Celebramos que el fiscal, Néstor Humberto Martínez, esté mostrando eficiencia en la lucha contra la corrupción. / Foto: Gustavo Torrijos - El Espectador
Si el desvío del dinero público queda en la impunidad, es imposible construir una mejor sociedad.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, está cumpliendo su promesa de poner los reflectores de la Fiscalía sobre todos los actos de corrupción y sus primeros hallazgos son desoladores. Los resultados de las investigaciones en La Guajira llevaron a la captura de 20 personas y la imputación de otras 21 y a entender un poco más lo que está pasando en el segundo departamento más pobre del país —detrás del Chocó—.
Mientras el país debate una reforma tributaria que busca llenar los vacíos causados por la época de vacas flacas, algo que ha quedado en evidencia es todo lo que se pierde por la corrupción. No basta con ser un país de recursos escasos, sino que, además, entre lo poco que hay por repartir, mucho se pierde en la burocracia ilegal. Por eso, Martínez desde el principio les declaró la guerra a los corruptos, y desde este espacio hemos compartido esa preocupación: si el desvío del dinero público queda en la impunidad, es imposible construir una mejor sociedad.
La Guajira es tal vez el ejemplo más indignante de lo que ocurre cuando la corrupción se sistematiza. Según las investigaciones de la Fiscalía dadas a conocer esta semana, se encontraron pruebas de que un grupo de funcionarios públicos, contratistas y particulares lograron desfalcar al departamento en todos los sectores: salud, educación, alimentación, atención a la primera infancia, obras públicas, entre muchos otros.
Por ejemplo, en los contratos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se presentó un peculado por $1.400 millones, y facturas falsas con las que se habrían cobrado $500 millones por contratos. En otro caso, el ente investigador determinó que se presentaron irregularidades en la ejecución del contrato de construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Alcantarillado y Acueducto del corregimiento de Camarones, que tuvo un valor superior a los $12.102 millones. Se pudo establecer que la inversión efectuada por la Alcaldía no correspondía a las obras construidas por el contratista. También se encontró que la facturación falsa en la construcción de megacolegios le causó un detrimento al departamento por $22.000 millones.
Según el fiscal Martínez, lo ocurrido en La Guajira puede convertirla en un departamento fallido y “compromete la responsabilidad de dirigentes públicos, empresarios, miembros de la comunidad wayuu e inclusive funcionarios judiciales”.
Celebramos el actuar contundente de la Fiscalía y esperamos que los procesos judiciales iniciados permitan seguir desmantelando las redes burocráticas que permiten que esto ocurra. En este sentido, el gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez, ha librado una lucha valiente para sacar a la luz todo lo que venía siendo ocultado durante años.
También es bienvenida la atención del ente investigador en otros departamentos con problemas, como Arauca y el Cesar. Si este impulso se mantiene, el actuar decisivo de las autoridades se convertiría en la disuasión necesaria para que los ciudadanos de esos territorios empiecen a recuperar la gobernanza y el cuidado de sus recursos públicos. Ojalá el mensaje se empiece a replicar en todo el país: no hay tolerancia para los corruptos.
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