Ahorro en pensiones millonarias alcanzaría para 3.000 jubilados

 REDACCIÓN JUSTICIA,  20 de Enero del 2013

Sandra Morelli, contralora General, señala que el Estado debe pensar en un plan de contingencia para el pago a los jubilados.

Foto: Javier Nieto/ EL TIEMPO

La contralora Sandra Morelli dice que el país no sabe el tamaño de su bomba pensional.

Esta semana, la Corte Constitucional realizará la audiencia clave para decidir si las pensiones millonarias que reciben excongresistas, exmagistrados y otros altos funcionarios no van más. La ponencia del magistrado Jorge Pretelt, como lo reveló EL TIEMPO en noviembre pasado, las mete en cintura, y la contralora General, Sandra Morelli, advierte que eso es lo que debe pasar, no solo desde lo legal sino desde el punto de vista ético y de solidaridad social.

Dice que con estas megapensiones, en Colombia el concepto de equidad se desfiguró para beneficiar a los pudientes.

¿Qué le va a decir la Contraloría a la Corte Constitucional en la audiencia del 24 de enero?

La Contraloría no puede decir nada distinto a lo que establece el Acto Legislativo 001 del 2005, que no permitía pensiones a cargo del Estado de más de 25 salarios mínimos, no se ha cumplido y que esta realidad está poniendo en serio peligro la sostenibilidad financiera del régimen pensional en Colombia, que de por sí es una utopía. Esta demanda es una magnifica ocasión para que la Corte nos dé los parámetros para el reconocimiento de las pensiones teniendo en cuenta los conceptos legales, los de equidad y la responsabilidad fiscal.

¿Cómo se llega a que jueces y tribunales concedan pensiones de $ 20 millones y más, sin los aportes necesarios y en un país en el que la mayoría no se van a poder jubilar?

La Constitución del 91 estableció en buena hora la filosofía de la equidad, en términos de que a todo el mundo se le debe garantizar la igualdad, para garantizar los postulados del Estado Social de Derecho. Pero esto apunta claramente a proteger a las personas menos pudientes, para que puedan mejorar su condición. Ni la Constitución ni la doctrina constitucional dicen por ninguna parte que ese principio de equidad social se dirija a los de mayores posibilidades económicas, que fue lo que ocurrió en el país. Ese no es el principio de igualdad.

Meter en cintura las pensiones es una 'papa caliente' que se ha pasado de mano en mano por años. ¿Cree que esta vez saldrá una decisión que le sirva al país?

En Colombia hay un régimen de inhabilidades e incompatibilidades muy claro, nadie más transparente en esa materia que los magistrados de la Corte Constitucional, algunos de los cuales se declararon impedidos. De hecho esta va a ser una decisión donde van a participar personas extrañas a la Rama (conjueces). Para todos es claro que seguir como vamos tiene dos consecuencias. Uno, darle un alcance al principio de igualdad que no es el del Estado Social de Derecho, de una protección injustificada para aquellos de mayores ingresos. Segundo, seguir por esta vía lleva a insostenibilidad financiera del sistema pensional, en detrimento de millones de colombianos pobres. Lo que ha sucedido en el mundo es que así se tengan derechos adquiridos, se han venido recortando privilegios y se han establecido unos topes, tanto mínimos como máximos. El salario mínimo es insuficiente para un pensionado que tenga que pagar salud, arriendo, sostenimiento. Pero una pensión de 25 salarios mínimos o más a cargo del Estado es un exceso, incluso en los países europeos.

¿No resulta un poco obsceno que se pague pensiones de 20 millones de pesos o más a unos pocos centenares de personas, de cara a la realidad de los que no tienen pensión o reciben un salario mínimo?

Ese es exactamente el problema. Y hay otras pensiones, como las famosas del Foncolpuertos, que no solo eran obscenas, sino delincuenciales y que en buena hora se han caído por decisiones judiciales. Acá hay un problema de fondo: no se trata de que estas pensiones hayan sido asignadas por decisiones judiciales y por eso la culpa es de los jueces. No. A eso súmele que, aparte de la Ley 100, ningún Gobierno ha presentado hasta ahora una propuesta seria en materia pensional que ponga las reglas claras, que enfrente el problema mundial de sostenibilidad a largo plazo (en marzo se presentará la del gobierno Santos).

¿Qué espera usted que decida la Corte Constitucional?

Que se reafirme que lo que está vigente es lo que señala el Acto Legislativo del 2005: que el 31 de diciembre del 2014 no hay más regímenes especiales para pensión, que se acaba por completo la transición para todos los colombianos, salvo los regímenes exceptuados por Constitución que son Fuerzas Militares y Presidente. Todos los demás nos pensionamos según lo que dice la Ley 100, es decir, según los aportes realizados al sistema. Además, que desde la expedición del acto legislativo 01 del 2005 no puede haber ninguna pensión de mas de 25 salarios mínimos. Y es importante que la Corte establezca que no se pueden incluir en las liquidaciones tiquetes o viáticos, como sucede ahora. Es muy importante que nos metamos en la cabeza esto: que la pensión depende el ahorro que hice, que si no he hecho ahorro o si mi ahorro fue poco, el beneficio pensional también será poco. Esas pensiones les está quitando la posibilidad y el derecho de jubilarse a miles de personas de bajos recursos. Ellos son los que están pagando principalmente esas pensiones millonarias. Eso no es lo que ordena la Constitución.

Si la decisión de la Corte sale como la espera el país, ¿cuáles serán los beneficios?

Hemos hecho un cálculo inicial. La plata por encima de los 25 salarios mínimos que ya no habría que pagar alcanza para garantizar la pensión de 3.000 personas de las que reciben el salario mínimo al mes.