Varios personajes la recibieron con las patas. Desde antes de su presentación, como los actores del teatro griego –cuya máscara ya revelaba el sentido de sus palabras–, recitaron predecibles parlamentos como: “porque la reforma afecta mi gremio, me opongo”; “porque soy de la oposición, me opongo”; “porque quiero mermelada, me opongo”; “porque hago política presumiendo de progresista, me opongo”, y así sucesivamente. Esto, aunque comprensible, no es serio.
Por encima de estas voces interesadas, es necesario que, pronto, se dé un debate amplio para entender la iniciativa y, sobre todo, su justificación. Es necesario discutir preguntas como: ¿Es indispensable la reforma? ¿Se puede posponer? ¿Se pueden incrementar otros impuestos en lugar de los que propuso el gobierno? ¿Por qué no se baja el gasto en lugar de subir los impuestos? ¿Por qué no se reduce la corrupción antes de aumentar los tributos?
Las respuestas a estos interrogantes, a mi manera de ver, son los siguientes:
(i) Después de la caída de los ingresos petroleros y la terminación de la vigencia de varios impuestos temporales, la reforma es absolutamente indispensable. Se deben conseguir recursos permanentes por un monto superior al 2% del PIB por año. Sin ellos, el déficit fiscal subirá peligrosamente y se comprometerá el crédito internacional y la estabilidad económica del país.
(ii) Como se necesitan nuevos recaudos desde 2017, la reforma no puede aplazarse más. Debe aprobarse en las próximas semanas.
(iii) Los impuestos a las empresas colombianas son demasiado altos (más altos que los de los países semejantes a Colombia) y están afectando la competitividad, la inversión y el empleo. Deben reducirse los impuestos corporativos y elevarse los tributos a las personas. La reforma contempla que se graven los dividendos de los dueños del capital y se incremente el IVA del 16 al 19%. Un IVA de este nivel es perfectamente normal en comparaciones internacionales.
(iv) El gasto del gobierno ya se ha reducido, pero este esfuerzo ha golpeado desproporcionadamente la inversión pública. Sin la reforma tributaria, la inversión del gobierno habrá caído en más del 60% entre 2014 y 2017, a niveles peligrosamente bajos. Por otra parte, para conseguir un monto de dinero como el que se obtendría con la reforma, sería necesario despedir a decenas de miles de empleados públicos, algo no sólo imposible sino inconveniente.
(v) La corrupción desvía y consume recursos en todas partes: municipios, departamentos, justicia, seguridad, obras públicas, fuerzas armadas, educación…. Es por ello que la corrupción no puede reducirse de un golpe, en un año, para reunir todos los dineros requeridos para financiar al gobierno. Pero hay que actuar, no sólo hablar contra la corrupción. Para comenzar, se debería conformar una misión, como la que impulsó con éxito la presidenta Bachelet, liderada por Eduardo Engel, semejante a la que ahora está convocando PPK en Perú.
Es necesario que se dé una discusión abierta y desprevenida sobre la reforma. Es conveniente que, además de los intereses creados, se puedan escuchar las voces de quienes defienden el interés común. La reforma, con los necesarios ajustes y graduaciones que surjan de las discusiones, debería aprobarse para eliminar, de una vez por todas, una de las fuentes de incertidumbre sobre el futuro económico del país.
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