El presidente Santos,
incumpliendo otra de sus promesas de campaña, ha presentado una reforma
tributaria para estudio del Congreso, con la cual traiciona a sus amigos
incondicionales de campaña: Grupos Sarmiento
Angulo, Grupo Ardila Lule, Sindicato Antioqueño, la Andi, manejada por un
adlátere del señor presidente y otros ex-amigos. Anteriormente ya había
traicionado a los pensionados, a quienes ofreció en campaña rebajar la
cotización en salud del 12% al 4% y a los trabajadores, a quienes había prometido volver las horas extras a lo
que eran antes de la reforma. (Cuántos votos consiguió el presidente con los
pensionados y trabajadores y sus familias, confiados en estas promesas? Tal vez
los suficientes para derrotar a Oscar Iván Zuluaga)
La Reforma
Había prometido el
señor presidente acabar con el 4x mil en las transacciones bancarias. Este
impuesto es regresivo ya que lo paga toda la población, incluyendo los más
pobres y además no ayuda a la bancarización del país, lo cual a su vez contribuye
a crear una cultura de ilegalidad e informalidad en los negocios, que a su vez,
llevan a un menor recaudo de impuestos.
La reforma lo amplía
4 años más y le deja el problema al presidente que llegue en 2018.
También había
prometido el señor presidente acabar con el impuesto al patrimonio, porque este
impuesto, si bien se justifica en casos excepcionales, es totalmente negativo y
perjudicial en tiempos normales, ya que desestimula la inversión legal,
promueve negocios por debajo de la mesa y porque el ahorro seguramente se hará
en oro, divisas o en efectivo y promoverá inversiones bajo tierra en el
exterior, en paraísos fiscales.
Para adornarlo un
poco, el señor presidente le ha cambiado el nombre a este impuesto y lo ha
llamado demagógicamente, impuesto a la riqueza, tal vez para parecerse más a
nuestros amigos cercanos “los
socialistas del siglo XXI”. Yo no le pondría este nombre, que es algo
similar a llamar retención al secuestro más cruel, en vez lo llamaría impuesto
al ahorro.
Con lo expuesto
anteriormente, lo que se ve es que las empresas, al menos temporalmente, no
reinvertirán en ellas y tal vez sus ganancias se lleven ilegalmente, en avión u
otro medio, a paraísos fiscales. Que no
sueñen el presidente, la ministra de relaciones y el señor ministro de
hacienda, que Panamá, luego del año de conversaciones, va a firmar un tratado
por medio del cual dará toda la información de inversión y ahorro extranjero
(en Panamá) a la Dian, ya que el progreso inusitado de ese país, muy
probablemente no se deba a su industrialización, ni a su producción, ni a su
agricultura, sino a que está captando todo el ahorro de latín América.
Por lógica económica,
si no hay reinversión en las empresas y si se fugan sus ganancias a paraísos
fiscales, el empleo disminuirá. Igualmente, las empresas que trabajen dentro de
la legalidad, verán subido su impuesto de renta del 33% al 45% y si a eso se le
agrega el impuesto al patrimonio, sus productos se harán más costosos y por
consiguiente menos competitivos, tanto al interior como al exterior del país y
esto implicará desempleo. Aunque el
presidente y el ministro, sueñen con un gran recaudo en 2015, la realidad
podría ser contraria, es decir, que el recaudo final de la Dian en ese año y
los siguientes, sea menor y lo que se dé en la realidad no sea una reforma de +12
billones de pesos sino de -2 o -3 billones de pesos.
El impuesto de renta,
que ha incluido nuevos puntos al CRE, se subiría del 33% probablemente al 45%,
sería el más alto de Suramérica y uno de los más altos del mundo. Eso no es
atractivo para la inversión, ni nacional ni extranjera, más bien es un gran
atractivo para la desinversión y descapitalización de las empresas.
Si a este panorama
negativo, le sumamos la rebaja del precio internacional del petróleo, el hueco
fiscal será de un tamaño colosal, que ni el ministro de hacienda puede imaginar.
La parte del petróleo de consumo nacional, seguramente no afectará mucho los
ingresos del gobierno, ya que cambiarían la formula actual del precio de la
gasolina y diésel por otra en la cual, los usuarios nacionales compensarán lo
que van a dejar de ganar por el menor valor del dólar. Pero el petróleo que se
exporta, si los precios siguen como está la tendencia hoy, se venderá muy
barato y los recursos que capta la nación por estas exportaciones, serán muy
bajos, ya que el presupuesto nacional se hizo, con un precio promedio del
petróleo de 100 dólares el barril.
Hagamos una cuenta
simplificada (aunque inexacta)
Si la producción de
petróleo fuese de 1’000000 barriles diarios en 2015, aproximadamente 600000 serían
para exportación.
Los 600000 barriles
diarios de exportación, equivalen a 219’000000 barriles año.
Presupuestado el
barril a 100 dólares el ingreso total para gobierno y particulares sería de:
2,19 x 1010
millones de dólares (entre particulares y gobierno)
A 70 dólares el
barril, lo recibido sería:
1,533x1010
Lo anterior indica
que el hueco nacional por la rebaja del precio externo del petróleo sería de
0.657x1010 dólares.
En cifras comunes
esto es 6570’000000 dólares = 6570 millones de dólares.
A $2000/ dólar, equivaldrían,
13,14 billones de pesos. Hueco compartido entre el gobierno (por impuestos) y
los productores(ingresos). No sé cuánto sería el hueco fiscal para el gobierno,
pero intuyo que sería colosal y calamitoso..
A qué se debe el hueco fiscal y porqué la reforma
tributaria.
Comencemos con la
frase de Cicerón en 55 AC
"El
presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda
pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe
ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que
Roma no vaya a la bancarrota.
La
gente debe aprender nuevamente a trabajar,en lugar de vivir a costa del
Estado."
Causas de la bancarrota:
1, El asistencialismo sin límites. Hablamos
de familias en acción, casas gratis, indemnizaciones a víctimas. Al respecto de
la reparación económica de las víctimas del conflicto armado, lo que se ve es
un desborde de falsas víctimas.
En Colombia un
porcentaje muy alto de los homicidios, tal vez del 90% o más, al final se
quedan con la famosa frase “se
desconocen causas y sindicados”. Así, familiares de personas muertas en
atracos callejeros, en peleas en casas de citas, en crímenes pasionales, en saldo
de cuentas de narcos y bandas, todos ellas sin excepción, si están en las
fechas que determinó la ley y el veredicto final de la muerte de su familiar es
que no se conocen móviles ni sindicados, quieren ser reconocidas e indemnizadas
como víctimas de la violencia guerrillera, paramilitar o del estado. Inclusive,
en un país como el nuestro, la mayoría de las víctimas reparadas, no han sido verdaderas
víctimas, sino personas que han tenido a un familiar asesinado, cualquiera
hubiera sido su causa, con tal de que cuando se abandonó la investigación esta
concluyó que “no se encontraron móviles
ni sindicados”
Igual sucede con las
personas desaparecidas. Muchas han sido desaparecidas por delincuencia, o
porque simplemente se desligaron de su familia, o están o han muerto como
habitantes de calle. No obstante, los familiares de todos estos desaparecidos quieren
ser hoy reconocidos como víctimas de estado y hay colectivos de abogados, como
el Alvear y muchos abogados independientes de pueblo, convenciendo a los
familiares de estos desaparecidos para que reclamen indemnización, como
víctimas de estado.
Hoy entiendo porque
los guerrilleros de las FARC y ELN, hacen lo posible por llevarse a sus muertos
en batalla y los desaparecen. Hasta donde pueden, no permiten que el ejército y
la fiscalía los identifiquen, así, sus familiares posteriormente denuncian la
desaparición y luego le achacan estas desapariciones al ejército o a la policía
y los familiares caen en la calidad de víctimas de estado.
2. El gasto público
desbordado. Hablamos de la creación de miles de puestos de trabajo los cuales
no producen absolutamente nada, que van desde superministros, pasando por
vicealcaldes, asesores y asistentes y terminando en obreros 100% improductivos.
Igualmente, la
propaganda estatal, principalmente la que se pagó para la reelección del
presidente Santos, absolutamente innecesaria, contribuyó al gasto público
desbordado. También las asignaciones presupuestales
a congresistas y políticos regionales, que se asimilan a los famosos auxilios
parlamentarios del pasado, los cuales se invierten sin mucha vigilancia, en
proyectos de dudosa rentabilidad económica y social. Esto es lo que
anteriormente se denominaba
“clientelismo” y que ahora la prensa llama “mermelada”. Aquí incluimos
asignaciones y compromisos con alcaldes y gobernadores y la compra de conciencia
de periodistas.
3. Aunque es sólo una
hipótesis plausible, podría ser que la reforma del 2012 no produjo los efectos
que esperaba el gobierno.
4. Aunque coyuntural,
el encarecimiento del dólar, que aumenta exponencialmente la deuda pública.
El argumento del
gobierno, que es un sofisma, es que si se aumentan los impuestos, aunque se
encarezca la producción por estos (patrimonio, riqueza o ahorro y por el de
renta), esto se compensaría con inversión pública en infraestructura y otras
economías externas, que en el futuro rebajarían costos de producción, lo cual
haría nuestras empresas más efectivas y competitivas.
El sofisma tiene
algunos visos de veracidad, el problema es que las economías externas que
necesita el país son vías, ferrocarriles y puertos, al igual que investigación
científica, las cuales no se construyen y consolidan de un día para otro y
mientras tanto, los empresarios estarán en espera y alertas y no habrá
inversión, además habrá ocultamiento POR:. de ingresos, ocultamiento de patrimonio,
informalidad en el ahorro y por consiguiente desempleo y menos demanda, lo reduce
el consumo y en este círculo vicioso, habrá una disminución del empleo, la
producción y del PIB.
Al final, en el
periodo del segundo mandato del presidente Santos, lo que habrá será hueco
fiscal colosal y creciente, desempleo también creciente, disminución de la
producción y en general del PIB. Con esta reforma, EL REMEDIO SERÁ PEOR QUE LA ENFERMEDAD.
El gobierno debería
capotear el hueco fiscal actual y pensar en el 2015, presentar una reforma más
estructural y menos alcabalera, que en vez de desmotivar la producción y la
inversión, la estimule.
Una reforma
estructural no necesariamente se hace poniendo más impuestos, sino rebajando
los gastos. En el pasado, la ley 617 intentó evitar el crecimiento inusitado e innecesario de los entes públicos, pero ha sido burlada
con los famosos contratos de prestación de servicios y la tercerización. Una
reforma estructural crearía una nómina oficial mínima, pero eficiente y sobre
todo, racionalizaría el gasto público.
Atentamente,
Juan Fernando Sanin E
Juanfernando.sanin@gmail.com
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