La Corte Constitucional tiene una oportunidad de
oro para tapar una de las venas rotas del erario: los regímenes especiales de
pensiones. La decisión le ahorraría 56.000 millones de pesos al Estado en un
solo año.
Juan Carlos Sierra / SEMANA
El magistrado Jorge Ignacio Pretelt
elaboró la ponencia del fallo que obligaría a rebajar las pensiones superiores
a los 25 salarios mínimos. El dinero que se ahorraría el Estado serviría para
asegurar las pensiones de los más pobres.
En el despacho de Jorge Ignacio Pretelt, magistrado de la Corte
Constitucional, está la ponencia para tumbar, de una vez por todas, el régimen
especial de pensiones de los congresistas. En caso de que tenga el visto bueno
de la mayoría del alto tribunal, el país se podría ahorrar por lo menos 56.000 millones
de pesos al año y derogaría una de las normas vigentes más inequitativas. Como
la decisión afectaría directamente los bolsillos de congresistas y magistrados,
entre otros altos dignatarios, la pregunta sobre si la máxima corte se dará esa
pela no deja de inquietar.
Esta es la segunda vez, en menos de dos años, que la Corte
Constitucional aborda la demanda contra el régimen pensional de los
parlamentarios. En junio de 2011, el abogado Dionisio Enrique Araújo demandó el
artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que ordena pagar a los congresistas “el 75 por
ciento del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo
concepto, perciba el congresista”. La interpretación de esa y otras normas ha
permitido que cerca de 1.000 personas entre magistrados, congresistas y otros
exfuncionarios del Estado reciban más de 25 salarios mínimos (15 millones de
pesos), el tope fijado por la Constitución. (Ver gráfico) Además de
inequitativa, pues la Constitución a través de una reforma de 2005 prohibió que
después de 2010 se paguen pensiones por encima de los 25 salarios mínimos, el
demandante sostuvo que esa ley desconoce el principio de sostenibilidad fiscal
con el cual el Estado debe tomar sus decisiones. Además, en una sociedad como
la colombiana donde una mesada de retiro es un lujo, estos montos son
escandalosos.
En mayo pasado, la sala plena de la Corte se declaró inhibida para
fallar de fondo, por considerar que la demanda no estaba bien sustentada. No
obstante, Araújo volvió a demandar y a sus argumentos mejorados se sumaron los
de otro abogado, Germán Calderón, quien también accionó. Ahora la Corte no
tendrá excusa para no fallar de fondo.
SEMANA conoció apartes de la ponencia de Pretelt. Esta no solo pretende
impedir que nuevos pensionados obtengan pensiones más altas que el tope fijado
por la Constitución, sino que busca reliquidar las pensiones de quienes ya las
obtuvieron. El documento señala que “se hace evidente la necesidad de
redistribuir los ingresos del sistema(…) para que el Estado pueda asegurar un
sistema con cobertura universal, que incluya especialmente a las clases menos
favorecidas”. En otras palabras, los dineros que se ahorren deberán entrar al
sistema para cubrir las pensiones de los más necesitados. De hecho, la ponencia
ordena al Estado aplicar las normas para que quienes no alcanzan a una pensión
sobre un salario mínimo puedan recibir “beneficios económicos periódicos”.
Es tal la magnitud del tema, que Pretelt convocó para este jueves una
audiencia pública en la que participarán altas dignidades del Estado, los
directores de los fondos de pensiones y entes de control. Esta es la segunda
vez que la Corte Constitucional hace una convocatoria semejante. La primera fue
en 2003, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe promovió un referendo para
cambiar varios artículos de la Constitución. No es para menos. Si la Corte
Constitucional aprueba la ponencia de Pretelt, la jurisprudencia daría un
vuelco y obligaría a revisar los casos en los que el Estado ha tenido que pagar
pensiones costosísimas. El efecto sería una bola de nieve que obligaría a un
debate jurídico en otros regímenes pensiónales excepcionales como el de los
militares o el Magisterio.
El problema es que los opositores cuentan con un poderoso argumento
jurídico: el monto de las pensiones es un derecho adquirido, lo que afectaría
la posibilidad de reliquidar contenida en la ponencia. No obstante, esta
postura ignora que el fisco no aguanta y que cientos de exfuncionarios
obtuvieron sus pensiones a punta de interpretaciones poco ortodoxas de la
ley.
El presupuesto de la Nación para las pensiones es de 24,9 billones de
pesos en 2013, destinadas a solo un 4 por ciento de la población (el de la
salud es menos de la mitad). Según cálculos del Ministerio de Hacienda el rubro
de las pensiones se podría duplicar anualmente en las próximas dos décadas.
Además, uno de los problemas que deslegitima el sistema pensional en Colombia
es precisamente el de las mesadas exageradas, pues mientras el 80 por ciento de
los pensionados recibe menos de 4 salarios mínimos, un poco más de 1.000 personas
se han hecho a pensiones millonarias.
El origen de semejante injusticia es curioso. El régimen de transición
nació para que los congresistas que cotizaban en 1994 y cumplían con algunos
requisitos se pensionaran con unas consideraciones especiales. Pero el Consejo
de Estado ablandó esos requisitos al resolver demandas de interesados. Fue así
como personas que han pasado un año por el Congreso o por una de las altas
cortes, han podido aumentar el monto de su retiro. Algunos incluso consiguieron
que se incluyeran en la liquidación tiquetes aéreos y viáticos. Así mismo,
quedó sin piso la premisa de que la mesada se calculaba sobre el promedio de
los últimos diez años de salario y se decidió que se podía calcular la pensión
con el salario del último año, y en algunos casos, con el del mes más alto. En
muchos casos la desproporcionada liquidación se debe a errores,
interpretaciones favorables a los jubilados y viveza. Al final, a punta de
fallos, el erario ha sufrido un desangre silencioso.
En total más de 1.000 privilegiados reciben pensiones superiores a 15
millones de pesos. La ponencia de Pretelt apunta a rebajarles, de tajo, casi 4
millones de pesos en promedio mensual. De otra manera, la sentencia no tendría
ningún efecto en las finanzas de la Nación, pues según la ley, después de 2014
no habrá más pensionados en los regímenes de transición. El problema son las
mesadas que se seguirán pagando con esos montos y que además, se prolongan en
el tiempo cuando aparece un sustituto (cónyuge o hijo menor de edad).
El equilibrio de fuerzas en la Corte Constitucional permite un moderado
optimismo en esta ocasión. Cuatro magistrados (María Victoria Calle, Nilson
Pinilla, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio) se han declarado impedidos
para estudiar el tema, pues o aspiran a una pensión bajo el régimen de 1994 o
su cónyuge la tiene. Y entre los cinco restantes hay dos magistrados nuevos,
Alexei Julio Estrada y Luis Guillermo Guerrero. Si la ponencia reúne los votos
de los cinco magistrados que no se han declarado impedidos el país daría un
paso clave hacia la equidad, al menos en un aspecto crucial como las pensiones.
El máximo tribunal es el único órgano del Estado que podría poner fin a
este oneroso desequilibrio tanto fiscal como social. El Congreso tiene un claro
conflicto de interés porque sus miembros reciben beneficios. Para cualquier
presidente es un costo político muy alto meterse con los beneficios del
Legislativo. Y las otras cortes han sido sido responsables de que perpetúe el
hueco fiscal. ¿Se le medirá la Corte Constitucional esta vez?.
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