CENIZAS AL VIENTO

Alberto Velásquez M.

Puede tener razón Luis Carlos Villegas cuando insiste en lo inaplazable de hacer una profunda reforma pensional.

Reforma que aun es materia de cavilaciones en el Gobierno nacional para atreverse a presentarla y defenderla en el Congreso. O que se podría matricular en la serie de reculazos que ya es común en el actual mandato presidencial.

Recuerda el presidente de la ANDI que a medida que la esperanza de vida aumenta, la carga se hace más onerosa para el Estado, lo que hace insostenible el sistema, al absorber más gente jubilada con una base menor de cotizantes laboralmente activos.

Recuerda Villegas que con este hueco financiero comenzó la debacle europea: "cuando no alcanzó la plata, estalló la crisis".

Esta reflexión del directivo gremial, seguramente, es económicamente defendible.

Pero para que tenga legitimidad ética debe ir acompañada de una reforma justa que abarque a la totalidad de quienes están o aspiran pronto a jubilarse en las más altas posiciones del Estado, sin privilegio alguno sobre el resto de los colombianos.

El país mira con perplejidad los reajustes que se hacen a las pensiones de magistrados y congresistas en unas escalas que rompen el equilibrio de la equidad y la razón.

Cuando se creía que esos regímenes especiales se habían jurídicamente extinguido desde hace 7 años a través de reforma constitucional, ahora sentencias del Consejo de Estado los resucitan con el abuso de las tutelas.

El pago de altas sumas por retroactividades y reliquidaciones ordenado por aquel organismo -12 mil millones de pesos para los pensionados del Legislativo- excede todo signo de equidad en la redistribución del ingreso y las responsabilidades con el resto de los colombianos.

Son fallos aquellos -que se respetan en derecho- y que, si bien están amparados por jurisprudencia del Consejo de Estado para su cumplimiento inmediato, se vuelven desafiantes por el contraste que se establece con pensionados de otras entidades oficiales a quienes se les demoran años y años las reliquidaciones y retroactividades.

Derechos que no pocas veces llegan cuando se han convertido los huesos de los beneficiados en puras cenizas. Con estos amargos contrastes se rompe todo principio de equidad y de igualdad que debe regir en aquellas sociedades que cuentan con estados eficientes, justos y equilibrados.

Paralelamente al debate sobre el aumento de la edad de jubilación, se conoce que 70 magistrados de todas las cortes realizaron el año pasado cerca de 300 viajes, muchos de ellos en alegres comisiones al exterior.

No solo estuvieron en China -posiblemente analizando cómo opera la justicia en un país políticamente comunista y económicamente aperturista- sino en Las Vegas escrutando la legislación que rige en los casinos para los juegos de suerte y azar.

Mas para que la danza de incongruencias quede completa, en el Consejo Superior de la Judicatura estalla una polémica de índole burocrática. Se revelan, con enconada agresividad, no solo viajes sibaríticos de sus miembros a otros países, sino una abierta puja por el incremento de la nómina en el seno de ese organismo. La querella adquiere una verdadera pugna de comadres.

Mientras las cortes, con todos los escándalos de remunerado turismo y de pujas burocráticas, desnudan sus debilidades ante el país, jueces en apartados rincones de la nación, para administrar justicia, tienen que sacar de sus bolsillos recursos para papelería y útiles con el objeto de desempeñar dignamente su trabajo. Es la contradicción que se percibe en una justicia como la nuestra, coja, lenta y degradada por los excesos de unos y las carencias de otros. Es la fiel radiografía del desequilibrado Estado colombiano.