La voracidad de los magistrados,

 Alberto Arce Londoño, La Crónica del Quindío, enero 29

De nuevo sale a la palestra el tema de las pensiones en Colombia, desatacándose como siempre la voracidad de quienes tienen bajo su mando las decisiones de mayor trascendencia en lo referente a su normatividad y aplicabilidad.

El denominado “carrusel de pensiones en el Consejo Superior de la judicatura, muy seguramente extensible a la mayoría de las instancias del Estado, incluidos Congreso de la República, ejército, policía nacional y el resto del sector jurisdiccional y demás altas esferas del gobierno, es la peor aberración en contra de esa mínima proporción del pueblo colombiano que a costa de sudor durante toda su vida, ha logrado en casos y en otros aspira cada vez con mayor dificultad a una pensión pírrica, sin retroactividad a la fecha del cumplimiento de los requisitos legales.

Bajo estas condiciones y otras ya antes comentadas en este mismo espacio, se hace prácticamente imposible alcanzar los tres principios fundamentales a que hacía referencia esta semana el viceministro de empleo y pensiones Mauricio Olivera al referirse a la reforma del sistema pensional que viene preparando el ejecutivo, así: Sostenibilidad financiera, cuando el aludido carrusel hace que unos pocos corruptos de las instancias atrás aludidas, aparte de apropiarse de gruesas sumas del sistema, se hacen pensionar con las más altas mesadas, por unos pocos años de labor, desangrando las arcas oficiales.

Por ende, el segundo principio planteado de la universalidad, buscando ampliar esa base del 30% de la población ocupada y que ahorra para su vejez, tampoco se logrará, al desestimular con el aumento en la edad en el monto de las cotizaciones mensuales a cargo de empresas y trabajadores, el incremento de esa base.

Obviamente, se debe insistir que la solución se encuentra en detener ese desangre ocasionado desde las altas instancias estatales, antes que seguírselo ocasionando a los más vulnerables. Pero es justo eso lo que no hace el gobierno con todas sus fuerzas de vigilancia y control, ya que a estas tampoco conviene para sus intereses particulares. Y finalmente, menos se logra el tercer principio del vice ministro, el de la equidad, que supuestamente busca a través de la solidaridad, financiar la vejez de esas personas que no están ahorrando.

En el caso concreto del CSJ, se ha hablado de 69 magistrados y ex magistrados presuntamente relacionados con el caso, de los cuales 21 fueron llamados a juicio por responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta que de 2001 a 2010, fueron nombrados varios magistrados auxiliares en la entidad, generándole al país costos por encima de los 13 mil millones de pesos. Es uno de los casos que salen a la luz pública. Pero ¿cuántos más estarán sin salir? Con absoluta seguridad, el problema no es la edad, ni las supuestas bajas cotizaciones actuales. El problema son esos corruptos insaciables.

Como lo sugiere hoy el mensaje litúrgico en la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, es preciso volver a quien es la palabra viva y posee auténtica autoridad para hacerse entender.