Por: DANIEL SAMPER PIZANO,
Daniel Samper Pizano
No basta con revocar la reforma judicial; ojalá pudiera revocarse el mandato de los congresistas que aprobaron el adefesio
Me parece bien que se haya convocado a los ciudadanos a estampar el número de firmas necesario para echar atrás la esperpéntica reforma de la justicia, sancocho de impunidades, garito de componendas y asalto armado a los ciudadanos. Todo indica que ya no será necesario, dado que los mismos que metieron la pata decidieron sacarla, aterrados por la indignación popular.
Pero, ya metidos en gastos y en esfuerzos, conviene propiciar desde ahora un cambio mucho más profundo en el Congreso colombiano. El espectáculo de voracidad politiquera que este ofreció -excluidas dos docenas de sus miembros- es manifestación externa de un síntoma más hondo y más grave: el síndrome de la irresponsabilidad y del descaro que aqueja a nuestra clase política (otra vez: con notables excepciones). No hay país en el mundo que afronte una lista tan extensa de parlamentarios investigados o condenados por violar el Código Penal, ni crímenes tan afrentosos como los que ensucian sus manos, pues incluyen complicidad con pandillas de asesinos y entrega de contratos y bienes del Estado a delincuentes.
Pensemos, pues, en una limpieza a fondo a través de los mecanismos constitucionales y legales. Con la reforma o sin ella, en el Congreso siguen los mismos que parieron el monstruo. Es necesario estudiar la revocatoria del mandato de los congresistas que la aprobaron y exigir que, a través de una enmienda de la Carta, se reduzca significativamente el número de parlamentarios y se estudie y dicte una ley de partidos que acabe con las bacong -bandas de congresistas- a fin de construir, en cambio, colectividades políticas sólidas, serias, responsables. Sin ellas, la democracia es imposible y, en vez de legisladores, tendremos bobos profesionales, negociadores de prebendas, embaucadores y mercachifles de la política, como quedó demostrado.
La opaca ley de transparencia
Al tiempo que la anterior, recibió luz verde otra conciliación inquietante, aunque menos nociva. Hablo de la ley de transparencia, aprobada por el Congreso tras ayuntar proyectos de Cámara y Senado. Como señalé en otras columnas, esta ley contiene capítulos positivos y benéficos, que organizan los archivos públicos y las normas de acceso a ellos; no obstante, introduce cargas explosivas, que podrían destrozar el sistema hoy vigente, imperfecto y mejorable, pero de relativa eficacia.
La nueva ley crea una categoría de "sujetos obligados a informar", que abarca a ciertas entidades privadas. Esto pone en peligro, por ejemplo, a las ONG que vigilan los derechos humanos y a las personas vinculadas a ellas. A los periodistas nos salvó un parágrafo introducido a última hora. Además, se instala la idea del "daño a los intereses públicos" como causal para negar datos. Los funcionarios incompetentes o corruptos sabrán tapar con tan patriótica disculpa sus errores o faltas.
Como si fuera poco, se consagra que son secretos "los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos". Los ciudadanos pagamos a los servidores públicos para que piensen, deliberen, resuelvan y actúen, y tenemos derecho a saber cómo se comportan en cada etapa. Los motivos a favor o en contra de una decisión son tan importantes como el acto final. Ampararlos con una injustificable reserva inventa un arma para ocultar actividades no recomendables y niega la esencia del derecho del ciudadano a vigilar a quienes sostiene con sus impuestos.
Otros artículos alargan hasta un plazo de 30 años la reserva de documentos (era de 15) y conmueven de puro ingenuos, como el que obliga a quien cumpla la ley a hacerlo con "una motivación honesta y leal". ¿Habrá que instalar confesionarios en las oficinas?
Confiemos en que la Corte pondrá en su sitio este estatuto absurdo, que viola la Constitución y que, so pretexto de defender el derecho ciudadano a fiscalizar el poder público, se enreda en su ceguera hasta entorpecerlo más.
dicho sea de paso lo que se aprobo no es el reglamento de transparencia, sino el de tranparencia, ya que lo que busca es que nuestros "Padres de La Patria" hagan lo que se les de la gana como hasta ahora lo han venido haciendo.
ResponderEliminarestoy de acuerdo con la propuesta de revocar el periodo para el cual fueron elegidos estos señores y que se termine con el bicameralismo en nuestro país.
suena mal pero es la realidad en nuestro país no impera la democracia, sino, la burrocracia o mejor dicho la hambrunocracia, ya que son estas dos las que hacen que los directorios politiqueros permanezcan abarrotados de colombianos necesitados.