Proyecto que presentó el Gobierno para acabar la reelección empezó en medio de un intenso debate.
La necesidad de eliminar la reelección presidencial inmediata llevó al gobierno de Juan Manuel Santos a presentar esta semana una reforma del Estado que busca restablecer el equilibrio de poderes, y en la que ahondó en temas que tocan el funcionamiento de las tres ramas del poder público: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial.
Al tocar aspectos tan sensibles como la organización y las funciones del Estado, no solo se ha generado un debate en torno al contenido de la reforma, sino que se ha abierto una serie de interrogantes que el Ejecutivo tendrá que responder en el trámite de la iniciativa en el Congreso.
Tal vez el principal cuestionamiento sería –por ser el espíritu de la reforma– el qué tanto se restablece el equilibrio de poderes.
Argumentos a favor y en contra hay muchos. Y el propio ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que esta iniciativa está abierta al debate político y ciudadano. (Lea también: Las críticas de Alejandro Ordóñez a la reforma del Estado).
La mayoría de los sectores políticos, incluidos los de oposición, como el Polo, coinciden en que el fin de la reelección sería un avance necesario para recuperar la armonía institucional. A este aspecto solo se opone el uribista Centro Democrático.
Alejandra Barrios, de la Misión de Observación Electoral (MOE), afirmó que “con la eliminación de la reelección se empieza a volver a ajustar el Estado otra vez con la Constitución de 1991”.
El primer debate se abrió a causa del tribunal de aforados, instancia que investigaría a magistrados de las cortes, al Fiscal, al Procurador y al Contralor. Lo conformarían siete miembros, elegidos por el Congreso, que, a su vez, tendría jurisdicción penal y disciplinaria sobre ellos.
Sería un tribunal que estaría por encima de las altas cortes y, a juicio de expertos, casi blindado por la poca efectividad procesal que ha mostrado el Legislativo a través de la Comisión de Acusación de la Cámara. Su creación, por supuesto, no cayó bien en sectores judiciales.
Algunos magistrados han dicho, en privado, que lo que más les molesta de lo que muchos llaman el ‘supertribunal’ es que tenga origen político, pues nacería en el Congreso. En todo caso, se revivirá la cooptación para la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Así, los propios magistrados podrían elegir a sus reemplazos.
En materia judicial también se le pondría punto final a la puerta giratoria para los magistrados (saltar de una corte a otra al final de su periodo) y se les quita la facultad de participar en la conformación de ternas para elegir Contralor y Procurador. Así, dijo el Gobierno, se despolitiza la justicia.
Esos dos cargos en particular serían elegidos por el Congreso. El Contralor sería elegido en un concurso de méritos organizado por el Legislativo, y el Procurador sería ternado por el Presidente y escogido por el Legislativo.
La facultad dada a la Casa de Nariño para que eligiera a los ternados para el Ministerio Público generó polémica. El procurador Alejandro Ordóñez calificó la medida como “involución constitucional”, y el presidente del Senado, José David Name, dijo que es “inconveniente”.
Además, los legisladores ya no tendrían la inhabilidad que hoy les impide ser ministros, embajadores, alcaldes o gobernadores.
El exmagistrado y exsenador Carlos Gaviria dijo: “Este punto sinceramente no me gusta, porque eso se traduce en un engaño al electorado, ya que el elegido podría dejar, sin inhabilidad, su cargo e irse al Gobierno”.
Pero el ministro Cristo aseguró que bienvenido el debate, porque “los partidos fuertes hacen un Congreso fuerte y eso ayuda a recuperar el equilibrio”.
El Gobierno tiene dos retos inmediatos. Por un lado, consolidar el consenso en torno de la propuesta (hay acuerdos para eliminar el voto preferente, la reelección, la Judicatura y la puerta giratoria de los magistrados, entre otros) y, por el otro, sacar adelante una iniciativa que no se convierta en un intercambio de favores, sino en la base de la armonía institucional de Colombia.
Buscan unificar mandatos
Cobijaría a presidente, gobernadores y alcaldes
Cobijaría a presidente, gobernadores y alcaldes
Si bien no quedó incluida en la reforma del Estado, que se radicó esta semana en el Congreso, el presidente Juan Manuel Santos revivió la posibilidad de unificar los periodos de alcaldes y gobernadores con el del Jefe de Estado. Anunció que su equipo de gobierno trabaja en un proyecto de reforma constitucional con ese propósito. “
La promesa que hice en la campaña, de buscar la forma de unificar los periodos de los alcaldes y gobernadores con el del Gobierno Nacional, se discutió nuevamente debido a las dificultades prácticas que tienen los alcaldes y el Gobierno para ejecutar el plan de desarrollo, por temas como la ley de garantías”, dijo el jueves.
Esta iniciativa abre interrogantes sobre cómo aplicarla y desde cuándo. Los actuales alcaldes y gobernadores terminan periodo el 31 de diciembre del 2015, mientras que el del Presidente culmina el 7 de agosto del 2018. La pregunta es si se les ampliaría el cargo a los mandatarios regionales o si se les permitiría una sola reelección inmediata por 2 años, para que terminen el mismo año que el Presidente.
La promesa que hice en la campaña, de buscar la forma de unificar los periodos de los alcaldes y gobernadores con el del Gobierno Nacional, se discutió nuevamente debido a las dificultades prácticas que tienen los alcaldes y el Gobierno para ejecutar el plan de desarrollo, por temas como la ley de garantías”, dijo el jueves.
Esta iniciativa abre interrogantes sobre cómo aplicarla y desde cuándo. Los actuales alcaldes y gobernadores terminan periodo el 31 de diciembre del 2015, mientras que el del Presidente culmina el 7 de agosto del 2018. La pregunta es si se les ampliaría el cargo a los mandatarios regionales o si se les permitiría una sola reelección inmediata por 2 años, para que terminen el mismo año que el Presidente.
EL TIEMPO
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