Editorial, La 'palomita' pensional

Por: Elespectador.com

La Contraloría General de la Nación, en un hecho inédito, decidió abrir investigación en contra de 21 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura (17 de la Sala Disciplinaria y 4 de la Sala Administrativa) por su presunta responsabilidad en lo que hace poco los medios denominamos el “carrusel de las pensiones”.

El Consejo Superior de la Judicatura, esa alta corte que es cuestionada por académicos, políticos y el Gobierno (recordemos que en la torpedeada y polémica reforma a la justicia se propuso, al inicio, eliminar este órgano jurisdiccional), ya respondió a los ataques diciendo que los nombramientos de magistrados auxiliares que incrementaron el monto pensional, como por arte de magia, fueron hechos acorde a la ley.

¿Qué sucedió? A raíz de una investigación, la Contraloría encontró que 67 magistrados auxiliares nominados por las salas Administrativa y Disciplinaria, durante el 2007 y hasta el 2010, ingresaron por cortos períodos de tiempo para poder aumentar su pensión de jubilación, acogiéndose a un viejo decreto de 1971, el cual manda que la jubilación sea equivalente al último sueldo devengado. Pese a que los magistrados cuentan con un fuero especial y su proceso penal debe ser revisado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (cuya eficiencia, ya se sabe, es de llorar), la Contraloría salió al paso argumentando que dicho fuero no se extiende a los juicios fiscales. E hizo bien. El detrimento a la Nación que estima el órgano de control llega a los 14 mil millones de pesos. Una cifra nada despreciable, más si se tiene en cuenta que en el entretanto miles de colombianos no tienen acceso a una pensión decente.

Los ejemplos se han hecho conocer. Está el ex magistrado auxiliar Álvaro Rojas, quien fue nombrado en su momento en el despacho de Henry Villarraga e hizo de su pensión una fortuna por trabajar durante un período de 28 días. De 4 a 13 millones con un retroactivo de 175 millones de pesos. Y como éste, varios más. El Gobierno despertó y condenó estos incidentes: Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, manifestó que “es muy grave que quienes deben administrar justicia utilicen un sistema para defraudar al Estado. Es inconcebible que se haya utilizado la figura de nombramientos discrecionales de algunos magistrados para que personas, por dos meses, hayan reajustado sus pensiones”. Así mismo, indicó que de ser una figura legal válida, no hay que confundir la legalidad de una actuación con el nivel ético de la misma. Y en eso tiene toda la razón.

Será la Contraloría la que finalmente establezca si las explicaciones que den los magistrados investigados por este carrusel tienen fundamento o no. Pero desde ya puede ser fácilmente discernible que, si los hechos encontrados se ajustan a la realidad, la actuación es en todo reprochable. No puede ser que por un trabajo de unos días o un par de meses (como consta en el listado de magistrados, nombramientos y tiempo trabajado dado por la Contraloría), y por un trabajo que no era el suyo, una persona se haga a una pensión millonaria. Los jueces responden diciendo que el informe no corresponde a la verdad, ya que “(las personas de la lista) no tienen la edad para adquirir una pensión de jubilación (…) y ya llevaban más de 10 años laborando en distintos despachos de los magistrados”.

Es obvio que a ellos les asiste el principio de presunción de inocencia. Desde estas líneas no podríamos condenarlos prematuramente si aún un organismo no se ha pronunciado; pero sí podemos darle un aplauso a la contralora, Sandra Morelli, ya que no sólo logró superar la cuestión del fuero, sino también poner las cartas sobre la mesa. Que se investigue, pues. Y que se llegue a la verdad de lo que sucede. Cifras tan abultadas no pueden pasar impunemente, como se presume, al bolsillo de unos pocos.