Se ha impuesto la costumbre, tal parece, de que algunos de nuestros exfuncionarios, ante alguna movida investigativa o judicial en su contra, tomen un avión y se vayan del país.
No confían en nuestras instituciones, en nuestro Estado de derecho. Y, como sacado todo de una caricatura, no lo ven legítimo, muy a pesar de que fueron parte de él, por demás, en su más alta esfera. La última protagonista de esta despreciable actitud es la controvertida Sandra Morelli, quien, no habiendo siquiera terminado sus funciones como contralora general de la República, tomó un avión rumbo a Italia el sábado en la mañana.
La apresurada fuga de la excontralora se dio en el contexto de una imputación de cargos por parte de la Fiscalía por supuestas irregularidades en el arriendo de la nueva sede de la Contraloría. Y, claro, fue explicada luego en un comunicado que envió desde lejos, ya con valentía renovada y palabras de corte jurídico: no vuelve “hasta que tenga garantías procesales”. Y porque “las investigaciones que cursan en la Fiscalía carecen del respeto a mi derecho de defensa, debido proceso, presunción de inocencia y derecho de contradicción y están viciadas por completo de objetividad e imparcialidad”. O sea todo: todo lo que existe en el derecho procesal para proteger a un ser humano.
En otras palabras, lo que esta alta exfuncionaria nos quiere decir a los ciudadanos, su buen mensaje, es que en Colombia no hay justicia ni hay por qué confiar en ella. Y que, por tanto, a falta de una justicia imparcial (que en su caso reside, según ella, en las discusiones públicas e institucionales que tuvo con el fiscal general, Eduardo Montealegre), existe una salida válida que es irse lejos. Y ya. Desconfiamos bastante de las nuevas palabras de Morelli: “no estoy huyendo de la justicia”. Y decimos “nuevas”, porque a este diario le dijo en otras ya “viejas”, el pasado domingo no más, que no se iría del país.
Morelli se suma a una lista de figuras públicas que han hecho exactamente lo mismo, erosionando la legitimidad institucional: Luis Carlos Restrepo, excomisionado de Paz, quien se fue en 2012 luego de que le imputaran cargos por la falsa desmovilización del frente Cacica Gaitana de las Farc; María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, salió a Panamá en 2010 y ya se solicitó su extradición para que responda en el caso de las chuzadas, y Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, condenado por la Corte Suprema de Justicia en el caso de Agro Ingreso Seguro, alargó sus supuestas vacaciones familiares en Estados Unidos, donde ha pedido asilo.
El mensaje de estos hombres y mujeres de la patria a la ciudadanía, y al mundo, es nefasto: ¿Colombia es un país sin una justicia imparcial? ¿Que persigue políticamente a quienes piensen en contra de “un régimen”? Absurdo. Nadie va a negar que la justicia puede desviar su camino, cometer errores, ni que hay funcionarios con intereses de por medio, pero a la vez hay herramientas fuertes y con respaldo para enderezar ese camino por las vías legales. El descrédito institucional del que hacen mofa todos estos personajes en su huida, alegando que no pueden defenderse, es despreciable. Y es despreciable por el mensaje tácito que envían: la justicia es para los de ruana. Quien tenga visa y dinero puede eludir la justicia, simplemente porque le parece que es injusta. Los demás, que se aguanten la injusticia. Ahí están nuestros líderes con su ejemplo.
Ante semejante burla a nuestras instituciones, la Cancillería debería recargar baterías y enfilar sus cuerpos diplomáticos para defenderlas. No puede ser que Colombia sea tan colaboradora, extraditando a pedido inmediato a gente que en otros países necesitan, y que estos fugitivos vayan a esos países y escapen de los brazos de nuestra justicia.
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