Reforma pensional

Portafolio.co, agosto 31 de 2011

Los subsidios monetarios destinados a las pensiones de los colombianos son fuertemente regresivos, beneficiando a los ciudadanos con mayores ingresos y desincentivando el ahorro de las personas.

Es necesario incrementar las condiciones que estimulen la formalización de las pequeñas empresas.

Hace unos días el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, presentó un proyecto de presupuesto por 165 billones de pesos al Congreso de la República. El funcionario destacó que de este monto, el gasto más grande se lo llevarían las pensiones, con más de 23 billones de pesos, recursos que pudiesen estar siendo invertidos en otros sectores fundamentales para el país.

Con lo anterior se ratifica uno de los problemas que se mantuvo a pesar de los aportes que trajo la Ley 100 de 1993; y es que Colombia se sigue viendo obligada a desplazar recursos de sectores productivos dinamizadores del desarrollo por la forma de indexación de las pensiones que hace inflexible el presupuesto.

Aún más inquietante es que los $23 billones son los resultados que se están persiguiendo bajo la estructura pensional actual que refleja un sistema que aún carece de buena cobertura y requiere avanzar en equidad.

Los subsidios monetarios destinados a las pensiones de los colombianos son fuertemente regresivos, beneficiando a los ciudadanos con mayores ingresos y desincentivando el ahorro de las personas. Así lo demuestran algunos estudios en donde se establece que alrededor del 86,3 por ciento del gasto es capturado por los más ricos, en comparación con 0,1 por ciento para los pobres.

En cuanto a la cobertura, se deben seguir considerando mejores incentivos que no restrinjan el acceso al sistema pensional, especialmente a la población joven que apenas ingresa al mercado laboral; lo anterior se ha comenzado a abordar a través de iniciativas para el fomento del primer empleo formal con políticas que flexibilicen las contribuciones parafiscales de los nuevos empleados sin afectar su vinculación a la formalidad, como por ejemplo, descontando las contribuciones parafiscales del impuesto de renta; sin embargo, es necesario avanzar aún más drásticamente en la disminución de la carga parafiscal y extenderla a otros sectores estratégicos de la población.

Actualmente sólo el 30,8 por ciento de la población ocupada reporta estar afiliada a pensiones, mostrando una variación de alrededor del 3 por ciento, comparado con el año anterior.

Esto, sumado a los retos que aún persisten en cuanto a formalización de los mercados de trabajo, representa un grave problema para la protección de la vejez de millones de colombianos en el largo plazo.

Es necesario incrementar las condiciones que estimulen la formalización de las pequeñas empresas y en consecuencia la vinculación de sus empleados al Sistema de Seguridad Social; pese a que ya existen atractivos como la progresividad en el pago de impuestos y descuentos en trámites de registro, los estímulos aún resultan temporales e insuficientes para impactar el mercado laboral nacional.

Por otra parte, las condiciones demográficas del país, y en general de la región, están mostrando importantes transiciones que deben ser incorporadas, pues de lo contrario el mecanismo pensional resultará insostenible.

Para Colombia se espera que la tasa de crecimiento entre el 2000 y el 2025 de población mayor de 60 años oscile alrededor del 4 por ciento, tendencia muy superior a la tasa de crecimiento poblacional total, producto del descenso de la mortalidad y de la fecundidad.

El desajuste actuarial requiere realizar adaptaciones paramétricas que hagan más rigurosa la fijación de medidas tales como la edad de pensión, por lo que entre el 2000 y el 2020 los hombres y mujeres aumentarán en más de 5 años su esperanza de vida; se esperaría poder fijar lo anterior en función de los nuevos indicadores de expectativa de vida que a su vez incorporen factores de ajuste automáticos para evitar rezagos.

La protección a la vejez requiere fortalecer el ahorro de las personas, ya que el recaudo fiscal colombiano resulta insuficiente para cumplir el mandato constitucional de atención a su población mayor.

Por un lado, es fundamental hacer funcionar instrumentos como los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), dirigidos a quienes teniendo un salario inferior al mínimo no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión y así poder garantizar un ahorro de protección para esta población vulnerable.

Adicionalmente es necesario promover estrategias para aumentar la productividad de los trabajadores, lo que les permitiría acceder a mejores pensiones reduciendo la carga fiscal para atender el sistema.

Así las cosas, el país necesita una revisión detallada de los desafíos del sistema pensional en miras a la promoción de una reforma que afronte las dificultades actuales y mediantes la cual se garantice la protección de sus ciudadanos.

Mauricio Lizcano

Senador