La iniciativa que hoy estudia el Congreso es indispensable para que Colombia siga siendo referente en la región.
Esta semana, las comisiones económicas del Congreso de la República iniciarán la votación del proyecto de ley de reforma tributaria. La opinión pública debe conocer las razones por las cuales esta iniciativa es necesaria para que nuestro país continúe por la senda de prosperidad económica y social que ha tenido en los últimos años.
Para comenzar, el próximo año desaparece el impuesto al patrimonio y se reduce a la mitad el 4 x 1.000. Al mismo tiempo, los mayores costos de extracción y transporte de crudo pesado han reducido las utilidades de Ecopetrol. Estos dos factores representarían una reducción de los ingresos del Gobierno Nacional de cerca de 12,5 billones anuales a partir del 2015. De no hacerse nada al respeto, el país estaría abocado a un reducción del 25 % en el presupuesto de inversión pública. Esta sería una pésima decisión.
En efecto, en medio de un entorno económico internacional incierto, resulta fundamental mantener un fuerte dinamismo de la demanda interna en nuestro país. Esto se logra asegurando el financiamiento de los programas de inversión pública en infraestructura y fortaleciendo programas de gran impacto social, como Colombia Mayor y De Cero a Siempre.
También es importante explicar por qué es necesaria una reforma por cuatro años. Los grandes proyectos de inversión pública requieren financiación de la Nación por más de una vigencia fiscal, razón por la cual la certeza sobre los recursos futuros es fundamental para poder iniciar programas de vías, agua potable y vivienda. Por otra parte, reformas tributarias por un solo año y con cuentagotas generan incertidumbre y frenan la inversión, dos elementos que debemos evitar a toda costa.
En la reforma del 2012 redujimos los impuestos a la nómina, con lo que se destrabó la generación de empleo formal. En la reforma que actualmente se debate en el Congreso, planteamos una senda gradual de eliminación del impuesto a la riqueza a las sociedades. Esto responde al llamado de los empresarios, que prefieren una tributación basada en utilidades a una que grava los patrimonios.
El núcleo de esta reforma se concentra en dos frentes. En lo referente a personas naturales, se propone mantener el impuesto a la riqueza con una tarifa máxima de 1,5 % durante los próximos cuatro años, pero con un alivio importante para patrimonios entre mil y dos mil millones de pesos, para los cuales la tasa se reduce a 0,125 %, la mitad de la vigente en la actualidad. Este impuesto solo impactaría a cerca de 50.000 colombianos, es decir algo más del 0,1 % de la población. El propósito de este impuesto no es otro que contribuir a la equidad.
En el caso de las sociedades, la tarifa máxima del impuesto a la riqueza se reducirá a 1,3 % en el 2015, a 1 % en el 2016, a 0,75 % en el 2017 y, como lo dice claramente la ponencia, el impuesto quedará derogado a partir del 2018. En su reemplazo se introducirá una sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad (Cree) que gravará las utilidades de las empresas por encima de 800 millones de pesos. Esta tarifa será de 4 % en 2015, 6 % en el 2016, 7 % en el 2017 y 9 % en 2018.
También vamos a revisar detalladamente el régimen fiscal aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, donde sabemos que hay un gran foco de evasión. Nuestro compromiso es presentar el próximo 20 de julio un proyecto de ley que corrija esta situación después de hacer un estudio detallado de estas entidades para proteger aquellas que verdaderamente contribuyen a la equidad.
En suma, la iniciativa que hoy estudia el Congreso es indispensable para que Colombia siga siendo referente en la región, tanto por la fortaleza de su economía como por sus logros en materia social.
Mauricio Cárdenas Santamaría
Ministro de Hacienda
Ministro de Hacienda
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