Javier Duque Daza *
Las condenas contra funcionarios avalados por este partido se acumulan mientras sus dirigentes se lavan las manos. Cambio Radical está inhabilitado para presentar candidato a la Presidencia. ¿Qué hará el Consejo Nacional Electoral?
Javier Duque Daza*
De crítico a criticado
En 1998 Germán Vargas Lleras, entonces exconcejal de Bogotá y aspirante
al Senado, retirado del Partido Liberal e incorporado al nuevo partido Cambio
Radical (CR), manifestó su malestar por la forma de hacer política en
Colombia. Vargas declaró que “muchos candidatos estaban en
una subasta al mejor postor y las elecciones se habían convertido en una
especie de mercado en el que los candidatos participaban, invertían y buscaban
recuperar su inversión y obtener ganancias”.
Aún se sentían los ecos del Proceso 8.000, terminaba el controvertido
gobierno de Samper y empezaban los procesos que llevarían a la cárcel a más de
20 congresistas, dos ex contralores y un ex procurador. Al mismo tiempo en
muchos departamentos se estaban trenzando los lazos entre paramilitares y
dirigentes que darían pie al escándalo de la parapolítica.
Cambio Radical ha
sido uno de los partidos que más avales ha expedido a candidatos
cuestionados.
Una década después de estas declaraciones y después de haber sido
senador, ministro del Interior y vicepresidente, Vargas aspira a la
Presidencia, y su partido es uno de los más criticados por los nexos de muchos
de sus integrantes con la criminalidad. Pese a las críticas y al descrédito de
los partidos a raíz de la parapolítica, ni CR desapareció, ni Vargas Lleras
renunció a hacer de él el vehículo de sus aspiraciones personales.
Avales, criminales y corrupción
Rodrigo Lara, Representante a la Cámara y miembro del partido Cambio Radical.
Cambio Radical ha sido uno de los partidos que más avales ha expedido a
candidatos cuestionados. Varios de ellos han sido condenados, destituidos o
procesados por la justicia, se han involucrado en actos de corrupción o han
tenido nexos criminales. La lista es larga e incluye al menos a 16 personajes
avalados desde 2003. Entre ellos se cuentan:
·
9 exgobernadores (5 de ellos
condenados por delitos derivados de sus vínculos con organizaciones criminales,
y otros más por corrupción, fraude electoral y constreñimiento al elector);
·
5 alcaldes destituidos y/o procesados
por corrupción y uno más por falsedad ideológica en documento público y
prevaricato por acción, y
·
1 candidato al Concejo involucrado en
fraude electoral.
CR alberga a una gran variedad de políticos impresentables, para quienes
los cargos oficiales son el medio para apropiarse de las rentas públicas
manipulando la contratación o asociándose con redes de contratistas criminales.
En el partido hay desde homicidas hasta pillos y tinterillos que distribuyen
prebendas o manipulan autoridades locales para acceder a cargos de forma
fraudulenta (ver Cuadro 1).
En este partido convergen políticos con apellidos que en el pasado se
asociaron a la lucha contra el narcotráfico y la corrupción (como Carlos
Fernando Galán y Rodrigo Lara Restrepo), pero también políticos clientelistas,
un poderoso clan que domina la política en el Atlántico, líderes emergentes,
críticos de la política tradicional, y políticos trajinados en las transacciones
oscuras y en la apropiación de rentas públicas.
Cuadro 1. Gobernantes locales elegidos por Cambio Radical incursos en
procesos penales.
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Político
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Cargo y año de elección
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Situación
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Miguel Ángel Pérez
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Gobernador de Casanare 2003.
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-Condenado en 2005 por la Corte Suprema por
concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Nexos con grupos
paramilitares.
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Edilberto Castro Rincón
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Gobernador de Meta 2003
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-Condenado en 2007 por el homicidio de una
diputada y un excandidato a la Gobernación. Nexos con paramilitares.
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Julio Enrique Acosta
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Gobernador Arauca 2003
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-Destituido en 2009 por la Procuraduría y
condenado en 2013 por la Corte Suprema de Justicia.
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Fredy Forero Requiniva
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Gobernador Arauca 2007
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-Destituido en 2008 por la Procuraduría,
condenado en 2011 por la Corte Suprema
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Joaco Hernando Berrío
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Gobernador 2007. Bolívar
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-Destituido por la Procuraduría en 2010.
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Álvaro Cruz
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Gobernador Cundinamarca 2011
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-Condenado en 2016 a 6 años de cárcel por interés
indebido en celebración de contratos y cohecho.
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Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar
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Gobernador de La Guajira 2011
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-Condenado por homicidio a 55 años, nexos con
organizaciones criminales. Destituido por la Procuraduría en abril de 2014
por irregularidades en contratación.
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Oneida Pinto
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Gobernadora de La Guajira 2015
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-Su elección fue anulada por el Consejo de Estado
por violación al régimen de inhabilidades. En enero de 2016 la Fiscalía
anunció la imputación de cargos por la presunta suscripción irregular de un
contrato.
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César Fabián Villalba
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Alcalde de Girardot 2015
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Detenido acusado de concierto para delinquir,
constreñimiento y corrupción al sufragante y peculado por apropiación.
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Carlos Arturo Hernández Carrillo
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Candidato al Concejo de Barranquilla 2015.
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Involucrado en fraude electoral, anulada su
elección.
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Fabio David Velásquez
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Elegido alcalde de Riohacha en 2015
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-Detenido en la investigación por un contrato
entregado de forma irregular de forma directa y sin licitación pública.
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Benjamín Socadagui Cermeño
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Alcalde de Arauca. 2015
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-Detenido por corrupción al sufragante,
concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento.
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Héctor Antonio Amado
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Alcalde de Sáchica, Boyacá 2015
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-Le imputaron cargos de celebración de contratos
sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración
de contratos y peculado por apropiación.
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Manuel Antonio Carebilla
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Gobernador de Amazonas 2015
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Procesado por recibir comisiones cuando era
congresista de este partido 2010-2014
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José Vargas Palacio
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Alcalde de Galapa, Atlántico, 2015.
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Condenado a 48 meses de prisión por falsedad
ideológica en documento público y prevaricato por acción.
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Henry Alí Montes
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Alcalde de Aguachica, Cesar, 2015.
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La Fiscalía le imputó los cargos de interés
indebido en la celebración de contratos, contratación sin el lleno de los
requisitos legales y tentativa de peculado por apropiación.
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Fuente: Elaboración del autor sobre la base
de la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, Radicado 24.679,
julio 27 de 2006, caso Miguel Ángel Pérez; Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación penal, proceso No 26.450, noviembre 8 de 2007, caso Edilberto Castro;
Procuraduría General de la Nación, Boletín No 138, febrero 26 de 2010;
Fiscalía General de la Nación, Boletín de prensa No 12.678, diciembre 2 de
2015 “Capturado por fraude en escrutinio de Barranquilla”; Procuraduría
General de la Nación, Boletín de prensa No 252, abril 25 de 2014
“Procuraduría en segunda instancia destituyó e inhabilitó al gobernador de La
Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar”; Fiscalía General de la Nación,
Boletín de prensa No 13.467 abril 14 de 2012 “Corrupción en contratos para
alimentos de niños: capturan al alcalde de Aguachica, Cesar”; El Heraldo, octubre 13
de 2016 “Nulidad de alcalde y nuevas elecciones en Galapa: Tribunal
Administrativo”.
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Digno heredero del liberalismo
Recientemente, el codirector de CR, el representante a la Cámara Rodrigo
Lara, manifestó que el partido estaba acéfalo y en llamas, una
forma de describir una organización donde todos quieren mandar pero nadie
quiere asumir la responsabilidad por las decisiones. Pululan las ambiciones y
las divisiones al punto que hay más dirigentes que partido. Producto de una
escisión del Liberalismo, del cual renegó, CR acabó por heredar los atributos
de este partido:
·
Agregado de electores. Más que un
proyecto político coherente, CR es una suma de congresistas que a su vez
agregan políticos locales que atraen electores en función de sus
prebendas; y al final todos aportan al caudal de su jefe Vargas Lleras.
·
Carencia de control sobre los
políticos locales, con mecanismos de rendición de cuentas que no parecen operar
y donde los dirigentes se “pasan la pelota” cuando hay problemas. Por ejemplo el senador Arturo Char,
al responder sobre los dudosos avales de La Guajira declaró sin remilgos que
“nosotros somos políticos, no somos la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni la
Contraloría, para andar investigando”. También puso de manifiesto que no
respeta las normas que adoptó el partido al que pertenece, pues declaró que no
conoce a sus copartidarios, ni siquiera a quienes aspiran a cargos importantes.
Este tipo de partidos orientados a los cargos y los votos, y basado en
clientelas locales o en agregación de electorados regionales de incierta
procedencia, carece de la estructura y la funcionalidad mínima de un partido
político moderno. Como la mayoría de partidos en Colombia, opera como una
organización de congresistas de aquí y de allá, interesados en sus aspiraciones
personales y en las de sus allegados y familiares.
·
CR es un partido dividido y con
tensiones internas que se han hecho más visibles a raíz de los avales. Poco
antes de las elecciones de 2014, el entonces director del partido, Carlos Fernando Galán,
aseguró que este partido decidía “con quién queremos y con quién no queremos
hacer política, porque para hacer política no se requiere solo cumplir con
requisitos legales sino que deben haber requisitos adicionales que ponga el
partido”.
Pero al año siguiente quedó claro que ni los requisitos legales ni los
adicionales se aplicaban. Por discrepancias con los avales concedidos a Oneida
Pinto, aspirante a la Gobernación de La Guajira, y a Luis Pérez, a la
Gobernación de Antioquia, Galán renunció y declaró que no podía dirigir un
partido donde no se respetaba el trámite de los avales. El actual
codirector y representante a la Cámara Rodrigo Lara terció
en la controversia y aclaró que había llegado a la dirección en julio de 2015,
cuando ya se habían dado los avales en cuestión y pidió que respondieran las
directivas de aquel momento (es decir, Galán). Siguió un cruce de declaraciones donde
el senador Carlos Fernando Motoa acusó a Lara y la familia Char se lavó las
manos invocando “la buena fe” de políticos criminales. Y el
vicepresidente Vargas Lleras simplemente guardó silencio.
·
Son comunes las disputas entre
congresistas y excongresistas, directores y exdirectores. CR es un partido
reducido a unos cuantos liderazgos en pugna que, para terminar de dibujarse
públicamente, claman, como si fuera un partido decimonónico, por un “comité de
notables” que controle el asunto de los avales. Es decir, piden “notables” para
que controlen a los que ellos mismos no pudieron o no quisieron controlar.
¿No hay quién lo ronde?
Es claro que CR se ha movido en los márgenes de la ilegalidad. Además de
sus congresistas parapolíticos, es uno de los dos partidos a los cuales se le
aplicó la figura de la “silla vacía” después de la condena del senador Javier
Cáceres por sus nexos con grupos paramilitares.
El Consejo Nacional
Electoral está en mora de sancionarlo por el manejo de sus avales.
Y sin embargo el Consejo Nacional Electoral (CNE) está en mora de
sancionarlo por el manejo de sus avales. La Ley 1475 de 2011 establece
que antes de expedir avales los partidos deben verificar el cumplimiento de las
calidades y requisitos de sus candidatos. La norma considera como faltas
sancionables las acciones u omisiones imputables a los directivos que inscriban
candidatos a cargos o a corporaciones de elección popular que no reúnan los
requisitos o calidades, o que se encuentren incursos en causales objetivas de
inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o lo sean durante el
período para el cual resulten elegidos.
Esto rige para delitos relacionados con la vinculación a grupos armados
ilegales, narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de
lesa humanidad. Como se observa en el Cuadro 1, con CR se violó la ley por lo
menos en los casos del exgobernador de La Guajira, Francisco Gómez, los
alcaldes de Arauca y Girardot o el candidato al Concejo de Barranquilla. Sin
embargo, al aprobar la ley los honorables congresistas se protegieron, pues
excluyeron los delitos por corrupción de las causales de sanción, tal vez
pensando que si no lo hacían todos desaparecerían.
Si se aplicaran las sanciones estipuladas en la ley a CR le serían
suspendidos los derechos para inscribir candidatos y se cancelaría su
personería jurídica. Esto último impediría además que Germán Vargas Lleras
aspirara a la Presidencia en el 2018. ¿Se atreverá el Consejo Nacional
Electoral?
Después de la oleada de la parapolítica y de los numerosos casos de alcaldes,
gobernadores, congresistas condenados y/o destituidos, es sorprendente que no
haya sanciones para este partido y que el CNE no aplique las normas vigentes.
En una democracia seria el dirigente de un partido con tan
impresentables integrantes y tan cuestionables modos de obrar no hubiera
aspirado a la Presidencia, no sería vicepresidente ni se aprestaría a ser
nuevamente candidato.
* Profesor de la Universidad del Valle.
Reflexiones al tema pensional
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