“Colombia no necesita más leyes sino mejores ciudadanos” (Álvaro Gómez Hurtado)

La Crónica, Autor: Uriel Salazar Ceballos 

 

Según dato suministrado por Jaime Ardila Barrera, Auditor General de la República, de los 32 departamentos y los más de mil municipios con que cuenta el país, se evaporaron 9.1 billones de pesos en el año 2011 por concepto de corrupción.

Frente a esta cifra tan alarmante, se justifica reflexionar acerca de los intensos y frecuentes golpes de pecho que se infligen algunas personas, de la periódica reingeniería que se aplica a las entidades públicas, de la cantidad de horas que se dedican a la motivación y cambio de actitud, de los ingentes esfuerzos que aportan las entidades de control y vigilancia, de los esporádicos castigos que se aplican a quienes resultan culpables de corrupción, para concluir que es más lo que falta por investigar y censurar, que lo que se ha ejecutado hasta ahora en este sentido.

Esa tendencia irresistible a apropiarse de lo ajeno, este mal endémico que utilizando un término doméstico se denominaría cleptomanía, cuando se lleva al campo jurídico no puede disfrazarse con este eufemismo, ya que su verdadero nombre es robo al Estado, o peculado por apropiación.

Si otras formas delictivas protagonizadas por algunos colombianos han hecho pensar en la equivocada utilización de su talento, la corrupción obliga a colegir que pocas veces pueden registrarse formas tan sofisticadas para saquear el erario, como las logradas por algunas personas cuando tienen oportunidad de manejar, o inducir al manejo inescrupuloso de los recursos públicos.

Cuando a través de los medios de comunicación se conocen noticias tan escabrosas como el asesinato de ancianos, hombres, mujeres, jóvenes y niños indefensos por parte de algún grupo armado al margen de la ley y, en otros casos por representantes de la fuerza pública, de inmediato surge la reacción social con la que se incrimina a los presuntos culpables y, en el peor de los casos, se apela a aplicar la ley con la propia mano, pero frente a la hipertrofia administrativa de la corrupción, la reacción no supera el chisme, rumor o simple comentario moralista, lejos de cualquier denuncia.

Eso es apoderarse de la contratación, legalizar el robo, sobornar, exigir comisiones, participar en serruchos, pedir propinas, manosear escandalosamente los recursos para la salud, administrar de manera vergonzosa lo presupuestado para obras públicas, prohijar sobrecostos, gestar elefantes blancos para diseminarlos por todo el territorio nacional, desproporcionar el gasto público y sobregirarse en costos por concepto de intermediación, hacen que la corrupción se enseñoree en un país que, a pesar de estar consagrado, parece que eso no le sirviera para nada…o será que sin esa ayuda la situación sería peor ?

Si es cierto que en Colombia se cumple literalmente el aforismo, “hecha la ley, hecha la trampa”, entonces cualquier cantidad de leyes o Estatutos Anticorrupción resultarán inocuos frente a la desaforada capacidad de transgredir o violar lo establecido.
Sólo la transformación de la conciencia de los ciudadanos a través de la educación familiar y social hará posible un mundo en el que impere la justicia y la ley.