Entre los años 2004 y 2012 los ingresos de los perceptores de ganancias, intereses y renta de la propiedad aumentaron su participación en el ingreso nacional de 44,5% a 47,5%, según las Cuentas Nacionales del DANE.
La remuneración de los asalariados cayó un punto (ronda hoy en 26,3% del ingreso nacional), mientras que los ingresos mixtos o de los trabajadores informales se redujeron en 2,6% (17,3% del ingreso en 2012).
Se trata de un período de prosperidad que se extiende hasta nuestros días, pero en el que el incremento de la riqueza fue repartido de manera inequitativa en contra de los asalariados y peor para las personas que están en el sector informal, quienes conforman más de la mitad de la fuerza de trabajo.
A pesar de que hubo un aumento del salario mínimo real, los trabajadores formales perdieron participación en el ingreso que generaron. A la industria no le fue del todo mal en el período, pues creció 3% anual, pero no generó empleo nuevo y al final comenzó a contraerse. La construcción creció 6,1% anual y si su componente de finca raíz es intensivo en mano de obra, no lo es el de obras civiles, que demandó pocos trabajadores.
El desplazamiento forzoso fue la causa mayor del desbalance en el mercado laboral, pues 4 millones de personas llegaron a las ciudades en busca de cualquier ocupación. Casi todas se mantienen en la pobreza y en pobreza extrema el 74% de las mismas. El sector informal se vio afectado además por la apertura y la toma del mercado de licores y electrodomésticos por las grandes superficies, a costa de los sanandresitos. El sector se caracteriza entonces por contar con un exceso de trabajadores en actividades de libre entrada y fuerte competencia.
La economía pasó por un cambio estructural notable, al especializarse en minería e hidrocarburos, que crecieron al 6,6% anual, siendo actividades que generan poco empleo. Perdieron importancia la agricultura y a la industria. Los trabajadores agrícolas y los campesinos enfrentaron una actividad estancada que creció 1,3% anual durante el mismo período, azotados además por el conflicto interno que expropió a muchos de ellos todos sus activos.
La tributación no ayuda a mejorar la distribución del ingreso. Según Joumard y Londoño-Vélez (2013), “la tasa de impuestos en el PIB permanece baja. Los impuestos al consumo, que tienden a ser regresivos, representan la mayoría del recaudo. La progresividad del impuesto a la renta ha sido socavada por exenciones generosas que benefician fundamentalmente a los más ricos y aumentan las oportunidades de evasión tributaria”. Mientras los impuestos indirectos (IVA, gasolina y arancel) alcanzan 7,7% del PIB y castigan los ingresos de todos, el impuesto a la renta sólo alcanza 4,8% del PIB (3,8% las empresas y 1% las personas). El 1% de los más ricos percibe el 21% del ingreso nacional y es dueño del 40% de la riqueza; después de impuestos obtiene todavía el 20% del ingreso.
Según ANIF, los impuestos a la renta son excesivos para las personas de ingresos medios y altos, por lo cual sugiere aumentar el IVA del 16 al 18%, algo que está lejos de generar los ingresos que requiere el Gobierno, simplemente porque la riqueza no está ahí. La riqueza, por el contrario, la concentran los dueños del capital y de la propiedad; es sobre estos, y no sobre el consumo, que debe recaer el grueso de la tributación.
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