Uno de los cambios institucionales más profundos de los últimos años ha sido la exitosa cruzada de los municipios y departamentos, con el apoyo de las Cortes, para incidir en la aprobación o rechazo de los proyectos mineros y petroleros en sus territorios.
Varias consultas populares ya han decidido que algunos municipios se mantendrán “libres” de minería o petróleo; Ibagué adelanta los preparativos para prohibir la minería y Caquetá, el petróleo.
En ese movimiento se manifiesta la hostilidad de ciertas comunidades frente a la economía extractiva. Detrás de ese rechazo existen preocupaciones legítimas sobre los proyectos –como sus impactos ambientales, el cambio en el uso del suelo y la disrupción de la vida local—; planteamientos políticos e ideológicos; y, a veces, maniobras de personas o grupos que tratan de lucrarse de los intereses en juego. Hay, además, otro factor fundamental.
El régimen de regalías se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo minero y petrolero. Las comunidades locales aprecian con claridad los costos de estos proyectos, pero tienen cada vez menos evidencias de los beneficios que obtienen de las regalías con las cuales el Estado debería compensarlas por la explotación de los recursos situados en su territorio.
Tres razones interrelacionadas explican este hecho:
(i) Las comunidades saben bien que no hay una relación directa entre regalías y reducción de su pobreza y aumento de su nivel de vida. En muchos casos, municipios y departamentos receptores de miles de millones de pesos están igual o más miserables que antes de la avalancha de regalías. Aunque se sabe que esto ocurre por culpa de los políticos y contratistas que roban sin mesura, si piensan que esto va a seguir así, ¿qué razones tienen los habitantes locales para apoyar los nuevos proyectos?
(ii) La última reforma, la que distribuyó la mermelada en toda la tostada, unida a la caída de los precios internacionales, causó un desplome de las regalías que van a los municipios y departamentos productores de petróleo y minerales. En estas condiciones, los políticos locales, antes aliados interesados, ya no tienen razones para convencer a sus comunidades de apoyar los proyectos extractivos.
(iii) Las complejas normas sobre el uso de los recursos se centran en los alcaldes y gobernadores, y excluyen a los vecinos y comunidades directamente afectados por los proyectos.
Ante el cambio en las relaciones de poder entre la Nación y los territorios en lo que se refiere al subsuelo, no tiene sentido que se mantenga inalterado el obsoleto régimen de regalías que no beneficia a las regiones productoras y desincentiva la producción. Sin una reforma efectiva, tanto la actividad minera y petrolera como todas las regalías, las de productores y no productores, disminuirán en el mediano plazo. Esta reforma debería ser una de las prioridades de todos los interesados en los proyectos y el desarrollo regional.
Existe otra razón más para repensar este asunto. Con el desarrollo de los acuerdos con las Farc en materia rural, sumados a los que, con alta probabilidad, harán parte de lo que se pacte con el Eln, seguramente se elevará el poder de los grupos locales para incidir en la explotación de los recursos naturales. Hay que reformar las normas que impiden que la población de las zonas productoras se beneficie de las regalías.
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