REDACCIÓN JUSTICIA
Corte Constitucional escuchará posiciones de las partes por las mesadas de más de $ 15 millones.
Con posiciones diametralmente opuestas, el Gobierno y la Contraloría, por un lado, y la Corte Suprema y el Consejo de Estado, por el otro, llegan este jueves a la audiencia convocada por la Corte Constitucional para definir si se les pone freno a las pensiones millonarias de excongresistas y exmagistrados.
Como lo había hecho en entrevista con EL TIEMPO Gustavo Gómez, saliente presidente del Consejo de Estado, su par de la Corte Suprema, Javier Zapata, defendió este miércoles la existencia de esas jubilaciones que reciben más de 1.000 personas y que son hasta 20 veces superiores a las de la mayoría de colombianos que han logrado una pensión.
Gómez había dicho que si la Corte Constitucional -como lo plantea la ponencia del magistrado Jorge Pretelt, al estudiar la demanda contra un artículo de la Ley 4 de 1992 que ha sido utilizado por excongresistas y exmagistrados para lograr pensiones millonarias- ordena reliquidar pensiones para que se acojan al techo máximo de 25 salarios mínimos, establecido por un acto legislativo del 2005, el país estaría en riesgo de demandas internacionales por desconocer derechos adquiridos. (Lea aquí:Fallos han subido el costo de pensiones en al menos $ 11 billones)
Esta posición recibió el espaldarazo del magistrado Zapata, quien dijo que "las pensiones de los jueces son intocables" y que modificar sus condiciones sería "quitarle independencia a la justicia".
En contravía, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, está de acuerdo con que se entierren esos privilegios. "Ninguna pensión debe pasar de 15 millones de pesos (25 salarios mínimos). Cualquier monto mayor es injusto", afirmó.
Ese régimen, además, les da la gabela de pensionarse con el 75 por ciento del mejor salario del último año, cuando el resto de colombianos recibe poco más del 60 por ciento del promedio del sueldo de los últimos 10 años cotizados.
En su informe a la Corte, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, advierte quelas llamadas pensiones millonarias van en contravía de los principios de equidad social que son eje de la Carta de 1991. La posición es la misma que ha expresado la contralora Sandra Morelli a la Corte.
Según Pardo, "en Colombia, quienes tienen pensión no son los más pobres (...). El sistema pensional amplifica las diferencias entre los más pudientes y los más pobres; es decir, aumenta la inequidad".
El Ministro recordó que en la reforma tributaria se propuso un impuesto de 5 por ciento para las pensiones de más de 10 salarios mínimos mensuales y que esa propuesta no prosperó. "Implicaba ponerles un impuesto pequeño a 4.500 personas. Si eso se hubiera aprobado, hubiéramos podido ayudar a unos 20.000 adultos mayores a tener una vejez digna", señaló.
En el mismo sentido, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, señaló que lo procedente es que las pensiones se liquiden según los aportesrealizados, sin beneficios a grupos privilegiados.
Y el Ministerio de Hacienda, en un documento enviado a la Corte, revela que una pensión promedio de un alto funcionario -de unos 20 millones de pesos mensuales- termina costándole al país unos 3.000 millones de pesos. Incluso si la persona hace los aportes necesarios -si cotiza sobre 20 millones por 20 años- el Estado debe financiar al menos 1.500 millones.
En los casos en los que la persona solo está un tiempo corto en la curul o magistratura, pero se pensiona con esa calidad sin hacer los aportes correspondientes, la plata que debe cubrir la nación prácticamente se duplica.
Como lo había hecho en entrevista con EL TIEMPO Gustavo Gómez, saliente presidente del Consejo de Estado, su par de la Corte Suprema, Javier Zapata, defendió este miércoles la existencia de esas jubilaciones que reciben más de 1.000 personas y que son hasta 20 veces superiores a las de la mayoría de colombianos que han logrado una pensión.
Gómez había dicho que si la Corte Constitucional -como lo plantea la ponencia del magistrado Jorge Pretelt, al estudiar la demanda contra un artículo de la Ley 4 de 1992 que ha sido utilizado por excongresistas y exmagistrados para lograr pensiones millonarias- ordena reliquidar pensiones para que se acojan al techo máximo de 25 salarios mínimos, establecido por un acto legislativo del 2005, el país estaría en riesgo de demandas internacionales por desconocer derechos adquiridos. (Lea aquí:Fallos han subido el costo de pensiones en al menos $ 11 billones)
Esta posición recibió el espaldarazo del magistrado Zapata, quien dijo que "las pensiones de los jueces son intocables" y que modificar sus condiciones sería "quitarle independencia a la justicia".
En contravía, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, está de acuerdo con que se entierren esos privilegios. "Ninguna pensión debe pasar de 15 millones de pesos (25 salarios mínimos). Cualquier monto mayor es injusto", afirmó.
Ese régimen, además, les da la gabela de pensionarse con el 75 por ciento del mejor salario del último año, cuando el resto de colombianos recibe poco más del 60 por ciento del promedio del sueldo de los últimos 10 años cotizados.
En su informe a la Corte, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, advierte quelas llamadas pensiones millonarias van en contravía de los principios de equidad social que son eje de la Carta de 1991. La posición es la misma que ha expresado la contralora Sandra Morelli a la Corte.
Según Pardo, "en Colombia, quienes tienen pensión no son los más pobres (...). El sistema pensional amplifica las diferencias entre los más pudientes y los más pobres; es decir, aumenta la inequidad".
El Ministro recordó que en la reforma tributaria se propuso un impuesto de 5 por ciento para las pensiones de más de 10 salarios mínimos mensuales y que esa propuesta no prosperó. "Implicaba ponerles un impuesto pequeño a 4.500 personas. Si eso se hubiera aprobado, hubiéramos podido ayudar a unos 20.000 adultos mayores a tener una vejez digna", señaló.
En el mismo sentido, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, señaló que lo procedente es que las pensiones se liquiden según los aportesrealizados, sin beneficios a grupos privilegiados.
Y el Ministerio de Hacienda, en un documento enviado a la Corte, revela que una pensión promedio de un alto funcionario -de unos 20 millones de pesos mensuales- termina costándole al país unos 3.000 millones de pesos. Incluso si la persona hace los aportes necesarios -si cotiza sobre 20 millones por 20 años- el Estado debe financiar al menos 1.500 millones.
En los casos en los que la persona solo está un tiempo corto en la curul o magistratura, pero se pensiona con esa calidad sin hacer los aportes correspondientes, la plata que debe cubrir la nación prácticamente se duplica.
REDACCIÓN JUSTICIA
OJALA EL CONGRESOS Y LAS CORTES, ESTUVIERA CONFORMADO CON PROFESIONALES COMO EL MAGISTRADO JORGE PRETELT, QUE CON SU PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA ANTE LA CORTE, TIENE CON LOS PELOS DE PUNTA A SUS COMPAÑEROS MAGISTRADOS, CONGRESISTAS Y EL RESTO DE PRIVILEGIADOS. GRACIAS MAGISTRADO, PORQUE USTED CON SU FALLO, PUSO A PENSAR MÁS DE UN COLOMBIANO, QUE SE ESTA DANDO CUENTA DE LA INFAMIA, DE COMO SE ESTA MANEJANDO EL SISTEMA PENSIONAL EN COLOMBIA, DONDE SUS BENEFICIADOS SON MUY POCOS PERO LOS AFECTADOS SON LOS MILLONES DE COLOMBIANOS.
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