La Drummond desafía la ley

ELESPECTADOR.COM, Por: Salomón Kalmanovitz.

La empresa de Alabama tiene un largo historial de desobediencia de las leyes laborales, de perjudicar la salud de los lugareños donde realiza su explotación a cielo abierto, de daño mayúsculo al medio ambiente y de evasión de las leyes tributarias de un país supuestamente soberano.

Tras el asesinato de tres directivos de su sindicato por paramilitares en 2004, confabulados con el administrador de sus cafeterías, fue muy difícil la negociación colectiva y se dio una fuerte compresión de los salarios de sus 5.000 trabajadores.

La explotación minera en el Cesar y Magdalena ha producido una desertificación de tierras, antes óptimas para la agricultura, y ha contaminado las aguas y desviado el curso de ríos y arroyos. Muchas comunidades se encuentran acorraladas por montañas de material inerte y enfermas por respirar el polvillo que se desprende de la voladura de los yacimientos, que es la tecnología fundamental de la minería a gran escala; proliferan los casos de asma ocupacional que afecta a 400 de sus trabajadores. La irresponsabilidad con que se carga el carbón mediante un método primitivo de barcazas ha llenado de carboncillo las playas del Magdalena y el desafío a los plazos fijados por el Gobierno —ya una vez dilatados— fue esta vez tomado más en serio, aunque habría que estar alertas al cumplimiento de la orden directa de prohibir el cargue de carbón con trasbordos que profirió un presidente Santos en campaña.

La administración Uribe le regaló a la gran minería unas condiciones generosas que le permiten deducir el pago de regalías del impuesto a la renta. La regalía es una fracción de la renta minera que va a las regiones, pero que terminamos asumiendo todos los contribuyentes: entre 2005 y 2010 la exención nos costó $600.000 millones, según la Contraloría General de la Nación. En países serios, la mayor parte de la renta del recurso no renovable es capturada por sus gobiernos con regalías varias veces el monto nacional. La DIAN quiso cambiar la ley el año pasado, pero los intereses superiores de las empresas extranjeras lo impidieron.

El caso de la Drummond es especialmente perverso porque, a diferencia del resto de la industria que paga la regalía sobre el mineral a boca de mina, a ella se le permite deducir los costos de transporte hasta puerto, los que obviamente infla sin recato y sin supervisión de ningún tipo por el Gobierno. De esta manera, todo el carbón derramado en la bahía de Santa Marta hace un año fue descontado de las mermadas regalías. La multa de 3,5 millones de dólares que se le ajustó tímida y tardíamente no se compadece con los 30 millones de dólares que recibió de la Nación por un supuesto incumplimiento sobre el uso del ferrocarril. Según Álvaro Pardo, la propia empresa calcula sus costos presuntivos, puede deducir gastos no operativos como la depreciación de sus equipos y así termina pagando las regalías que quiera.

El contrato sobre el yacimiento de La Loma termina en 2019, pero desde hace tiempo la empresa está buscando que el Estado lo extienda por otros 30 años. Es una buena ocasión para que recuperemos la soberanía sobre unos recursos naturales que se nos van a acabar sin dejarnos mucho beneficio; se puede organizar una empresa mixta, tipo Ecopetrol, que aprenda a explotar los recursos naturales que nos queden disponibles. Si la Drummond despide a sus 5.000 trabajadores, como lo amenaza, se justifica adelantar su nacionalización