La corrupción no se deroga. El ejercicio del poder con base en clanes, el narcotráfico y la desigualdad son el verdadero problema.
La lucha anticorrupción es
urgente y prioritaria. Sin embargo, seríamos ilusos si creemos que con
modificar la Constitución o la ley resolvemos el problema. Recordemos la
creación del Consejo Superior de la Judicatura: la Constituyente del 91 –en
medio del proceso de paz con el M-19 y la feroz guerra contra el narcotráfico–
prometía una justicia de calidad e independiente. Sin embargo, nuestros mejores
compatriotas cometieron el error de siempre: la ejecución quedó en manos de lo
peor del país.
El
crimen tiene clara la amenaza que representa un sistema judicial y de control
independiente. Por eso desarrolló medios para capturar entidades públicas. Tan
solo requieren una flaqueza del Ejecutivo que les permita nombrar a un director
de sistemas, a una jefe de personal o una directora administrativa de su
confianza; se necesitan unos pocos corruptos en cargos claves para hacer daño;
observen la historia reciente de anómalos repartos de expedientes en la
Fiscalía, la Dian, o la justicia.
En
Colombia, la impunidad es evidente: los lujos, las mansiones y el buen vivir de
los corruptos son de público conocimiento. Hablar de lucha contra la corrupción
es inocuo cuando la realidad retrata que el crimen paga. Por eso, cualquier
agenda anticorrupción arranca por poner en cintura la corrupción a nivel
municipal. Si concejales, ediles y alcaldes se hacen elegir por la arbitraria
asignación de subsidios o la priorización en el acceso a los sistemas
asistenciales, a la salud o a la educación, el sistema continuará igual. Y ni
hablar de las millonarias componendas sobre los registros de propiedad de la
tierra, su tributación o la manipulación de las normas que determina el uso del
suelo. Esa es fuente de riqueza y poder: con el narcotráfico, uno de los pocos
medios de movilidad social.
Los
pobladores de Cúcuta, Circasia, Necoclí, Chía o Cota han visto cómo sus
servidores públicos se vuelven ricos y poderosos, a través del apadrinanamiento
de algún cacique. La meritocracia es solo un disfraz. La selección de personal
a nivel local se hace con base en lealtades, favores y parentescos. La calidad
de su gestión y su vocación de servicio público son irrelevantes en su carrera
profesional.
¿Qué sabemos sobre el comportamiento humano para poder cambiar esto? Que
nuestra naturaleza social nos hace necesario pertenecer a algún grupo; así,
restringimos nuestra forma de actuar para obtener la aprobación de los otros.
Entonces, ¿por qué existe tal aceptación de la riqueza y el poder
indistintamente de su origen tenebroso?, ¿por qué no se sanciona socialmente el
enriquecerse a costa de otros o a costa de lo público? Algo necesariamente está
mal para que la vida y genio de Gabriel García Márquez no califique aún para
llenar las horas de ocio de nuestros compatriotas: los genios del mal y los
excesos son el entretenimiento.
Por
todo esto, que nos digan que la muerte política o contractual puede cambiar la
corrupción en Colombia es irreal. En sociedades anglosajonas, esto sería un
duro y contundente castigo. Pero en una sociedad con clanes familiares organizados
territorialmente su impacto es mínimo. Los poderosos caciques corruptos tienen
la hija, el hermano, la esposa, la sobrina o el cuñado para ponerlos a ejercer
un cargo y así perpetuarse en el poder. No hay sanción social, no se pierde
poder ni riqueza por una condena judicial o una sanción. En sistemas con una
institucionalidad débil, las lealtades familiares prevalecen sobre el bien
común y los ciudadanos saben que dependen del amparo de estos poderosos para no
ser atropellados o para tener una oportunidad real de progresar. Por esto,
limitar las reelecciones o disminuir la remuneración de los congresistas no
pondrán fin a la corrupción. Si la actual dinámica nepotista prevalece, un
menor salario del funcionario resulta irrelevante. Para los corruptos eso se
remplaza con mordidas o contratos desviados al círculo de amigos o familiares.
No se pierda: Facturas y robo de
identidad
Los
chilenos, y ahora el presidente Macri en Argentina, han tenido el valor de
liderar la lucha contra el nepotismo. Ellos han diseñado normas que introducen
inhabilidades que prohíben ejercer cargo público, o cargo de elección popular o
inclusive suceder en cargo de elección a cualquier familiar o relacionado de
personajes que hayan sido elegidos. Es una medida drástica que castiga a justos
por pecadores, pero esencial para romper los clanes que han hecho de lo público
un feudo familiar.
La
corrupción se nutre de la impunidad, de la falta de transparencia, de la falta
de conciencia sobre lo público y de la organización social con base en clanes.
Mas no es ella la causa de nuestros males, sino síntoma de de la abismal
desigualdad en la distribución de la riqueza, del triunfo del narcotráfico y de
la incapacidad nuestra de crear un verdadero sistema judicial independiente.
Sin coaliciones nacionales para resolver estos tres asuntos, la corrupción
continuará incólume, como la gata y sus gaticos.
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
que dolor de patria nos da al ver que hay muchos conciudadanos que quieren continuar eligiendo a las mismas castas ineptas y corruptas de siempre
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