Injusticias pensiónales

Portafolio.co,  Mauricio Cabrera Galvis, enero 16 de 2012

Según uno de los principios centrales de la visión predominante sobre los sistemas pensiónales, cada persona tiene que ahorrar en su vida laboral lo suficiente para autofinanciarse su pensión.

Es el fundamento de los fondos privados de pensiones, donde lo que el trabajador recibe cuando se jubila es la devolución del capital, más los rendimientos que acumuló con sus cotizaciones en sus años de trabajo.

Es un principio razonable, pero unidimensional, pues sólo mira el aspecto financiero, y por lo tanto no puede ser el único que se tenga en cuenta para diseñar un sistema pensional, sino que debe tener excepciones fundadas en otros principios como los de equidad y solidaridad.

Hacer absoluto el principio de la autofinanciación puede generar situaciones de profunda injusticia, pero también hay que decir son injustas e inequitativas muchas de las excepciones que hoy existen a la aplicación de este principio.

La excepción más importante que se debe establecer es la conocida como “garantía de pensión mínina”, es decir, todo ciudadano debe tener el derecho a recibir una mesada pensional que le garantice el mínimo para sus subsistencia.

Esta garantía existe en forma parcial en el país, pues sólo se aplica a los afiliados al Seguro Social o fondos de pensiones, y hay millones de colombianos que no lo están y enfrentan una vejez en la miseria. En un Estado Social de Derecho, es una injusticia que esta garantía no sea universal y cubra a todos los ciudadanos.

Por supuesto que la universalización de la pensión mínima tiene un alto costo financiero que debe asumir el Estado como parte de su misión redistributiva y garante de la equidad.

Pero como los recursos del Estado, que son los impuestos pagados por los contribuyentes, no son ilimitados es necesario introducir ajustes al sistema pensional, como el aumento de las semanas requeridas de cotización e insistir en la formalización laboral y la exigencia de contratos de trabajo dignos.

La mejor solución al grave problema de la sostenibilidad del sistema pensional es que todos los colombianos tengan un trabajo decente. Por eso la reforma pensional debe ir de la mano con la reforma laboral.

En el extremo alto del sistema pensional también hay grandes injusticias asociadas al principio de autofinanciación de las pensiones, pero ya no por excepciones que deberían existir, sino por aquellas injustificadas que deben ser eliminadas.

Es el caso de los regímenes especiales de congresistas, magistrados y otros funcionarios públicos que reciben enormes pensiones para las cuales nunca cotizaron; más grave aún son los casos en que estas pensiones se obtienen de manera abusiva y corrupta en los carruseles de nombramientos con elevados salarios en los últimos meses del contrato laboral. Como estos funcionarios no autofinanciaron sus millonarias pensiones es el Estado el que las paga. Es una injusticia aberrante que los escasos recursos públicos se destinen a subsidiar a unos pocos ricos en lugar de usarlos para reducir la pobreza de millones.

Hacia el futuro la solución es muy simple: eliminar todos los regímenes especiales y controlar y castigar de forma ejemplar los carruseles pensiónales. Como los que ya los disfrutan van a alegar derechos adquiridos para no dejárselos quitar, hay que acudir a otra solución simple: reducir la exención tributaria que hoy tienen las pensiones altas.

Hoy sólo pagan impuestos las pensiones superiores a $26 millones mensuales. Es un tope ridículamente alto que debe ser reducido. Si sólo quedaran exentas las pensiones inferiores a 10 salarios mínimos, sólo se afectaría un pequeñísimo número de pensionados y el Estado recuperaría una parte del regalo que hoy le hace sin justificación a unos cuantos privilegiados.