Vamos más allá de los acuerdos de La Habana por una verdadera paz con justicia social.
Caracterizados voceros de la sociedad civil colombiana hemos decidido constituirnos en Consejo promotor de una Asamblea Nacional Constituyente a través de la cual se puedan diseñar las nuevas instituciones que hagan realidad la anhelada paz con justicia social. En este sentido nos permitimos hacer el anuncio al resto de la sociedad civil y a la comunidad internacional en general, para que nos acompañen en este propósito.
Para enfrentar la profunda desigualdad social que aqueja al país, es necesario hacer cambios estructurales que modifiquen las relaciones de propiedad y distribución de la riqueza, que afectan fundamentalmente a la población más pobre que no cuenta con plenas libertades democráticas, ni derechos fundamentales como el trabajo, la tierra, la salud, la educación, la vivienda y los servicios públicos, que les son negados o recortados, configurándose una profunda desigualdad social.
En desarrollo de nuestro propósito, asumimos el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la ONU, como uno de los objetivos de la constituyente:
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana… y que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”…
En desarrollo de este mandato de toda la humanidad, se hace imperioso ir más allá de los acuerdos de La Habana en el tema de los derechos humanos, en principio, para que las víctimas de la violencia en Colombia tengan de verdad, derecho a la reparación, a la justicia, a la verdad y a la no repetición; y para que la sociedad civil, toda, tenga una verdadera paz con justicia social: esto es, con más derechos humanos.
La sociedad civil, titular de la soberanía y del poder constituyente, mira positivamente la iniciación del diálogo para la cesación del conflicto armado con el ELN, y esperamos que uno de sus primeros frutos sea el cese bilateral del fuego… Observamos también con optimismo que este grupo beligerante haya manifestado que, durante todo el proceso, se hará acompañar de la sociedad civil. De nuestra parte estaremos acompañando ese proceso y expresando nuestras opiniones con toda libertad y autonomía; haciendo sentir nuestra voz, para señalar nuestras coincidencias y nuestras divergencias. Lo que sea ampliación de derechos y libertades democráticas lo apoyaremos; lo que signifique vulneración, retroceso o privación de derechos, lo rechazaremos.
La sociedad civil, dueña del poder constituyente, denuncia ante la opinión pública internacional y nacional, la estrategia del santismo y del uribismo, de impedirle al pueblo colombiano reunirse en una Asamblea Constituyente, amplia y democrática, que cuente con la participación mayoritaria de las organizaciones sociales, con el fin de abrirle camino a la paz con justicia social desde abajo, como el instrumento idóneo de una verdadera reconciliación.
Coincidimos con el ELN y otros sectores que han afirmado que no le hace bien al país, ni al proceso de paz, que los resultados del plebiscito sean canalizados por la clase en el poder para zanjar sus diferencias y darle continuidad a un sistema político perversamente excluyente, el cual, sin duda alguna, debe modificarse por ser causa principal de la violencia y del conflicto sociopolítico que hemos tenido en nuestra historia reciente.
El Consejo por la Constituyente que acabamos de constituir, con el fin de impedir esta nueva exclusión, le informa a la comunidad internacional y a la nacional, que será interlocutor activo en la búsqueda de la verdadera paz, y que no escatimará ningún esfuerzo para dialogar con todos los actores armados (ELN, FARC, EPL) y con el propio Estado, y especialmente con las organizaciones de la sociedad civil, porque tiene claro que el derecho a la paz, fundamental e irrenunciable que tenemos todos los colombianos, es superior y no está condicionado ni supeditado al mantenimiento del orden público que tiene el gobierno nacional.
Se dice que cuando los bandidos pelean, los honestos salen ganando por la razón evidente de que cuando mienten dicen al mismo tiempo la verdad: mienten, respecto de lo que dicen de ellos, y dicen la verdad, respecto de lo que afirman de los contrarios. Así podemos colegir que Uribe miente, cuando dice que no hizo trampas en el plebiscito, y dice la verdad, cuando afirma que Santos también las hizo. A su vez, el presidente Santos dice la verdad, cuando afirma que Uribe hizo trampas, y miente, cuando declara que él no las hizo… Como miente también las Farc, antes y después del plebiscito, cuando dijo que aceptaba el resultado del mismo y ahora no lo acepta.
Para los abstencionistas --o quienes votamos por la constituyente en el plebiscito--, resulta profundamente paradójico que muchos de los que votaron por el sí o por el no, en el plebiscito, y nos daban lecciones de democracia, ahora, ante la crisis que crearon ellos mismos, propongan como fórmula soluciones antidemocráticas de espaldas al pueblo soberano y constituyente, excluyendo a las mayorías, cuando la solución es precisamente la contraria; inyectarle más democracia a la famélica democracia colombiana.
No puede ser que la cúpula de la oligarquía colombiana (Uribista y Santista), resuelva la crisis, sino el pueblo colombiano, pues, como dijera Sieyes, el principal teórico de la Revolución Francesa, frecuentemente citado por nosotros:
El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre consultado, como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo todos los ciudadanos, debe serlo, a través de una representación extraordinaria… Esta representación extraordinaria, obra en virtud de mandato extraordinario y puede tener el poder constituyente.
Este principio se encuentra plasmado en nuestra constitución: “Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”...
Más allá de los acuerdos de La Habana
El árbitro supremo --el pueblo colombiano--, tiene que dejar de lado a Uribe y a Santos e ir más allá de los acuerdos de La Habana, para conseguir los derechos que éste no contempla.
Santos y Uribe defienden el mismo modelo económico; ambos han realizado una guerra sin cuartel contra los derechos del pueblo; ambos han sido amanuenses de poderes y gobiernos extranjeros en contra de los intereses de los colombianos.
Los acuerdos de La Habana tampoco cambien el modelo económico sino que, por el contrario, lo perpetúa; no defiende la soberanía nacional; no le da a las víctimas de la violencia sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, ni la garantía de no repetición; no le da a los colombianos la verdadera paz con justicia social ni la paz con la naturaleza, pues, no contempla la preservación del medio ambiente, ni contienen esos acuerdos dizque de paz, algo tan fundamental: la lucha contra la corrupción y el desempleo. Tampoco se refieren a reformas tan necesarias como la urbana y del sistema financiero; la reforma del congreso, de la Justicia, de la educación y lasalud. La redistribución de la riqueza y la lucha contra todas las formas de discriminación incluidas la sexual y la racial.
En los acuerdos de la Habana brillan por su ausencia la libertad e igualdad de los colombianos; la creación del estado autonómico o federal; el derecho a la vivienda para todos, etc.
No podemos dejar que estas ideas, en síntesis: Paz con justicia social y democracia política y económica, desaparezcan del debate social y político, y por estas razones y por estos derechos, es que tenemos que ir más allá de los acuerdos de La Habana, a debatirlos y a plasmarlos en una asamblea constituyente.
Ese diálogo, tiene que pasar por el diseño de las nuevas instituciones que den más derechos al pueblo colombiano, para que este no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…
De ahí que reiteremos que el escenario natural para realizarlo es la Asamblea Nacional Constituyente, que debe ser convocada inmediatamente y exigida en todos los escenarios públicos o privados.
El Consejo por la Asamblea Nacional Constituyente que hemos constituido, está abierto para que otros sectores interesados en la propuesta, participen, y juntos la hagamos realidad.
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