PORTAFOLIO.CO, AGOSTO 05 DE 2019
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PORTAFOLIO
El Gobierno calcula que debe pagar cerca de 4 puntos del PIB en el 2020 por pensiones, es decir, unos $40 billones.
En el plan de apretón del
cinturón se prevé identificar regímenes antiguos, que lograron mesadas
elevadas.
El programa para ajustar el gasto que
tiene en mente el Gobierno Nacional planea tocar algunas pensiones que hoy
existen en Colombia.
El detalle está en uno de los textos
entregados al Congreso con la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN)
del 2020 y en el mismo Plan Nacional de Desarrollo (PND).
En el primer documento, el Ejecutivo
explica que se hizo un diagnóstico del sector público, en el que se encontró
que “existe espacio para el ajuste del gasto público en aras de lograr mayor
efectividad. Esto requiere de una transformación profunda
de la administración pública, que permita superar las barreras institucionales
que hoy existen y que impiden mejorar la productividad del sector y elevar el
ahorro público”.
Para esto, agrega, el PND estableció
nueve prioridades que estarían dirigidas a lograr este fin, siendo una de estas
la de revisar “aquellos pagos de pensiones que fueron otorgadas con reglas
diferentes al equilibrio entre lo aportado y lo reconocido por las entidades”.
Según una persona que conoce el tema,
“esto se refiere particularmente al régimen de prima media (Colpensiones) y
tiene que ver con regímenes viejos, a los que se les aplican unas reglas
distintas, con las cuales podrían lograr que sus mesadas fueras más altas”.
De hecho, las bases del PND también lo
relatan, cuando dicen que “es indispensable que el sistema general de pensiones
unifique sus reglas para el reconocimiento de pensiones y el otorgamiento de
beneficios; y que estas estén ligadas a las cotizaciones efectuadas, con el fin
de cumplir los objetivos de equidad y justicia social promovidos por este
plan”.
Otros pilares
Sin embargo, este es apenas uno de los
nueve puntos con los que el Gobierno aspira llevar a cabo el ‘apretón del
cinturón’ de aquí al 2022. Otro de estos implica una “racionalización,
priorización y responsabilidad del gasto para los hogares y el sector
productivo, financiado con el PGN”.
Para lo anterior, impulsará un proyecto de
ley que regule cómo se asignan dichos recursos, entre los cuales se incluirían
apoyos del Estado en cualquiera de sus modalidades, es decir, podría ir hasta
la revisión de subsidios entregados, tanto a las familias como a algunas
empresas.
“El proyecto de ley buscará fortalecer
la asignación del gasto para los hogares y del sector productivo, enfocándolo
en las personas o sectores que verdaderamente lo necesitan y por el tiempo que
lo requieran, mediante la fijación de criterios objetivos y con la superación
de las fallas del mercado en la definición del acceso y la temporalidad”, reza
el PND.
Y agrega que “la propuesta del Gobierno
también contemplará una clasificación específica, con el fin de obtener una
contabilización visible de su costo tanto en el presupuesto general como en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo”.
Todo lo anterior se hará con base en los
barridos que lleve a cabo Planeación Nacional con el Sisbén IV, que actualmente
sigue recolectando información, de tal modo que entre en vigencia hacia el
segundo trimestre del 2020.
Entre tanto, el Ejecutivo seguirá
trabajando en los otros ejes para ajustar el gasto público, entre los que se
encuentran el fortalecimiento de la estrategia de defensa jurídica del Estado,
la adopción de una política de reducción en los gastos de funcionamiento, la
eliminación de duplicidades y la optimización de la productividad de los
trabajadores oficiales.
A grandes rasgos, con estas medidas, el
Gobierno de Iván Duque proyecta lograr un apretón acumulado de 1% del PIB
(cerca de $10 billones). No obstante, gran parte de los analistas del mercado
no lo ven así. De acuerdo con el presidente de Anif, Sergio Clavijo, cada vez
más pierde “credibilidad la idea del Marco Fiscal del 2019 de lograr supuestos
recortes presupuestales hasta de 1% del PIB en el acumulado 2019-2022, como el
mecanismo para ganar sostenibilidad fiscal y contención en el incremento de la
deuda pública. Como lo hemos explicado en otras ocasiones, el presupuesto tiene
inflexibilidad a la baja hasta en 90% de su valor”.
De hecho, asegura que en marzo del próximo
año se tendría que presentar una nueva reforma tributaria, en la que se
proponga –nuevamente– la expansión al 19% de algunas tarifas del impuesto a las
ventas (IVA) que aún permanecen en cero o 5%, “pero sin entrar a gravar el 30%
exento de la canasta familiar”.
Del otro lado de la balanza –de los
mayores ingresos–, el experto de la Universidad Javeriana va más allá y dice
que el presupuesto no especifica cuánto se espera recibir por venta de empresas
del Estado: “Si el Congreso aprueba este proyecto de ley como lo ha presentado
el Gobierno, automáticamente estará aprobando la venta de empresas como ISA y
Ecopetrol sin saber en cuánto las está valorando el Ministerio, y sin que se dé
la debida discusión pública”.
Esta y otras apreciaciones relacionadas
con el PGN 2020 serán resueltas, en gran parte, hoy en el Congreso, cuando se
dé un debate de control político, al que están citados el ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla, y la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso,
para dar detalles en materia de venta de activos y recursos faltantes para el
Presupuesto.
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