Mientras se destapan escándalos por la manipulación de las normas legales para obtener ventajosas mesadas, el sistema aún no cubre a la mayoría de la fuerza laboral.
Hace 19 años, cuando fue aprobada la Ley 100 –que cambió la seguridad social en el país, incluido el régimen pensional–, muy pocos colombianos cotizaban para tener una mesada en la edad de retiro y una multiplicidad de cajas, con sus propias reglas, generaban grandes desigualdades entre los que tenían la fortuna de estar protegidos.
Además, el Seguro Social, eje del sistema de prima media (que consiste en que los aportes de los trabajadores se usan de inmediato para pagar las mesadas de los ya jubilados), era inviable. Según algunos cálculos, sus reservas equivalían en ese momento a una décima parte de sus obligaciones pensionales.
La solución escogida fue añadir al régimen de prima media un sistema de ahorro individual a través de los fondos privados de pensiones.
Con esto, más un reajuste de los aportes y aumentos en prima media a las semanas de cotización y de la edad mínima de jubilación, se pensó no solo que la carga para el Estado se haría más manejable, sino que se dispararía la cobertura.
También se esperaba más orden y equidad.
Sin embargo, hoy la cobertura sigue siendo menos del 30 por ciento. Y alrededor del 97 por ciento de los subsidios del Estado, como lo señala uno de los artículos de este especial, se van a los mejor jubilados, que son empleados del Estado, entre los que se cuentan expresidentes, exmagistrados y excongresistas.
Cuatro historias que hacen parte de este trabajo muestran cómo, por los beneficios legales exagerados y triquiñuelas ilegales o por lo menos antiéticas, jueces y políticos logran pensiones millonarias y abogados inescrupulosos desangran al Estado.
Como lo destaca otro artículo, quienes ganan de uno a dos salarios mínimos están más expuestos a no alcanzar una pensión equivalente al salario mínimo por las condiciones del mercado laboral. Mientras tanto, casi la mitad de la masa de ocupados se mueven en la informalidad que ni les da una remuneración justa ni les permite cotizar.
Tanto para los informales y los que no alcanzarán la pensión mínima, el Gobierno está armando un sistema de protección para la vejez, que premiará el ahorro que puedan hacer con un subsidio pagado por el fondo de solidaridad que alimentan los cotizantes de niveles medio y alto.
Ellos recibirán mesadas por debajo del mínimo que no pueden llamarse pensión precisamente, porque la ley no permite que alguien pueda cotizar por un salario menor al mínimo ni recibir una pensión por debajo de ese nivel.
Precisamente, la reportería para este especial dejó ver que el debate de la reforma pensional, que presentará el Gobierno Nacional en el segundo semestre de este año, puede tener como tema central la discusión de si debe mantenerse esa barrera del mínimo o debe eliminarse para que los subsidios pensionales lleguen a los más pobres.
Actualmente, muchos de ellos se creen condenados a trabajar toda la vida o a pasar sus últimos días arrimados a la solidaridad de los hijos, creándoles a estos una carga adicional que puede reducir sus propias posibilidades de ahorrar y tener un ingreso seguro para su propio retiro.
María Cecilia Barinas, una pensionada del mínimo que nos contó su historia, lo planteó de otra manera, al decir que no le preocupaba tanto tener una mesada insuficiente como que 4 de sus 5 hijos no estuvieran cotizando.
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