elespectador.com, 20 Feb 2017 -
Por: Reinaldo Spitaletta
Puede ser una cortina de humo sobre la bazofia de la corrupción colombiana (cáncer de vieja data). O un desesperado intento oficial para valerse de la “vía rápida” o Fast Track, que ha tenido en vilo a la institucionalidad, con el fin de reformar el sistema electoral. Puede ser, también, un modo muy cómodo de “buscar la fiebre en la sábanas”.
El caso es que ante las monstruosas revelaciones de los sobornos de Odebrecht en las contrataciones públicas, pero, a su vez, la injerencia en las campañas electorales, parece una distracción la del ministro del Interior, vocero del presidente Santos, con la propuesta de una reforma que ponga a votar a los mayores de dieciséis años, además de modo obligatorio, y que reduzca los altos índices de abstención.
Las denuncias implican en hechos de corrupción en contrataciones como la concesión Ruta del Sol II; la recuperación de la navegabilidad del rio Magdalena; y el Otro Si a la Ruta del Sol II para adicionar la carretera Gamarra-Ocaña. Además, a las campañas presidenciales de 2014 de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga; a las ex ministras de Comercio y de Educación de Santos, Cecilia Álvarez y Gina Parody; a las directivas del Banco Agrario, al grupo Aval y Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que trabajaba para el grupo financiero de Sarmiento Angulo.
Y ante ese panorama, lo único que se le ocurre al gobierno es una reforma electoral. Nada de fondo. Nada que afecte las raíces y causas de la corruptela, del denominado clientelismo, de las mafias burocráticas, de los caducos partidos políticos. Ah, y el ministro Juan Fernando Cristo, sin dársele nada, advierte que puede ser por la “vía rápida”, la misma que ha puesto nocáut a la Constitución colombiana y los procesos legislativos que ella establece.
Proponer, por ejemplo, voto obligatorio, cuando se trata del derecho al sufragio, es ir en contravía de las conquistas democráticas. Lo que se requiere es que haya una democracia de verdad y no de imposturas y negaciones. Que al ciudadano, al pueblo, se le escuche, se le tenga en cuenta en sus necesidades y haya una auténtica participación. No para la domesticación ni la servidumbre voluntaria, sino para la ampliación de la libertad y los cuestionamientos al poder.
Que los funcionarios y los políticos en general den muestras fehacientes de transparencia; que se destierre el fraude electoral; que la democracia se torne verdadera y no una farsa; esos, entre muchos otros aspectos, son los que habría que discutir e implementar. Claro, no deja de ser una utopía, en particular en un sistema pútrido como el colombiano, con una larga historia de barbarie y antidemocracia.
Los paniguados del gobierno dicen que hay que poner el voto obligatorio como una fórmula contra el abstencionismo crónico. Además de ser una suerte de desafuero el de obligar a votar, podría ser una estupidez. El ciudadano que se abstiene lo hace por muchas razones, pero de las principales está porque no encuentra por quién hacerlo, no tiene confianza en unas instituciones que lo han excluido y puesto de carne de cañón. Qué pereza, dirá, votar por los que han estado en mi contra y me han usado como toalla higiénica o papel toilette.
Una reforma electoral, digamos, debía ir acompañada de hondas reformas sociales y económicas a favor de los condenados a la postración y las miserias. ¿Mandatarios virtuosos, políticos virtuosos? Lo dicho. Son premisas que hacen parte del deber ser, pero, además, de los territorios utópicos, que son los que permiten que se luche contra los desmanes y las barbaridades.
Aquí, como en otras geografías, se ha apelado al recurso maquiavélico de embrutecer a los súbditos, de telenovelarlos y presentarles payasos. Modos de la enajenación y el sojuzgamiento mental. Una genuina reforma electoral tendría que estar vinculada con la educación, el impulso de la cultura, el aprendizaje de quiénes son los que sí se pueden elegir y a cuáles hay que botar al tacho del desprecio popular.
El cuento es que en vez de estar proponiendo dudosas y oportunistas reformas electorales (o electoreras), el gobierno, además de otras instancias, debería estar preocupado por investigar hasta sus últimas consecuencias las denuncias sobre la corrupción oficial y privada. Claro que es como pedir peras al mango.
Como es fama, las denuncias sobre sobornos y otros delitos comprometen a los partidos que desde hace tiempos han convertido al país en una tierra de atraso, inequidad y antidemocracia. Así que no habrá que esperar punición para los responsables de la podredumbre.
Reflexiones al tema pensional
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