¿Se imaginan cómo sería una contienda electoral con los políticos buscando desesperadamente el voto de los militares? / Foto: Archivo El Espectador
Proponer que los militares puedan votar exige una pregunta: ¿cuál es el daño que se está intentando enmendar con esta medida? Si en Colombia está vigente la prohibición desde 1932 y ha funcionado para blindar de legitimidad a las fuerzas armadas y de policía, ¿cuál es la necesidad, ahora, de cambiar esa situación?
El representante a la Cámara por el Centro Democrático Ricardo Ferro anunció su intención de permitir que los miembros de la Fuerza Pública voten. Según el parlamentario, se está enmendando una deuda histórica, pues al prestar el servicio militar no se hace una renuncia a su condición de ciudadano. En una columna para Ecos del Combeima, Ferro escribió que “no debemos subestimar la capacidad de patriotismo, subordinación y disciplina con la que cuentan los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública”.
El argumento suena bien en abstracto, pero una propuesta de ese estilo no debe jamás estudiarse sin atender a la realidad colombiana y, en particular, a su cultura política.
No es un gesto menor que fueron los mismos militares quienes le solicitaron al presidente de entonces, Enrique Olaya Herrera, que se prohibiera el voto de todas las personas armadas al servicio del Estado. El propósito era simbólico y práctico. Por un lado, decirle al país que, sin importar quién sea elegido, la Fuerza Pública cumplirá con su deber de obediencia y de respetar al comandante en jefe. Por otro, al retirar a las fuerzas armadas y de policía de la contienda política, se les está blindando de la polarización, politiquería y tensiones propias de los procesos electorales.
¿Se imaginan cómo sería una contienda electoral con los políticos buscando desesperadamente el voto de los militares? Al perder las elecciones, no es descabellado imaginar al derrotado intentando fomentar la subordinación en las filas para no reconocer el triunfo en democracia de su contraparte. Peores cosas hemos visto en el país.
Como escribió Humberto de la Calle en El Espectador, “el día electoral, la Fuerza Pública copa todos los puestos de votación. En las actuales circunstancias de Colombia, en medio de la ferocidad que nos flagela, ese hecho, en vez de convertirse en garantía como es hoy, será una mancha negra: la credibilidad del sufragio, ya afectada, quedará por los suelos. No habrá candidato perdedor que no termine atribuyendo su derrota a la Fuerza Pública”.
¿Para qué correr esos riesgos? El experimento de la prohibición ha funcionado y ha permitido que las fuerzas armadas y de policía no intervengan en política. Las pocas veces que algunos miembros de sus filas lo han intentado, el rechazo social y de sus colegas ha sido vehemente. Así es mejor, pues garantiza la legitimidad de instituciones esenciales para el buen funcionamiento de la democracia. No queremos ver a políticos cazando votos en los cuarteles, ni a militares molestos porque sus candidatos fueron derrotados y ahora deben obedecer a una ideología con la que no comulgan a nivel personal. La prohibición debería mantenerse.
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