Congreso quiere quitarle a la Contraloría caso contra magistrados

Redacción Justicia,  27 De Enero Del 2012

Enfrentamiento entre Gobierno, Judicatura y Congreso por el llamado 'carrusel de pensiones'.

La investigación fiscal contra varios magistrados y ex magistrados de la Judicatura por el nombramiento de magistrados auxiliares que terminaron con pensiones millonarias provocó una nueva tormenta entre ese tribunal, el Congreso y el Gobierno.

Mientras varios sectores se declaraban "indignados" por el escándalo del llamado 'carrusel de pensiones', la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara sorprendió con su intención de quitarle la investigación a la Contraloría General.

"Le solicito se sirva remitir a esta célula congresional todos y cada uno de los procesos que cursan en su despacho, en contra de funcionarios que gozan de fuero constitucional, toda vez que a esta comisión le compete, en virtud del mandato constitucional, para conocer de la investigación contra los referidos funcionarios", dice un oficio firmado por el secretario de la Comisión, Gonzalo Pinzón Pinzón, dirigido a la contralora Sandra Morelli.

Pinzón recibió críticas el año pasado cuando EL TIEMPO reveló que entre el 2010 y el 2011 visitó más de 50 veces despachos de magistrados de la Judicatura, con algunos de los cuales sostiene relaciones de amistad. Entre los más visitados estuvieron, precisamente, tres de los magistrados que ahora son investigados por la Contraloría: Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Ovidio Claros.

Esta situación no es nueva. Hace seis meses, cuando el escándalo por el supuesto carrusel de nombramientos en la Judicatura se hizo público, el presidente de la Sala Disciplinaria, Henry Villarraga, pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara que interviniera en el caso tras considerar que la Contraloría no era competente para adelantar esa investigación.

Sin embargo, este viernes, tras conocer el llamado a juicio fiscal, Villarraga cambió su postura y dijo que él y sus compañeros de la Sala Disciplinaria están dispuestos a responder ante el organismo de control "para responder por todos sus actos ante las autoridades competentes y dar así ejemplo".

Según el magistrado, los nombramientos que investiga la Contraloría fueron legales. Aseguró que en la Judicatura no han desconocido ninguna norma ética, pública o penal en sus actuaciones. También aseguró que la mayoría de las personas nombradas en el informe de la Contraloría no tienen aún la edad para jubilarse.

El magistrado Villarraga calificó la investigación como el producto de una "retaliación" y aseguró que fueron ellos mismos los que le pidieron a la Contraloría que aclarara las denuncias por los nombramientos.

Indignación en el Gobierno

Por su parte, el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra dijo que su posición frente a este caso es "la que tenía el Gobierno al comienzo: "El Consejo de la Judicatura ha resultado, lo digo con todo respeto, inferior a las expectativas, inferior a lo que se creyó y a lo que se concibió en la Asamblea Nacional Constituyente".

El proyecto inicial de reforma de la Justicia planteaba la eliminación total de la Judicatura. Sin embargo, en los debates la Sala Disciplinaria --la más cuestionada-- logró mantenerse, mientras que hasta ahora va en firme la desaparición de la Sala Disciplinaria. 

"Vamos a ver qué impacto tienen estos episodios, de la investigación que se desarrolle y qué sale de ahí", agregó Esguerra.

En similares términos se pronunció el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien afirmó que es "inaceptable" que ocurran hechos como el denunciado "en un país donde muchos ciudadanos carecen de pensión".

El jefe de la cartera política agregó que es necesario que se tomen acciones de fondo, por lo que el Gobierno viene estudiando una reforma al Sistema General de Pensiones que permita acabar con estos abusos en todos los niveles. Y aseguró también que no todo lo legal es ético, en respuesta a las manifestaciones de algunos magistrados de la Judicatura.

Al mismo tiempo también se pronunciaron varios funcionarios que figuran en la lista de la Contraloría como nombrados supuestamente de manera irregular y que aún siguen laborando en sus cargos.

Dos de ellos, Germán Londoño Carvajal y Joaquín Briceño, laboran como magistrados auxiliares en el despacho del magistrado de la Sala Disciplinaria Ovidio Claros y aseguraron que jamás han hecho trámites para pensionarse, pues aún no reúnen los requisitos.

Otra de las personas mencionadas por la Contraloría, Amparo Cardona Echeverri, excontralora de Palmira y de Cali, asegura que fue nombrada como magistrada en una sala de descongestión en la seccional en Bogotá y laboró durante 18 meses hasta que por problemas de salud renunció al cargo.

La magistrada María Mercedes López, por su lado, reiteró que varias de las personas que menciona la Contraloría estaban en su despacho cuando ella llegó a la Judicatura y que en otro caso la persona mencionada no supera los 45 años, por lo que está lejos de la pensión.

Augusto Ocampo, ex magistrado auxiliar de la Sala Disciplinaria, afirmó que trabajó en esa corporación durante ocho años y no fue nombrado por María Mercedes López, tal como lo dice el listado. "No llego a los 50 años y aún no he reunido los requisitos para tener pensión", señaló.