subirlo.
Empresas a pagar menos, pero de a poco
Qué es:
Hoy las empresas pagan 25 por ciento de sus ingresos en renta y otro 9 por ciento por el llamado Cree (el impuesto que nació en 2012 para reemplazar los parafiscales en las empresas grandes, y que se paga sobre ingresos más brutos que la renta). Además, si tienen patrimonio de más de mil millones de pesos, desde 2015 y hasta 2018 pagan un impuesto adicional a la riqueza de entre el 2,4 y el 4,8 por ciento de ese capital.
Después de dos años de críticas de empresarios y economistas, que afirman que esas tasas son muy altas y asfixian a quienes producen y dan empleo, el Gobierno propone bajarlas: no extiende el impuesto a la riqueza (que está vivo hasta 2018), elimina el Cree y los parafiscales para las empresas que no tenían Cree (excepto para empleados que ganen más de 10 salarios mínimos) y baja la tarifa de renta al 32 por ciento.
Para que al Estado no le de tan duro el golpe de salir del Cree la bajada será gradual, pues en el 2017 la renta sería del 34 y en 2018 del 33 por ciento. Y para las empresas con más de 800 millones de pesos de renta líquida habrá una sobretasa del 5 por ciento en 2017 y 3 por ciento en 2018. Es decir, las empresas medianas y grandes pasarían de pagar 42 por ciento este año a 39 en 2017, 36 en 2018 y 32 por ciento desde 2019.
Quién gana, quién pierde:
Con esta reducción todas las empresas tendrán un respiro.
Cuál es su beneficio social:
Al darle aire a las empresas estas deberían tener margen para ahorrar, invertir o contratar empleados, todas actividades importantes para fortalecer la economía.
Lo temporal sigue siendo permanente
Qué es:
El famoso 4 por mil, que nació en 1999 como un impuesto temporal del dos por mil de las grandes transacciones financieras y que desde 2014 se había establecido que iba a ir bajando para desaparecer en 2014, demuestra una vez más el adagio de que no hay nada más permanente que lo temporal: el proyecto lo deja fijo y permanente en la tarifa actual.
Quién gana, quién pierde:
Con el cuatro por mil pierde el sector financiero, que es menos atractivo para hacer negocios, y las empresas y personas que hacen trámites a través de él.
Cuál es su beneficio social:
Eel impuesto conocido técnicamente como gravamen a los movimientos financieros (GMF), le asegura casi 5 billones de pesos de recaudo a la Nación, lo que ayuda en plenas vacas flacas.
Además, como los bancos le retienen a las personas la plata y la Dian solo le tiene que cobrar a ellos y no a millones de individuos, es muy fácil de administrar.
Se vienen peleas fuertes con sectores concretos
Qué es:
La reforma incluye varios impuestos puntuales que prometen despertar grandes peleas con los sectores afectados. Hay por lo menos cuatro grandes y evidentes.
Un caso es el del impuesto de 300 pesos por litro a bebidas azucaradas, que no solo incluyen gaseosas sino maltas, bebidas energizantes, jugos con azúcar añadido, aguas endulzadas, otras bebidas saborizadas (como los tés helados, si incluyen azúcar o edulcorantes) y los polvos y concentrados para hacerlas directamente. Eso no solo molesta a las embotelladoras sino a otras empresas de bebidas (desde Bavaria por Pony Malta hasta La Constancia por sus néctares), sino a los azucareros y los productores o importadores de edulcorantes que no sean cero calorías.
Otro es el impuesto al carbono, que será un impuesto más a los combustibles derivados del petróleo, de entre 95 y 177 pesos el galón dependiendo de qué producto se trate (para el caso de la gasolina es de 135 y para el Acpm, 152). Esa cifra se obtuvo teniendo en cuenta cuánto dióxido de carbono suele emitir la quema de un galón de cada uno de ellos.
Uno más es que se triplica impuesto a los cigarrillos, que es de los departamento y pasaría de 700 a 2.100 pesos por cajetilla, lo que podría golpear las ventas de la British American Tobacco y la Phillip Morris.
Y un cuarto caso es el de los operadores de celulares, porque el proyecto hace que no solo se pague impuesto al consumo por la tarifa de voz, sino por los datos de los celulares. Como eso significa un 4 por ciento más de impuesto que se suma el incremento de 3 puntos del IVA, esas ventas pagarán un 7 por ciento más de impuestos, lo que seguramente las afectará.
Quién gana, quién pierde:
En este caso pierden los consumidores de esos productos y los que viven de venderlos. Los primeros porque tendrán que consumir menos de ellos, así sean necesarios para su actividad económica como pasa con los transportadores que consumen Acpm; lo segundos porque venderán menos.
Pero, en los dos que afectan la salud de quienes los consumen (el cigarrillo sin duda y probablemente también las bebidas azucaradas), los consumidores que pierden por un lado pueden terminar ganando.
Cuál es su beneficio social:
Excepto el impuesto al consumo sobre internet móvil, en los otros tres casos la intención del Gobierno es que ganen los ciudadanos al tener una mejor salud o un mejor ambiente, pues se trata de impuestos que más que recaudar buscan crear mejores hábitos de vida.
La validez de ese argumento ha sido y seguramente seguirá siendo objeto de discusión en el trámite de la tributaria, en parte porque es una posición paternalista del Estado, en parte porque en el caso del azúcar hay una discusión global.
Además, sobre todo en ese caso y en el de los celulares tendrá como reto un lobby poderoso y fuerte del lado de los afectados (el gremio de comerciantes Fenalco ya sacó un anuncio publicitario en El Tiempo del lunes festivo, diciendo que el impuesto a las bebidas quebraría a decenas de miles de tendero).
Un camino para la formalización de pequeños tenderos y peluqueros
Qué es:
Desde que el ministro Mauricio Cárdenas la anunció el jueves pasado en un foro organizado por el Consejo Gremial, el monotributo se ha convertido en un punto de debate, pues ha sido señalado de ser una forma para quebrar a miles de tenderos y pequeños comerciantes. En realidad, es una puerta a que empiecen a pagar impuestos, que inclusive puede tener costos futuros por sus bajas tarifas.
Se trata de un impuesto que reemplazará renta para los tenderos peluqueros o similares que lo quieran (es totalmente voluntario), tengan ingresos anuales de entre 41,6 y 104 millones a precios de este año, tengan un local con máximo 50 metros cuadrados y tengan ingresos tan pequeños que no puedan ahorrar para pensión.
Los que lo acepten quedarán vinculados a una caja de compensación, una ARL y estarán aportando para EL SUSTITUTO DE PENSIÓN PARA PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS LLAMADO BEPS, a cambio de pagar entre 416 y 832 mil pesos al año
Eso, que es máximo el 1 por ciento de sus ingresos anuales, es muy poco: la tarifa del impuesto de renta rondaría el 15 por ciento de esos mismos ingresos menos lo que se gasten para ejercer su actividad económica.
Quién gana, quién pierde:
A pesar de las críticas de estos días, con el monotributo no pierden los tenderos y peluqueros, que no están obligados a acogerlo y pueden terminar pagando menos que si pagaran renta. Al revés, potencialmente pueden ganar a integrarse a la economía formal y pagar menos impuestos que competidores más grandes.
Cuál es su beneficio social:
El principal logro del monotributo sería incorporar a la economía formal a varias decenas de miles de pequeños comerciantes .
Colombianos, a pagar más renta
Qué es:
Una de las cosas que hace la reforma es poner a pagar más impuesto de renta a la gran mayoría de quienes declaran, porque cambia la tabla por la que se define cuánto paga una persona para hacerla más exigente. Y eso no ayuda a la popularidad de la reforma, aunque carga más duro a los de ingresos más altos.
Por ejemplo, hoy los que declaren y en el año tengan una renta (lo que queda de sumar sus ingresos, excepto los que vengan de dividendos, y restarles hasta el 35 por motivos como aportes a cuentas AFC, una cuarta parte de sus salarios e indemnizaciones) de entre $17.851.800 pesos y $32.430.770 no pagan nada más que sus retenciones, y con la reforma pagarían hasta $1.190.120, a precios de hoy.
En el medio de la pirámide, una persona que tenga una renta de $74.382.500 hoy pagaría $10.116.020 y con la reforma pagaría $11.603.670. Y entre los de más arriba, una persona con una renta de $148.765.000 paga hoy $32.282.005 y con la reforma pagaría $36.298.660.
Lo mismo pasa con la retención en la fuente para los empleados.
Hoy quienes tienen salarios de entre $1.487.650 y $2.826.535 reciben su plata completa, pero ahora pasarían a retenerles hasta $166.616, en el caso de los últimos. Con más ingresos, el que gana $6.000.000 yo no vería una retención de $722.403 sino una de $907.466 ; y una persona que tiene un salario alto de $14.876.500 pasaría de tener una retención de $3.427.545 a una de $3.911.032.
Quién gana, quién pierde:
Con este aumento pierden todos los colombianos, especialmente los trabajadores de salarios entre 1,5 y 3 millones, que ahora tendrían retención en la fuente y posiblemente tendrían que declarar.
En este punto no es fácil hacer el cálculo de cuánto recogería la Nación, que sería la gran ganadora - al lado de los contadores que suelen ser necesarios para hacer una declaración de renta y podrían conseguir miles de nuevos clientes.
Cuál es su beneficio social:
Bajar el piso desde el cual se declara y paga impuesto de renta debería ayudar a hacer más equilibrado el sistema y a descargar a las empresas para que éstas creen más puestos de trabajo. En últimas, la idea es que quienes tienen algo o mucho ayuden más a quienes no tienen nada y no pagan impuesto de renta (pero sí IVA).
Sí habrá impuesto para los ricos que viven de la renta
Qué es:
El proyecto propone que desde el 2018 se paguen impuestos por las utilidades que reparten las empresas a sus socios o accionistas, siempre y cuando quienes los reciban sean personas y no empresas.
Esa obligación que arrancan cuando esos dividendos son de más de $17.851.800 a precios de hoy, tiene una tarifa que va hasta el 2 por ciento cuando la persona recibe hasta $29.753.000 y luego sube hasta llegar casi al 10 por ciento de los dividendos.
La excepción es si no viven en Colombia (técnicamente, si no son residentes fiscales), caso en el que pagarán el 35 por ciento de los dividendos porque no tienen que declarar renta.
Quién gana, quién pierde:
Con este impuesto pierden los más ricos que no viven de sus sueldos sino de las utilidades de sus empresas.
También pierden la bolsa y el mercado de capitales, que son muy importantes para que más gente sea accionista (aunque pequeña) y para que las empresas tengan cómo conseguir recursos, pues para los futuros compradores tener acciones implica un costo adicional. Por eso, podría incluso impactar a esas empresas
Cuál es su beneficio social:
Este impuesto, que tienen todos los países de la Ocde, eliminaría la diferencia que hay hoy entre recibir un pago por trabajo, que paga renta, y recibirlo por tener una inversión en acciones, que no paga nada.
Además, haría que las empresas, en vez de de repartir utilidades a sus dueños, tiendan a aumentar sus capitales, lo que las hace más sólidas y les da más plata para contratar personas, hacer inversiones o crecer.
Menos beneficios a las entidades sin ánimo de lucro
Qué es:
Uno de los caballos de batalla de la reforma, que YA HABÍA RESALTADO EL GOBIERNO EN LA REFORMA DE 2014, es la de ponerle el cascabel a las fundaciones que sirven para pagar menos impuestos y hacer contratos irregulares con el Estado. La reforma avanza en ese camino.
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Primero, cambia el funcionamiento del régimen especial de esas entidades por el que hoy pagan impuesto de renta más bajo, del 20 por ciento, cuando cumplan unas condiciones bastante laxas.
La reforma hace que esas entidades, las cajas de compensación, sociedades de alcohólicos anónimos y congregaciones de cultos y religiones reconocidas por el Ministerio de Interior, en principio no tengan ese régimen y por lo tanto les toque tributar como empresas.
Deja abierta la puerta para que accedan al régimen si se lo piden a la Dian que las meta en ese régimen especial, demuestren que tiene un objeto social de interés general según unas categorías establecidos y bastante reducidas, y que por ningún camino le devuelvan a quienes las crean lo que aportaron ni les distribuyan los excedente de su funcionamiento.
Para eso serán publicadas en la web, con el fin de que los ciudadanos comenten si ven algo irregular, y deberán registrarse en las cámaras de comercio, lo que debería dar más transparencia.
Además pone límites a lo que pueden gastar en sus directivos o a lo que le pueden contratar a familiares o empresas de familiares de ellos, permite sacar entidades del régimen especial cuando sus directivos sean condenados penalmente por corrupción o les declaren la caducidad de un contrato público, y establece sanciones por abusar de esas entidades.
Y segundo, hoy quienes le donen a esas entidades puede restar de su declaración de renta toda la donación; ahora solo podrán deducir el 20 por ciento de lo donado, lo que mantiene algún incentivo a ayudarles pero mucho menor.
Quién gana, quién pierde:
Este endurecimiento debería ayudarle a la Dian a fiscalizar a estas entidades y eventualmente a aumentar su recaudo de renta, por lo que saldría beneficiada.
Perderían las entidades sin ánimo de lucro que sean parapetos para evadir impuestos, pero también las que tengan problemas para seguir recibiendo donaciones y las que son manejadas de tal forma que no logren formalizarse.
Cuál es su beneficio social:
En principio, al encontrar dineros que en la práctica tienen ánimo de lucro pero que están capando impuestos de forma inequitativa e ilegal, estas herramientas podrían ayudar a hacer más sincera y transparente la economía y a nivelar el terreno entre sociedades que pagan impuestos y entidades sin ánimo de lucro que les compiten pagando menos.
Además, al limpiar el panorama de las entidades sin ánimo de lucro puede ayudar a que las que realmente lo son tengan más visibilidad.
Más dientes, incluso para esquemas tipo Panama Papers
Qué es:
Uno de los grandes esfuerzos de la reforma es darle más dientes a la Dian para investigar y castigar a los evasores, que llega incluso a crear un nuevo delito llamado “Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes”, que aplica para evasión por más de 5 mil millones de pesos de hoy y daría cárcel por entre 4 y 9 años y multa por el 20 por ciento del valor de la evasión.
Además de esos dientes evidentes, el proyecto trae muchas otras normas que ayudarían a evitar esos problemas.
Una es crear un tope a lo que una empresa puede restarle a su renta diciendo que pagó en efectivo, en buena medida porque ese es un camino mucho más fácil para evadir que con transacciones por el sector financiero.
El máximo en 2018 sería del 50 por ciento de los costos y deducciones (lo que se resta a los ingresos al calcular el impuesto), 3 mil millones de pesos o el 85 por ciento de todo lo que pagó, lo que sea más bajo; e iría incrementando hasta el 35 por ciento de los costos y deducciones, unos 1200 millones de precios de hoy o el 40 por ciento de todos los pagos en 2021.
Además, no aceptarían pagos individuales en efectivos de más de 2 millones de pesos.
En una medida parecida, permitiría a la Dian no aceptar costos y deducciones por gastos en el exterior cuando una sola persona recibe más de la mitad de esos montos o si se hacen a paraísos fiscales.
Otra decisión es que la reforma crea la obligación de revelar la planeación tributaria agresiva, es decir, los esquemas más “creativos” para crear ventajas tributarias. Es decir, para eludir impuestos o algo muy similar. Para ello, quien se inventa esos esquemas (los abogados o contadores) quedan obligados a revelarlas y, de no hacerlo, puede revisar en cualquier momento la declaración del que se inventa el esquema y quien se beneficia de él, es decir, un riesgo permanente de tener que pagar más impuestos.
Además, crea un régimen especial de entidades del exterior en la que colombianos tengan 10 por ciento o más (incluyendo si no tienen acciones sino que tienen una opción de compra sobre ellas) o que queden en un paraíso fiscal. La renta de esas entidades entra a la declaración del colombiano, de forma proporcional.
Un último ejemplo es que aumenta los pisos o techos de varias sanciones, como la que se aplica cuando no se envía información o las que se deben a la violación del régimen de precios de transferencia (las operaciones entre una empresa colombiana y su casa matriz o filial en el exterior, que obliga a enviar informes especiales).
Quién gana, quién pierde:
Este tipo de medidas buscan que gane todo el sistema, empezando por el Estado que recaudaría más y pasando por los contribuyentes que sí pagan, pues entre más se combata la evasión, menos necesidad de clavarlos a ellos con más impuestos.
Los que pierden con ella son los contribuyentes que eluden o evaden impuestos, y los abogados y contadores que les ayudan.
Cuál es su beneficio social:
Si estas medidas funcionan, la sociedad podría tener menos tasas de impuestos, porque pagarían más personas. E incluso si no ocurre eso, al evitar que algunas empresas compitan con la ventaja de pagar menos impuestos o no hacerlo a punta de buscar los huecos o trampas, podría mejorar toda la economía.
Menos huecos
Qué es:
La reforma tiene un ejercicio grande para reducir regímenes especiales o huecos. Como muchos de ellos son muy técnicos, no es fácil explicarlos, pero algunos ejemplos son claros.
Por ejemplo, queda claro que cuando una persona crea una fiducia para ser el beneficiario de ella, debe declarar lo que está en esa fiducia como si fuera propio.
Otro caso es la tarifa de renta de las empresas que están en zona franca, que siguen teniendo un tratamiento especial pero menos: pasa de ser del 15 por ciento a ser la tarifa general menos 10 puntos (lo que equivaldría a 24 en 2017, 23 en 2018 y 22 de ahí en adelante).
Otro caso es un contrato llamado cuentas en participación, que se parece a los consorcios y las uniones temporales pero no tenía las mismas obligaciones de transparencia, u otro más pequeño es que los terneros vendidos en el primer año de vida no daban lugar a pagar renta, pero los demás animales sí.
Y esos son solo algunos ejemplos porque hay otros sobre transacciones en las que se venden varios bienes o servicios distinto o el precio al que se venden las acciones.
Quién gana, quién pierde:
Con estas medidas pierden los que más usan este tipo de atajos legales para reducir los impuestos. Y ganan, como en el punto anterior, la Nación y los contribuyentes juiciosos.
Cuál es su beneficio social:
Una de las políticas fiscales más criticadas es la de subir las tarifas de impuestos y crear muchas exenciones y beneficios, porque así se termina desnivelando la carga contra los que no pueden acceder a esas ventajas, ya sea porque no saben que existen o porque no les aplican. Al final, como ha ido pasando en Colombia, eso termina con algunos pocos pagando mucho, y otros muchos pagando poco.
Por eso, al ir quitando huecos y beneficios, se ayuda a nivelar las cargas.
Bonus: incentivos para el posconflicto (si es que llega)
Qué es:
La reforma crea las zonas más afectadas por el conflicto armado, Zomac, que definirán el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio –ART - . Con el fin de activar la economía en ellas, crea unos incentivos tributarios a las empresas que se instalen en ellas, con excepción de las grandes concesiones portuarias, las mineras y las de hidrocarburos.
En todos los casos, se trata de que las nuevas sociedades que inicien actividades en ellas entre 2017 y 2027 pagarán menos impuesto de renta. Si son micro o pequeñas empresas, no pagarán nada de renta hasta 2021, pagarán el 25 por ciento de la tarifa usual entre 2022 y 2024, y luego pagarán la mitad; para empresas medianas y grandes, será la mitad entre 2017 y 2021 y el 75 por ciento entre 2022 y 2027.
La duda es si ese incentivo es suficiente para reactivar la economía en regiones históricamente golpeadas, y seguramente solo funcionaría si viene acompañada de seguridad, justicia, servicios públicos y demás elementos que se necesitan para que haya quién se le mida a hacerlas.
Quién gana, quién pierde:
Esta propuesta tendría dos grandes ganadores: las empresas que le apuesten a instalarse en esas zonas y los pobladores de ellas, pues si el incentivo funciona tendrían nuevas fuentes de empleo.
Cuál es su beneficio social:
Si la política funciona, tendría un impacto importante en crear empleos que le podrían quitar manos a la guerra, y riqueza que podría competirle a la del narcotráfico o la minería ilegal. En esa medida, si funciona podrían ayudar a sacar a esas regiones, y al país entero, del círculo vicioso de la violencia y la ilegalidad.
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