REDACCIÓN JUSTICIA
Este jueves, audiencia sobre mesadas millonarias. Consejo de Estado defiende 'derechos adquiridos'.
En medio de la expectativa por la decisión que tomará la Corte Constitucional sobre las pensiones millonarias que reciben exmagistrados y excongresistas, se conoce un alarmante informe acerca del impacto fiscal que tienen sobre el sistema pensional las decisiones de jueces, tribunales y altas cortes referente a la liquidación de mesadas a cargo del Estado.
En uno de los documentos que revisa la Corte para el caso -este jueves realizará la audiencia clave sobre este polémico tema- y que tiene corte al 2011, el Ministerio de Hacienda advierte que varias decisiones judiciales han extendido injustificadamente la vigencia de regímenes de transición -que permitían a algunos servidores públicos pensionarse en condiciones más ventajosas- o han aplicado esos beneficios a quienes no tenían derecho.
"Esas decisiones afectan el objetivo de mejorar la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, pues pueden tener un costo de entre 11,7 y 20,1 billones de pesos para (pensiones) de la Rama Judicial, Ministerio Público y Contraloría General de la República", dice el informe.
Y agrega que algunos fallos, especialmente del Consejo de Estado, podrían dar pie a extender los beneficios al resto de servidores públicos del Estado, lo que podría incrementar la obligación pensional en un monto estimado entre 31,3 y 37 billones de pesos. Esa plata es adicional a lo que ya costarían las pensiones.
El fallo que debe emitir la Corte, ponencia a cargo del magistrado Jorge Pretelt, se refiere específicamente a las mesadas que exceden los 25 salarios mínimos (casi 15 millones de pesos), pero se espera que ese tribunal dé pautas acerca de la manera como deben ser liquidadas esas jubilaciones.
Esto, porque existen decisiones contradictorias en casos similares entre la Sala Laboral de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y a veces entre los mismos tribunales en diferentes épocas.
El asunto es más grave en materia de tutelas, pues en varias ocasiones los jueces han ordenado pagos que van más allá de lo que dicen las normas, como ha ocurrido en varias demandas contra el Fondo de Previsión del Congreso, que se ha visto obligado a pagar por mandato judicial.
El saliente presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, le dijo a EL TIEMPO que las decisiones de la Rama Judicial en materia pensional se ciñen a derecho y que las demandas pensionales son resultado de que otras ramas del poder han inclumplido obligaciones.
Frente a la posición de los que señalan que las llamadas megapensiones son muy pocas (cerca de 1.200 en todo el país) y que por lo tanto no impactan la sostenibilidad del sistema, en el expediente hay un informe de la Contraloría que indica que cualquier decisión que las ponga en cintura ahorrará miles de millones.
Las pensiones a cargo del Fondo del Congreso le valdrán al país 2,48 billones de pesos. Este cálculo incluye el tiempo que reciben mesada los pensionados y luego sus sucesores. Pero las reservas, o sea, los aportes hechos por quienes obtienen las jugosas pensiones, apenas llegan a los 363.000 millones de pesos. Es decir, la Nación, con plata del resto de colombianos afiliados al régimen de prima media, deberá poner más de 2 billones para las mesadas, especialmente para las que valen 15 millones o más.
"Esas decisiones afectan el objetivo de mejorar la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, pues pueden tener un costo de entre 11,7 y 20,1 billones de pesos para (pensiones) de la Rama Judicial, Ministerio Público y Contraloría General de la República", dice el informe.
Y agrega que algunos fallos, especialmente del Consejo de Estado, podrían dar pie a extender los beneficios al resto de servidores públicos del Estado, lo que podría incrementar la obligación pensional en un monto estimado entre 31,3 y 37 billones de pesos. Esa plata es adicional a lo que ya costarían las pensiones.
El fallo que debe emitir la Corte, ponencia a cargo del magistrado Jorge Pretelt, se refiere específicamente a las mesadas que exceden los 25 salarios mínimos (casi 15 millones de pesos), pero se espera que ese tribunal dé pautas acerca de la manera como deben ser liquidadas esas jubilaciones.
Esto, porque existen decisiones contradictorias en casos similares entre la Sala Laboral de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y a veces entre los mismos tribunales en diferentes épocas.
El asunto es más grave en materia de tutelas, pues en varias ocasiones los jueces han ordenado pagos que van más allá de lo que dicen las normas, como ha ocurrido en varias demandas contra el Fondo de Previsión del Congreso, que se ha visto obligado a pagar por mandato judicial.
El saliente presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, le dijo a EL TIEMPO que las decisiones de la Rama Judicial en materia pensional se ciñen a derecho y que las demandas pensionales son resultado de que otras ramas del poder han inclumplido obligaciones.
Frente a la posición de los que señalan que las llamadas megapensiones son muy pocas (cerca de 1.200 en todo el país) y que por lo tanto no impactan la sostenibilidad del sistema, en el expediente hay un informe de la Contraloría que indica que cualquier decisión que las ponga en cintura ahorrará miles de millones.
Las pensiones a cargo del Fondo del Congreso le valdrán al país 2,48 billones de pesos. Este cálculo incluye el tiempo que reciben mesada los pensionados y luego sus sucesores. Pero las reservas, o sea, los aportes hechos por quienes obtienen las jugosas pensiones, apenas llegan a los 363.000 millones de pesos. Es decir, la Nación, con plata del resto de colombianos afiliados al régimen de prima media, deberá poner más de 2 billones para las mesadas, especialmente para las que valen 15 millones o más.
Qué evalúa la Corte
1. Demanda a ley de 1992
Dos abogados demandaron el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que regula las pensiones de los congresistas. Les permite jubilarse a los 55 años, con el 75 por ciento del mejor salario del último año. Se extiende a otros altos funcionarios.
2. ¿Qué está vigente?
Ese artículo ha dado pie a demandas que han permitido que se desconozca una reforma constitucional del 2005 que les ponía tope a las pensiones: 25 salarios mínimos (unos 15 millones). Hoy, se pagan mesadas de 20 millones o más.
3. ¿Cómo se pensiona el resto?
La inmensa mayoría de colombianos que cotizan para pensión se atiene a la Ley 100: su mesada arranca en el 60 por ciento del promedio de los últimos 10 años cotizados. Ocho de cada diez reciben menos de dos salarios mínimos.
4. ¿Qué puede pasar?
Muchos sectores en el país esperan que la Corte Constitucional deje clara la vigencia de la reforma del 2005 y que cierre puertas por las que algunos excongresistas han reclamado y logrado que sus pagos incluyan viáticos y tiquetes.
REDACCIÓN JUSTICIA
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