El problema de abortar el esperpento de la reforma judicial quedó parcialmente resuelto, pero no reparado el inmenso daño que el gobierno de la Unidad Nacional se causó a sí mismo, a la justicia y a los ciudadanos
Ahora quedó patentada la perversa fórmula que legitima al presidente a oponerse a cuanto acto legislativo que no le guste. Para ello tergiversaron groseramente una sentencia de la Corte Constitucional, a la que pusieron a sostener lo que no dice, y, adicionalmente, desconocieron siete fallos más que claramente enseñan que las reformas constitucionales no son objeto de sanción ni objeción presidencial.
El Estado de derecho quedó hecho jirones, por cuenta de unos constitucionalistas desempleados que salieron a aplaudir el disparate del Gobierno, algunos de ellos haciendo méritos para que los premiaran con la vacante del Ministerio de Justicia. La historia registrará la maroma que se inventaron, consistente en que como la sentencia de la Corte Constitucional no decía exactamente lo que el Gobierno necesitaba, aquerenciaron al exmagistrado ponente de la misma —un reconocido gobiernista de todos los tiempos—, para que avalara la interpretación del régimen. Y al dicho interesado de exmagistrados en trance de recibir contratos y prebendas oficiales, pretenden atribuirle los drásticos efectos de cosa juzgada.
La actitud del astuto Eduardo Montealegre —que cada día parece más secretario jurídico de la Presidencia que fiscal—, fue si no equívoca, al menos ingenua. Se sentó a manteles con todo el directorio conservador a garantizarles que estaban a salvo de una denuncia penal por prevaricato, si votaban el hundimiento de la reforma, que unos días antes calificaba como “un avance del Estado de Derecho”. Pésimo precedente, porque ahora todas las colectividades políticas se sentirán asistidas del derecho de exigirle al jefe del ente investigador que los asesore al tomar una decisión de bancada.
Que Santos caiga en las encuestas y que en el Campus Party lo hayan abucheado muchos estudiantes, por primera vez en su gobierno, no es raro, lo tiene merecido, por su tozuda postura de sacar la inmoral reforma a la justicia. No se ve fácil la recuperación de su imagen, porque esta crisis hizo evidente que el gabinete ministerial, sus asesores y segundones, seguramente son los compañeros ideales para organizar un entretenido almuerzo campestre en Anapoima o en Casa de Huéspedes y hasta una tarde de póker, pero no para manejar el potro del Gobierno.
Ante este peligroso bajonazo que sufre Santos, sus ministros —en su mayoría uribistas— han debido renunciar al menos protocolariamente, para que pudiera barajar de nuevo y abrir espacios políticos y regionales, hoy cerrados gracias a la rosca elitista que le respira en la nuca al mandatario. Pero que va, nadie se da por aludido. Este gabinete gris e insolidario se da el lujo de contar con un ministro de la política que el día en el que por fin le íbamos a oír su primer discurso, terminó silenciado por los chiflidos de los congresistas.
Y del Congreso ni hablar, ha quedado en su ley. Como dice un colega, muchos parlamentarios pasaron del anonimato al desprestigio. Para colmo de males, en un mes los presidentes de Senado y Cámara serán el festivo Roy Barreras y el perseguidor Augusto Posada. Ya no habrá reforma a la justicia con este parlamento, pero en cambio la politiquería seguirá carcomiendo algunos espacios de las altas cortes y la congestión judicial continuará flagelando a los ciudadanos del común.
Y los uribistas, añorando una constituyente que le permita al déspota regresar al poder, para que las cosas vuelvan al estado putrefacto en el que las dejó.No hay duda, se lucieron todos.
Adenda. Si mis paisanos vallecaucanos quisieran sacudirse la corrupción de la clase política ahora amangualada con los “momios” caleños, deberían votar en blanco en la elección para gobernador. Sería mejor repetir la elección con otros candidatos.
MUY INTERESANTE, EXCELENTE
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