Óscar Andrés Sánchez Á.,
En una democracia, los partidos políticos son los llamados a ser los transmisores de las demandas de las poblaciones ante el Estado, para que este las resuelva a través de las políticas públicas. Su finalidad es obtener el poder para materializar sus programas sociales y económicos.
Ese ideal es hoy difuso. Tras mes y medio del ventilador de Odebrecht, que salpicó las dos principales campañas presidenciales de 2014 y ante las múltiples escándalos por corrupción en los que se encuentran muchos de sus miembros, los partidos políticos terminan generando más dificultades que las que se propusieron resolver.
En el 2002 existían en Colombia 74 partidos. La mayoría eran micro empresas que vendían avales. El Acto Legislativo 01 de 2003 impuso un umbral del 2 % en las legislativas para sostener la personería, nuevos requisitos de conformación, listas únicas y cifra repartidora para distribuir curules. Según el magistrado Felipe García, del Consejo Nacional Electoral, trece partidos tienen reconocimiento hoy. Dos solicitudes de movimientos están en proceso.
Pero los escándalos no se redujeron por ser menos. Según el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad, entre 2009 y 2016 la Procuraduría impuso sanciones disciplinarias a 1.056 concejales, 1.601 alcaldes, 38 diputados, 66 gobernadores y 24 congresistas, de todos los partidos políticos.
Riesgos para la democracia
La corrupción en la política no es un fenómeno exclusivo de Colombia, sostiene Fabián Acuña, docente de Ciencia Política de la Javeriana, sino del mundo, pues en todas las latitudes los partidos tienen un nivel de aceptación muy bajo.
Agrega que su ilegitimidad es nociva para las democracias, porque cuando hay crisis de representación, la política empieza a ser ejercida no por políticos de profesión, sino por algún outsider, como Hugo Chávez, Alberto Fujimori o el mismo Donald Trump.
“Son personas con un discurso contra la clase política, que se muestran a sí mismos como alternativas. Pueden llegar sin experiencia y son propensos al autoritarismo. Son liderazgos más personalistas, y a la democracia le convienen más los colectivos”.
Para Mauricio Montoya, docente universitario, las instituciones están cuestionadas, y bajo esa premisa se amplía la apatía de la ciudadanía frente a la participación. Adiciona que también puede generar un despertar de la gente, que les permita optar por otros caminos, para recuperar la confianza en el sistema.
Es muy grave que los partidos políticos estén tan cuestionados, dice Francisco Barbosa, docente de Derecho Constitucional del Externado, porque puede generar posiciones populistas, extremistas o que vayan en contra de la institucionalidad: “La corrupción ha pulverizado la credibilidad de los partidos, pero tampoco se puede caer en una anarquía en la dirección del país”.
Según Jaime Alberto Carrión, docente de Ciencia Política de la Nacional, los partidos son causantes de desafección política. Amplía que la Constitución ofrece alternativas para que los ciudadanos participen en la política por fuera de los partidos. “En las próximas elecciones, los Grupos Significativos de Ciudadanos tendrán un papel muy importante. Recordemos que en el caso de Medellín ya incluso montaron alcalde”.
Pero más que para la democracia el riesgo es para el sistema, porque según Rainiero Jiménez, docente de Ciencia Política de la Nacional, desde la cultura política se podría inferir que el comportamiento ciudadano se expresa a través de la baja confianza, motivado porque no representan intereses comunes, el alto grado de corrupción y el nulo control y seguimiento a lo público.
La ética y el control social
Acuña afirma que la prensa, la academia y la sociedad deben fortalecer los partidos. Agrega que se debe pedir responsabilidades individuales y comités de ética que funcionen, porque la queja es que muchos consideran que los votos son de ellos, y por eso no se someten a la disciplina interna.
Según Montoya los funcionarios deberían ser correctos por esencia, y nadie debería estar soñando que lo sean, puesto que su función pública los hace responsables frente a la ciudadanía, y sin son elegidos, ante sus votantes. “La confianza ciudadana no es para ganar un voto; se construye a partir de un proyecto político o una idea que transforme socialmente. La ciudadanía debe volverse en veedora de los políticos”.
Para Carrión sí es posible tener partidos más fuertes, disciplinados y transparentes, y en ello tienen un papel muy importante los comités de ética, los cuales son obligados por la ley y no se pueden convertir en figuras decorativas.
En el terreno no resulta tan fácil. Mauricio Jaramillo, docente de Ciencia Política del Rosario, cree que no es una utopía pensar en que los partidos se casen con la ética, pero el sistema de incentivos electorales está hecho para que incurran en prácticas que van en contra del Estado de Derecho y de la transparencia.
“La única forma es que haya una cultura de control social, para que no se repitan lo hechos de corrupción. Esto no puede quedar solo en manos de las instituciones. En el país la indignación y la presión duran poco”.
¿Hay más corrupción hoy?
Los escándalos por corrupción permean la agenda pública. Esto, según Acuña, no quiere decir que antes los políticos fueras más pulcros, sino que ahora hay medios de información, prensa alternativa y academia que investiga. “La política siempre ha sido la política, y pasa por intereses, por negociaciones, chantajes, aunque no debería ser así, que sobreponen los intereses particulares a los generales”.
Según Jaramillo no es que ahora haya más corrupción, sino que el periodismo ahora tiene acceso a fuentes que antes no tenía, circula más la información y cualquier persona puede denunciar, incluso hacer registros con su celular.
Montoya afirma que la corrupción es de siempre, y ha estado asociado al clientelismo, el “lagartismo”, pero que los colombianos ya poco recuerdan el Proceso 8000 y del desfalco a Foncolpuertos, para poner solo dos ejemplos.
Entre las prácticas más cuestionadas de la clase dirigente se encuentran la compra de votos, el trasteo del sufragante, el transfuguismo, la no rendición de cuentas y el nepotismo.
¿Qué hacer entonces?
Así como el nuevo Código de Policía estipuló sanciones económicas para los ciudadanos como mecanismo de presión y persuasión, Acuña considera que se deberían establecer multas para los para los partidos que avalen personas que luego resulten corruptos.
“La corrupción es muy diversa, el sistema político debe generar sanciones creíbles a los partidos, que no puedan evadir, y estos generar controles y una fiscalización que les permita responder por cada aval que entregan, para que los procesos de selección sean fuertes y con meritocracia”.
Montoya sugiere que se realice una depuración de los partidos políticos y que se les castigue si dan un aval a alguien cuestionado. Agrega que los cacicazgos y gamonalismos deben pasar a un lado, y no deben entrar los delfines sino los ciudadanos que quieran renovar y oxigenar la actividad política.
“Desde lo ético y lo legal los partidos no deberían estar buscando que las decisiones de sus miembros estén sujetos a la mermelada del Gobierno. Que los congresistas sean conscientes de que se debe reducir el parlamento y regular el número de periodos que pueden permanecer”.
Para Barbosa es urgente terminar el maridaje entre los privados y la contratación pública, pues la financiación de los partidos luego se cobra vía contratación, como está ocurriendo con Odebrecht, y como sucedió con el cartel de la contratación en Bogotá. Sugiere que los mecanismos de otorgamientos de avales sean públicos y que las campañas identifiquen sus donantes.
“Muchos partidos no tienen democracia interna. Ojalá sus consultas no sean cerradas sino democráticas. Hay que establecer mecanismos internos de disciplina e impedimentos para que un miembro de partido pueda participar en un gobierno precedido por personas de otro partido”.
Al respecto Freddy Santamaría, director del Grupo de Estudios Políticos de la Bolivariana, precisa que los partidos están compuestos de seres humanos con aspiraciones y debilidades y por esta razón, más que escandalizarse porque algunos se corrompan, se pregunta por qué la ciudadanía sigue confiando en esos colectivos y dirigentes.
“Si dichos partidos son cuestionados es porque aún están en la escena pública y los seguimos validando. Son corruptos porque los dejamos participar y tener el poder. Que estén bajo lupa refleja que la corrupción se tolera cada vez menos. La denuncia y la condena, sacándolos del escenario y contienda política es la mejor lección por parte de los ciudadanos”.
Acuña advierte también que en las democracias el ejecutivo, quien tiene la chequera del Estado, tiende siempre a generar chantajes y negociaciones a los miembros del legislativo. “Siempre se habla que el Congreso es un nido de ratas, pero en buena parte es por esa relación que se establece con el ejecutivo. No es algo exclusivo de lo público; Privados como Odebrecht, también tratan de corromper”.
El Estado prepara una nueva reforma de partidos, para cumplir el Acuerdo de La Habana. Amanecerá y veremos.
Reflexiones al tema pensional
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