El fracaso del sistema pensional

Eduardo Sarmiento, Elespectador.com,  enero 22

El gobierno reveló que en el primer semestre avanzará en la elaboración de proyectos de ley para introducir reformas en los sistemas  tributario y pensional.

En anterior columna mostré cómo una reforma tributaria orientada a bajar los aportes parafiscales y reducir las tarifas del impuesto a la renta contribuiría a ampliar las desigualdades. Lo mismo puede decirse de los anuncios pensiónales.

Las reformas pensiónales apuntan a reducir los años de jubilación y el período de cotización. Las deposiciones afectarían a los sectores pobres que viven menos años y a los trabajadores de menores ingresos, en particular a los informales, que tienen menos acceso a las empresas afiliadas. En contraste, no afectaría a los Fondos Privados AFP, cuyas pensiones son independientes de los años de jubilación. Sin duda, se trataría de un nuevo golpe a la seguridad social solidaria.

Los autores del sistema pensional vigente nunca entendieron la diferencia entre el sistema solidario y el privado. En el primero, como es el caso del ISS, los beneficios del sistema se originan principalmente en el aumento del volumen y el ingreso de los nuevos cotizantes. En cambio, en el sistema privado, los cotizantes obtienen únicamente sus contribuciones incrementadas por el rendimiento financiero.

Como era fácilmente predecible, la teoría de la privatización de las pensiones no era aplicable en una economía altamente dominada por la informalidad y las desigualdades. La adopción del sistema privado fue seguida por la duplicación de las cotizaciones. Se configuró un círculo vicioso. Las altas pensiones constituyen una restricción para los trabajadores de las empresas pequeñas y medianas. Por lo demás, el bajo crecimiento del sistema redujo su capacidad de generar beneficios por encima de las cotizaciones. Para completar, se han mantenido y extendido las modalidades privilegiadas que reconocen a los magistrados de las cortes, los congresistas y servidores públicos pensiones que superan en varias veces sus aportes.

El balance resulta deplorable. La cobertura del sistema se ha mantenido cerca de 27% y es totalmente inequitativa; mientras el acceso de los estratos altos asciende a 50%, el de los bajos es de 4%. El sistema privado da lugar a pensiones que corresponden a menos de la cuarta parte del salario y no permiten siquiera garantizar la pensión mínima a la mayoría de los afiliados. El sistema público genera erogaciones que superan en varias veces los ingresos y le significan al presupuesto un subsidio de $20 billones.

Nada de esto significa que todos los individuos tengan que pasar a los fondos privados a obtener pensiones que no guardan relación con su ingreso. El sistema solidario, en los períodos en que aumentan los afiliados, puede cubrir pensiones superiores a las cotizaciones más el rendimiento financiero. Simplemente, las cotizaciones individuales se ven incrementadas por la entrada de nuevos afiliados. Así las cosas, se abre la posibilidad de un subsidio que permita pagar a ciertos grupos menos favorecidos de la población pensiones por encima de los aportes.

El recorte de los años de jubilación y el aumento de período de cotización aliviarían el desbalance del ISS, pero no lo resolverían en su totalidad y, lo más grave, lo harían a cambio de una mayor iniquidad. Lo que se plantea es una gran reforma que resuelva los desbalances financieros y, al mismo tiempo, corrija las injusticias y amplíe la cobertura. El propósito se podría lograr regresando al sistema solidario, por lo menos para las cotizaciones de menos de 1,7 salarios mínimos, estableciendo un impuesto a las altas pensiones e introduciendo cotizaciones preferenciales para los trabajadores del sector informal.